Revista Salud y Bienestar
El Club de Opinión Farmacéutico Malagueño ante la medida adoptada por la Junta de Andalucía de imponer un procedimiento de licitación o subasta de medicamentos y productos sanitarios quiere denunciar ante la opinión pública lo siguiente :
-1). Este sistema, obliga a todos los pacientes andaluces a obtener, no sólo el medicamento o producto sanitario más barato, sino exclusivamente el concreto que haya decidido la Junta de Andalucía mediante una subasta.
-2). Que tanto la fijación del precio de los medicamentos, como su procedimiento de financiación pública, son competencias exclusivas del Estado. Por tanto, la Junta de Andalucía no tiene capacidad normativa para implantar un sistema de licitación que discriminaría a los ciudadanos andaluces que no podrían acceder, como el resto de los españoles, a la financiación de otras marcas legalmente autorizadas y registradas por el Ministerio de Sanidad y con el mismo precio.
-3). Que la introducción de este sistema de licitación supondría la ruptura de la unidad del mercado farmacéutico español y acabaría con el derecho de los ciudadanos andaluces a acceder a los medicamentos en condiciones de igualdad con los del resto de España.
-4). Reiteramos nuestra intención de impedir la instauración de este sistema de licitación por ser contrario a la necesaria cohesión del sistema sanitario público estatal y discriminatorio para los ciudadanos andaluces y para el ejercicio de la Profesión médica y farmacéutica. 5. En definitiva: confiamos que el nuevo Gobierno del PP impida esta medida discriminatoria y luche por la igualdad en las prestaciones sanitarias de todos los españoles, incluidos como es natural los andaluces.
-1). Este sistema, obliga a todos los pacientes andaluces a obtener, no sólo el medicamento o producto sanitario más barato, sino exclusivamente el concreto que haya decidido la Junta de Andalucía mediante una subasta.
-2). Que tanto la fijación del precio de los medicamentos, como su procedimiento de financiación pública, son competencias exclusivas del Estado. Por tanto, la Junta de Andalucía no tiene capacidad normativa para implantar un sistema de licitación que discriminaría a los ciudadanos andaluces que no podrían acceder, como el resto de los españoles, a la financiación de otras marcas legalmente autorizadas y registradas por el Ministerio de Sanidad y con el mismo precio.
-3). Que la introducción de este sistema de licitación supondría la ruptura de la unidad del mercado farmacéutico español y acabaría con el derecho de los ciudadanos andaluces a acceder a los medicamentos en condiciones de igualdad con los del resto de España.
-4). Reiteramos nuestra intención de impedir la instauración de este sistema de licitación por ser contrario a la necesaria cohesión del sistema sanitario público estatal y discriminatorio para los ciudadanos andaluces y para el ejercicio de la Profesión médica y farmacéutica. 5. En definitiva: confiamos que el nuevo Gobierno del PP impida esta medida discriminatoria y luche por la igualdad en las prestaciones sanitarias de todos los españoles, incluidos como es natural los andaluces.
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