Córdoba: ley a medida de monsanto

ARMAN UNA LEY PRO-MONSANTO La nueva Ley es pro-Monsanto y no responde a las verdaderas necesidades ambientales de la provincia. Asambleas y grupos de vecinos autoconvocados de toda la provincia, y la Coordinadora provincial para la soberanía popular de la tierra y el agua, denunciamos que el debate sobre una nueva Ley de Ambiente es una maniobra para favorecer la instalación de Monsanto y continuar con el monocultivo de soja, los desmontes y el desmanejo de las cuencas, sin responder a las verdaderas necesidades ambientales de la provincia. Exigimos que se declare la EMERGENCIA AMBIENTAL, que se respeten los derechos de las poblaciones y que se legisle en favor de la salud. El pueblo de Córdoba ha remarcado esta exigencia con dos grandes marchas en 2013, comunicados, movilizaciones, denuncias, encuentros, análisis técnicos y propuestas concretas. Compartimos a continuación las conclusiones del 4º Encuentro de la Coordinadora Provincial para la Soberanía Popular por el Agua y la Tierra, realizado recientemente en Río Ceballos, donde representantes de distintos territorios coincidieron en que, luego de las grandes movilizaciones populares contra la instalación de Monsanto en Malvinas Argentinas y pidiendo una reacción del estado ante la crítica situación que atraviesa la provincia en materia ambiental, el gobierno de De La Sota presentó a la Legislatura Provincial una nueva Ley Ambiental para ponerle un freno a la movilización y ampliar el campo de maniobras para que la multinacional Monsanto pueda instalarse en Malvinas Argentinas. Rechazamos la Ley Ambiental porque: • En su espíritu más general refuerza la concentración de decisiones sobre la explotación de los recursos en el Ministerio de Ambiente de la Provincia, el mismo que aprobó los permisos de instalación a Monsanto, violando toda legislación vigente y desconociendo el rechazo popular por su carácter contaminante. Pero ese mismo Ministerio debió rechazar el estudio de impacto ambiental, producto de la gran presión popular. La nueva ley deja en manos del ejecutivo provincial la planificación productiva de la provincia, mientras los sectores populares rechazamos el modelo depredador que impone el gobierno De la Sota. • Ordenamiento territorial: la nueva ley impone un ordenamiento territorial a medida de Monsanto y los especuladores inmobiliarios, ya que el Ministerio de Ambiente lo elaborará en base a los criterios de la Ley de bosques (mejor conocida como Ley de desmonte) que avanza en la depredación de los bosques nativos, la expansión de la frontera agraria, y el despilfarro de los recursos hídricos. La “participación ciudadana” quedaría resumida a una vaga consulta (Art. 7) sin especificar métodos, alcances o incidencias. Este ordenamiento territorial provincial liquida los procesos de ordenamiento territoriales participativos que se vienen desarrollando en localidades como San Marcos Sierras o Capilla del Monte. • Participación Ciudadana: la participación popular queda reducida a una serie de criterios que establecerían la base para que el Ministerio de Ambiente determine el método y los casos para la participación ciudadana. Sus resultados no son vinculantes. Se pretende encorsetar a las organizaciones y asambleas populares que desarrollaron un proceso de lucha independiente que puso en jaque la política de depredación de De la Sota, Monsanto y los especuladores inmobiliarios, con un programa anticapitalista y un método de deliberación y acción directa. • Premios e incentivos: el carácter reaccionario de la Ley se revela en que en todo el articulado no existe un solo punto que establezca sanciones, planes de reforestación, saneamiento o reparación ante el incumplimiento de la Ley y las consecuencias de un impacto ambiental negativo de los emprendimientos productivos, por el contrario se plantean premios e incentivos para aquellas empresas que “reduzcan la contaminación” según lo considere el Ministerio de Ambiente. De esta forma se institucionaliza la contaminación y se premia con subsidios a las patronales contaminantes. Rechazamos la ley Ambiental a la medida de Monsanto y los especuladores inmobiliarios. Consideramos necesaria una nueva legislación que prohiba la contaminación y garantice el cuidado del medioambiente según las necesidades de los pueblos de la provincia, proponemos: • Fuera Monsanto de Malvinas Argentinas, Córdoba y América Latina. • Por defensa del suelo: derogación de la Ley Provincial de Bosques 9814/10. Por la una nueva ley que defienda las zonas rojas, las reservas forestales protegidas y el monte nativo frenando los loteos para emprendimientos inmobiliarios y la siembra de soja y maiz. Por un ordenamiento territorial en cada localidad con la participación ciudadana en la discusión y control de su cumplimiento. Que se eliminen las zonas grises incluyéndolas a los ejidos urbanos. Comisiones de Guardia Ambiental elegidos y legitimados por los vecinos. Inventario de Reservas Naturales. Nuevas reservas naturales y corredores biológicos. Peritaje de zonas urbanas a preservarse como zonas de monte nativo. • Inmediata solución a la crisis hídrica: restitución el caudal ambiental a los ríos. No a la contaminación del agua y los acuíferos. Basta de perforaciones ilegales y desvíos de agua clandestinos, de riego de sembradíos y campos de golf a costa del agua para consumo de las poblaciones. Agua de calidad para todos. • Basta de zonas de sacrificio ambiental: por una política de prevención de incendios. No a la contaminación con agrotóxicos y semillas transgénicas. No a la instalación en Bouwer, Juárez Celman y Río Ceballos de las plantas de Cormecor, que no representan una solución al tema basura y elimina el derecho a la decisión popular soberana sobre la disposición de los residuos en los pueblos cuyas municipalidades han suscripto el Acta. COORDINADORA PROVINCIAL PARA LA SOBERANÍA POPULAR POR EL AGUA Y LA TIERRA.