Copago

Mire señora, ahora la moda es el copago. Los servicios públicos que oferta el monopolio del Estado, sin ajuste de precios, sin información de costes, etc., se pagan dos veces para compensar la falta de destreza en matemáticas de quien firma el presupuesto. Ya sabe: esas personas que usted vota con pasión lasciva.

No es que todo el mundo pague todo dos veces, el Gobierno no es tan malo. Por un lado, los que no tienen NADA, no pagan porque no pueden. Da igual si el político de turno dice por propaganda que tiene «sensibilidad social». Es un hecho matemático que quien no tiene ABSOLUTAMENTE NADA no puede pagar, así que no paga. Por otro lado, los súper-ricos como la infanta Doña Pilar (tengo cruzada a esta señora, disculpen), no sólo contribuyen con menos de lo que les corresponde, sino que además pueden contratar servicios privados por los que además, desgravan.
Luego está la menguante clase media, que es la que paga todo. Por duplicado. Esa inmensa masa de hormiguitas sin voluntad es la que sostiene lo que llaman Estado de Bienestar en España. España, un país muy especial en el que los políticos, empresarios y sindicalistas pueden llamar Estado de Bienestar a una mera provisión de servicios públicos (nota: en el Primer Mundo, Estado del Bienestar es un conjunto de programas que tienden a igualar las oportunidades ante la vida de los recién nacidos).
Tras la consabida descripción marxista del panorama, conviene hacer un par de apuntes. Por ejemplo, hay servicios cuyo copago está más o menos justificado por introducir un poquito de información en el sistema. Las ambulancias no son taxis y se abusa de su uso (decir esto es pecado, pero es la pura realidad). Un año de universidad puede rondar los 12.000 euros y se pagan matrículas de 1.200. Encadenar apelaciones es una práctica abusiva con el sistema y hacer pagar puede frenar estas prácticas, reduciendo el coste de la justicia y frenando un poquito los retrasos.

Todos estos problemas vienen de la carencia de información. Sin duda es bochornosa la forma de encararlos que tiene nuestro Gobierno. No han comenzado, por ejemplo, por informar a la gente de lo que cuestan las cosas (creo que en algún sitio daban «facturas informativas» en los hospitales). La carencia de información -que tan bien le va al Gobierno- también está relacionada con la falta de leyes de transparencia.
En general, no informar a la gente del estado de las cuentas y del coste de los servicios, hace que estos temas se conviertan en patéticos partidos de fútbol de solteros contra casados. Hay gente que protesta mucho porque cree de verdad que lo que ofrece el Estado es gratis. En serio, existe esa gente. Naturalmente, cuando alguien percibe un servicio como gratuito, su demanda tiende a infinito. Luego hay que controlar la demanda y el Gobierno actúa con brocha gorda.
¿Y por qué actúa con brocha gorda y no con otras medidas? Por la tiranía del control. El Gobierno lo tiene mucho más fácil si en lugar de dejar la microgestión financiera en las decisiones diarias de las personas más próximas al gasto (jueces, cirujanos,...), la deja en manos de burócratas que envían faxes a una covacha de Madrid, donde los lemmings hacen sumas y restas y luego se compran corbatas de color naranja.
Cuando servicios que no tienen nada que ver con la política están en manos de políticos que toman las decisiones a cientos de kilómetros, la brocha gorda es inapelable. ¿Y cuál es la genial idea publicitaria para hacer tragar sopas con hondas de nuestro inefable Gobierno? Decir que en otros sitios también lo hacen.
En efecto, amigos, nuestro Gobierno no va mucho más allá de la excusa de patio de colegio «es que empezó Fulanito». Y la gente traga, claro. Porque lo que hacen en Europa es bueno. Da igual que no nos cuenten el paisaje entero. En Alemania hay copago judicial, en Austria pagas la ambulancia, etc. Pero no te dicen que allí la gente trabaja, que allí los contratos se cumplen, que allí la administración paga a sus proveedores y que allí ser empresario es meritorio y no una lacra social que sólo sobrevive gracias a los contratos públicos de los amiguetes.