Para quien no haya oído hablar aún de la “Marea Blanca”, así es como ellos, sus protagonistas, se definen: “somos trabajadores de la Sanidad, que ante tantas injusticias sociales a nuestro alrededor, hemos decidido formar un movimiento civil y asambleario para DEFENDER NUESTRA SANIDAD PUBLICA“.
Luchan contra la privatización de nuestra sanidad pública, ¿pero ésto qué quiere decir? Muchos hemos pensado en el concepto de “privatización” como la cesión a una empresa privada de la gestión de todo aquello no sanitario, lo cual es quizá, hasta cierto punto, lógico. Sin embargo, nuestros dirigentes van más allá. Pretenden privatizar a profesionales sanitarios de manera que pasen a depender de una empresa privada más centrada en el beneficio económico que en los pacientes, en lugar de la administración pública.
Las cuestiones que a los profesionales más les preocupan son: ¿velará acaso la empresa privada como lo hace la administración pública por los derechos de los pacientes asegurando la equidad y la igualdad en el acceso a los recursos? ¿Supondrá un conflicto de interés la necesidad de beneficio económico frente a la oferta de pruebas o tratamientos? Y es que, si la privatización sigue su curso, nuestra sanidad eficiente y envidiada por otros países, igualitaria y equitativa, pasará a ser un negocio a rentabilizar y todos sabemos adonde conduce ese camino.
Actualmente, son varias las empresas que revolotean sobre los restos de la sanidad que nos van dejando, como buitres alrededor de su comida. Como muy bien se pregunta Jordi Évole en este programa de Salvados más que recomendable: “…lo que no acabo de entender es que un negocio como la sanidad pública que, por lo que nos dicen muchos políticos, acaba siendo deficitario, sea un negocio apetecible para empresas privadas” y es que la contestación de Elena Sevillano, periodista de El País, no deja lugar a dudas: “ganan dinero unas empresas y otras no, ya ha pasado que la administración haya tenido que rescatarla…es un negocio bastante seguro, ¿qué administración dejaría caer a un hospital?“.
Un poco más adelante en el mismo programa, se habla del hospital de La Ribera, en el municipio de Alzira, hospital que dió nombre al “modelo Alzira” de gestión privada por ser el pionero. Dicho hospital, hubo de ser rescatado tras tres años de pérdidas y, aunque no se habla de rescate en la memoria de gestión, la empresa gestionadora, UTE Ribera Salud, recibe 44 millones de euros en concepto de dinero que faltaba por amortizar de la construcción del hospital. El canon por paciente y año que la empresa privada recibía de la administración pasó de 204 euros al inicio a 639 euros en 2012. El comisionado, persona que debía velar por que la empresa privada cumpliera las condiciones pactadas con la administración pública, que no denunció lo que estaba ocurriendo se convirtió en el director/gerente del hospital de La Ribera.
Estas son las armas y razonamientos con los que la Marea Blanca y el resto de profesionales de la sanidad, día a día, intentan luchar contra un sistema de intereses creados, con los datos, con la lógica y el sentido común… intentando hacerse escuchar.
Cuando parecía que por fin los esfuerzos de tantas movilizaciones y protestas daban su fruto al admitirse el recurso interpuesto por el Partido Socialista de Madrid (PSM) contra los pliegos de la concesión de la licitación, a finales de julio, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidió suspender la medida cautelar aceptada dos semanas antes.
Sin embargo, ya por fin a primeros de este mes de septiembre, se detuvo cautelarmente el proceso, la privatización, que traía de cabeza a todos los profesionales sanitarios del territorio español, siendo Madrid y su “marea” el punto de mira. “Como consecuencia del Procedimiento para la Protección de los Derechos Fundamentales, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 ha decidido suspender la ejecución de los actos administrativos impugnados” así lo informa la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) en su página web.
“En otros países la gestión privada no ha supuesto un ahorro, entre otros motivos, por la interposición de más operadores” – es lo que alegó el juzgado número 4 de lo contencioso administrativo de Madrid, que admitió el recurso de AFEM para suspender cautelarmente la privatización de seis hospitales de la Comunidad de Madrid.
Por su parte, el consejero de Sanidad de la comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha asegurado que dicho juzgado no es “competente” para tomar esta decisión y ha insistido en que recurrirán esta decisión. Sin embargo, todos esperamos que sea definitiva y que la privatización de la sanidad pública pase a la historia como un intento infructuoso.
Desde la AFEM lo han valorado como una “gran noticia, no solo para los profesionales sino para todos los ciudadanos de Madrid”. ”Independientemente de cómo se resuelva la suspensión y el proceso judicial, nosotros seguiremos luchando porque nuestra razón de ser, como médicos, realmente son los pacientes”, puntualizaba Patricia Alonso (portavoz de AFEM), quien ha asegurado que “no hay otra posibilidad” para conseguir su objetivo de parar la externalización.
Desde aquí todo nuestro ánimo y apoyo para el gran colectivo de profesionales sanitarios de la comunidad de Madrid, la AFEM, la Marea Blanca y todos aquellos que continuáis luchando, no dejándoos vencer por el desánimo y la desfachatez de aquellos que nos gobiernan, recordad que ahora mismo sois la referencia de todo el país, ¡estamos con vosotros!
Estamos hartos de ver las decisiones nada lógicas y absolutamente carentes de sentido común que los corruptos e incompetentes de este país no dejan de tomar a diestro y siniestro para intentar lograr ahorros de cuatro perras, los maravillosos recortes, bien conocidos y objeto de mofa por todo el país, sólo que en este caso saldrían peor parados aquellos más débiles: los pacientes. ¿Realmente queremos consentirlo?
¡Únete! ¡Reivindica! ¡Difunde! La sanidad es un derecho de todos y todos seremos víctimas si se privatiza.