Con la ley en la mano

En un reciente artículo publicado en El Diario de Burgos, se informa que desde la entrada entrada en vigor de la nueva ley sobre el aborto, el pasado mes de julio, se han tramitado 162 interrupciones de embarazo, ocho veces más que en todo 2009. En sólo seis meses, se han llevado a cabo tantos abortos (un total de 162) como en los últimos cinco años.
Según los datos facilitados por la Gerencia de Salud de Burgos, la relación del aumento registrado con el cambio en la legislación es evidente. Del total de los 162 abortos, 150 -o lo que es lo mismo, más del 90%- se amparan en el artículo 14 de la citada Ley 2/2010 que permite interrumpir el embarazo sin alegar causa alguna hasta la semana catorce. Los doce casos restantes respondían a causas médicas -riesgo para la embarazada o anomalías fetales- y en virtud de lo establecido en la norma no superaban las 22 semanas de gestación.
La mayoría de los profesionales de los hospitales públicos de la provincia no practican abortos por motivos de objeción de conciencia. Es por ello que Sacyl deriva los casos a clínicas privadas con las que mantiene acuerdos para prestar este servicio. De las pacientes asistidas desde julio, 161 fueron derivadas a Ginemédica y una a la Clínica Recoletas, también de Valladolid. Estos datos son bastante elocuentes de los grandes beneficiados con la nueva ley: las clínicas privadas.
Todos estamos de acuerdo en que el aborto es un mal. Un principio básico es el de que cuantos menos abortos, mejor. Este principio creo que puede ser suscrito por cualquier persona con sentido común. El crecimiento del número de abortos es siempre un fracaso educativo, sanitario, social y político, un síntoma de subdesarrollo y de falta de información y apoyo a las mujeres.