Es indudable la significativa relevancia que comienza a ostentar la consulta por la independencia de Cataluña en la agenda política española. Se hace necesario abordar con el mayor espíritu democrático este sensible, incierto y a su vez dificultoso asunto para garantizar, como hasta ahora, la convivencia pacífica y respetuosa entre conciudadanos.
El 9 de noviembre de 2014 es la fecha señalada por el Presidente de la Generalitat, Artur Mas, y sus socios de consulta, para que el pueblo catalán decida mediante referéndum cuál es su destino. Bajo el amparo de dos preguntas, el Gobierno catalán y los independentistas catalanes pretenden demostrar al pueblo español que el sentir general de los catalanes y catalanas no es otro que convivir al margen de ellos, es decir, con autodeterminación y soberanía propia.
Una sentencia de 22 de julio de 2010 del Tribunal Internacional de
Sin embargo, la declaración de soberanía que aprobó mayoritariamente el Parlament de Cataluña en 2013, parece no ajustarse a derecho español, tanto es así, que el Gobierno de España la recurrió al Tribunal Constitucional. Tampoco parece a priori constitucional –ni legal- los pasos que el “team” por la consulta prevé realizar. Y remarco a priori, porque la portavoz del CGPJ ha negado que exista delito en la convocatoria del referéndum, muy a pesar del Gobierno. La disputa entre Gobiernos está servida. El Gobierno Catalán, con el apoyo de los partidos CiU, ERC, CUP e ICV no tiene intenciones de frenar en su camino a favor de la consulta. Por su contra, el Gobierno de España intenta impedir, con la Constitución y la Ley en la mano, la realización de la misma.
En el plano internacional también existe controversia. El Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, avala este proceso secesionista porque dice creer en el derecho de autodeterminación de las naciones. Por su contra, Van Rompay, Presidente del Consejo Europeo, ya ha avisado de las consecuencias para el territorio catalán de una hipotética disgregación territorial.
Cataluña está inmersa en una travesía política, con importante respaldo social, que no parece tener otro desenlace que el continuar hacia adelante. El debate independentista ha nublado y eclipsado toda la actividad política y social en Cataluña, convirtiéndose en una realidad patente: el pueblo catalán quiere mayoritariamente, decidir en urnas cuál es su futuro inmediato.
Como se habla poco de la situación económica y social en Cataluña se hace ineludible recordar que 900.000 parados catalanes probablemente lo que prefieren elegir es un trabajo, como una mejor alimentación los 50.000 niños/as desnutridos/as que dicen las cifras. El Gobierno de Artur Mas, concurrió a las pasadas elecciones autonómicas ocultando bajo la bandera independentista sus 1.300 millones de euros recortados en sanidad y educación, su deuda con el Estado español de 50.000M€, su deuda a las farmacias de 416M€. Tampoco va a contarnos los 1.000M€ que llevan ya gastados en la causa independentista.
A pesar de ello, el problema para los idólatras de la Catalunya independiente es el propio Estado Español, porque consideran que éste les maltrata, expolia y bloquea. Confían abiertamente que con su autogobierno y desarrollo como Estado propio volverán a crecer. Lástima se les olvide denunciar también los 32 millones de euros de gastos de mantener embajadas catalanas por el mundo, o los 570.000€ en dietas de la Generalitat o el considerable sueldo del ‘líder’ de esta causa, el señor Mas.
El pueblo catalán está dividido entre quienes creen necesario una Cataluña independiente y quienes desean seguir conviviendo juntos. El último sondeo publicado en Cataluña por un medio privado, recogía un 44’1% de apoyo a la causa, frente a un 36’2 de rechazo, y una indefinición para un 20% de la población.
Ante tal coyuntura y compleja situación, se hace imprescindible atender las principales consecuencias para el territorio catalán que supondría un futuro camino al margen de España, como Estado.
Económicamente, quedarían automáticamente fuera de la Comunidad Europea y por ende del euro, obligándose a someterse a una tarifa exterior común, los aranceles. Necesitarían pues, crear una moneda propia que teóricamente debería ser de un tipo de interés más alto que el euro, lo que acabaría repercutiendo previsiblemente en una subida de impuestos. Por no hablar del problema que podría producirse si se devalúa esa moneda. Además quedarían fuera de las transferencias de fondos europeos y deberían crear un Banco central encargado de emitir billetes de curso legal, gestionar las reservas de divisas..etc. Se calcula que podría caer su PIB entre un 23% y un 50%, y se incrementaría su deuda exterior hasta 25.700mill€. También surge la duda del futuro de la Seguridad Social catalana.
El tejido empresarial se debilitaría. Surge la incertidumbre del futuro de las multinacionales allí instauradas, las grandes empresas que cubren desde allí todo el territorio español, o aquellas que trabajan diariamente con el resto de la península con sede en ciudad catalana.
El aumento del gasto público sería significativo. Equipar de ejército, armamento, aviones, así como de materiales, infraestructuras y gestión de administraciones propias. Esto debería ir acompañado de un aumento de ingresos del mismo calibre que aparentemente no parece pudiera producirse salvo con una subida de impuestos de alto nivel.
Cataluña y el Estado español se enfrentarían a un profundo proceso reformista que se demoraría muchos años. Cambiar la Constitución, las leyes, la organización administrativa, territorial y política futura. Desarrollar marcos legales nuevos, y empezar a funcionar ambos Estados como quien despierta cada mañana.
La solución es federal. Como se ha descrito anteriormente, Cataluña atraviesa una realidad incuestionable. Hay deseo interno por cambiar su rumbo. El diálogo solo lleva al entendimiento y el entendimiento ante tales antagónicas posturas no puede ser otro que aportar una solución federal. Un escenario que contemple una Cataluña más poderosa y con mayor autonomía dentro del Estado español. Que le reconozca más competencias y mejore su financiación, principal baza independentista, y que satisfaga los deseos de tod@s; quienes se sienten tan españoles como catalanes y de quienes se consideran únicamente catalanes.
El pueblo catalán ha de votar. La consulta se ha de realizar y la ciudadanía de Cataluña debe reflejar su sentir democráticamente. La duda y el temor radican en el qué puede ocurrir próximamente. Si Artur Mas firma el decreto de convocatoria de referéndum puede ser entendido por el Gobierno como un gesto inconstitucional e ilegal, ya que éste acató la Constitución y veló por su cumplimiento en su jura. La misma Constitución que señala en su Artículo 1 que la soberanía nacional reside en el pueblo español –en su conjunto-, y el 2 recuerda que “la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española”. Por otro lado el Gobierno podría suspender la autonomía de Cataluña mediante en artículo 155 CE, por no ponernos en peores supuestos.
Asistimos, en acabando, a un proceso histórico, cuyo final no conocemos, ni tan siquiera prevemos. Sin duda el sentimiento, la pasión, o el ímpetu, están nublando el diálogo y el consenso. La crisis ha sido un caldo de cultivo de separatistas, que a su vez se enfrentan a un Gobierno de España que no pretende dialogar sobre este asunto.
Mientras, los problemas de Cataluña siguen ahí. El paro, la desigualdad, la pobreza, la sanidad, la educación o la dependencia son sentidos y vividos diariamente por la ciudadanía catalana. Todo ello, con o sin independencia, es lo que la población desea que le solventen.
En esta persistente lid, el sentimiento se enfrenta a la razón. Las razones y motivaciones se oponen entre sí repletas de paradigmas, ilusiones y equidades. La imagen: unos políticos confrontando territorios. Otra españolada más, muy paradójico que resulte.
Y, sí, una crisis de por medio, de todo.
Twitter: @AlejandrEspi
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