Corrupción en la ría (cómo contaminar y salir indemne)

7 de abril de 2016

Enemigos no somos los que defendemos el medio ambiente

Decía el marxista más inteligente (Groucho, no Karl) que la política era el arte de buscar problemas, encontrarlos en todas partes, y diagnosticarlos de forma incorrecta para aplicar los remedios equivocados. A Mariano Rajoy, empirista de la cita de Marx, se le hizo "persona non grata" en Pontevedra.

La medida causó un impacto mediático sin precedentes. El mismo Antón Masa, presidente de la Asociación Pola Defensa Da Ría reconoce que, gracias al "non grato", han tenido acceso a medios de comunicación que los obviaron durante 30 años. Y es que la noticias cada día son menos noticias, más anécdotas, y una ría contaminada y mal aprovechada durante tres décadas, prorrogada más de medio siglo con turbios motivos y leyes a la carta, merecería algo más que una breve reseña en los informativos.

Antón Masa nos desglosa la historia de cómo los intereses financieros de unos pocos pueden destruir un entorno.

¿Cuánto se llega a contaminar la ría por la fábrica de pasta de papel? ¿De qué modo afecta a la vida marina?

El principal problema de los vertidos de ENCE en este momento, viene dado por la elevada carga en materia orgánica (medida como DBO, DQO y Sólidos en Suspensión) y en bacterias coliformes.

Hay que tener en cuenta que estamos hablando de una zona considerada sensible y dedicada a los cultivos marinos, lo que exige unas condiciones muy estrictas en lo referente a la calidad de las aguas. De hecho, la mala calidad de las aguas de la Ría ha provocado la declaración de zonas C en gran parte de los bancos marisqueros, lo que implica que no se pueda mariscar y comercializar directamente el marisco. Y en esta mala calidad de las aguas hay responsabilidad tanto de los vertidos domésticos como de los vertidos de ENCE, pues todos ellos incumplen la Directiva 91/271/CEE.

Pero no podemos olvidar que las exigencias fijadas en la Autorización Ambiental Integrada (AAI) concedida a ENCE en 2008 por el gobierno bipartito de la Xunta de Galicia y renovada en similares condiciones por el PP tres años después, le permite contaminar muy por encima de las tasas máximas fijadas en la citada directiva comunitaria, ni que las concentraciones de bacterias coliformes encontradas en las aguas de vertido de ENCE son absolutamente escandalosas. Y la materia orgánica, el fósforo, el nitrógeno y las bacterias son serios enemigos de la calidad de las aguas y, por tanto, de los cultivos marinos que verán comprometido su desarrollo.

Solo con el control exhaustivo de los vertidos de aguas domésticas y la eliminación del vertido de ENCE, se podrá alcanzar el necesario saneamiento integral de la Ría y, por tanto, recuperar la calidad de las aguas para cultivos marinos.

Ha pasado mucho tiempo, tanto que la mayoría de los habitantes ni lo recordarán... ¿Qué dicen los mayores del lugar? ¿Cómo era la vida en la ría, antes de la llegada de la papelera?

Sí, la llegada de la fábrica de Celulosa a Lourizán, allá a finales de la década de los cincuenta del siglo pasado, ya sólo la recuerdan las personas mayores del lugar (porque lo han vivido). La mayoría de las personas que hoy luchamos por la desaparición de la fábrica y la recuperación de la Ría, no hemos conocido directamente esta etapa; la conocemos a través de la transmisión oral y de lo poco que se ha escrito sobre este particular.

En cualquier caso, es evidente el impacto que la llegada de la fábrica ha tenido sobre la Ría; no olvidemos que la fábrica de ENCE (en aquel momento pública, del denominado INI) se ha instalado sobre un relleno previamente realizado en la Ría, un relleno de alrededor de 600.000 m ² que sepultó gran parte del mejor de los bancos marisqueros y que, evidentemente, modificó de forma drástica la fisonomía de la zona y la forma de vida de las personas que tenían en la recogida y venta del marisco su medio de vida.

En aquel momento, la pesca artesanal y el marisqueo eran prácticamente las únicas actividades económicas en la zona y, a pesar de la escasa tecnología y técnicas de cultivo, eran actividades económicamente rentables. Aunque no siempre coinciden los datos facilitados por la gente que de aquella vivía de esta actividad, se puede afirmar que antes de la llegada de ENCE a Lourizán, en la Ría de Pontevedra había entre 6.000 y 10.000 personas trabajando en el marisqueo y la pesca de bajura y -de acuerdo con los testimonios de las personas mayores- las capturas, la diversidad de especies, el tamaño de los ejemplares y los beneficios económicos eran muy superiores a los conseguidos en la actualidad. No debe extrañar, por tanto, que las mariscadoras de Placeres y Campelo fueron protagonistas de las primeras luchas, un episodio todavía no reconocido públicamente como se merece y en el que la represión franquista (a punta de bayoneta) consiguió impedir dejando a su paso personas heridas, detenidas y juzgadas en Consejo de Guerra.

No olvidemos que las únicas playas urbanas de Pontevedra han quedado sepultadas bajo la fábrica y que se ha visto impedido el desarrollo socioeconómico y urbanístico de Marín y Pontevedra, que hoy hubieran sido un continuo, lo que habría significado un beneficio evidente para ambas localidades. Evidentemente, la actividad turística se ha visto seriamente afectada.

Contrariamente a lo prometido, el modelo franquista de industrialización -representado aquí por la fábrica de pasta de papel- se ha mostrado absolutamente ineficaz. En efecto, a expensas de la destrucción del medio ambiente -un aspecto que no se consideraba en aquella época- la fábrica del INI iba a suponer la creación de miles de puestos de trabajo directos y, por tanto, la reactivación económica de la comarca, una realidad que se ha demostrado absolutamente falsa.

Sobre el empleo, se habla de que la continuidad de la papelera en la ría supone el mantenimiento de 800 puesto de trabajo en la ciudad, 5.000 en toda Galicia. ¿Son reales estas cantidades? ¿Cuántos empleos se podrían generar con una alternativa de negocio sostenible?

ENCE, cuando de puestos de trabajo se habla, insiste en que la fábrica de Lourizán es el motor económico de la comarca, y pretende equipararse a la planta de CITROEN en Vigo utilizando para ello estas u otras cifras según le convenga. Y hace mucho hincapié en los puestos de trabajo indirectos e inducidos, puestos de trabajo que no siempre es fácil definir y mucho menos cuantificar. ¡Nada que ver con los 7.000 puestos de trabajo directos que hoy (en época de crisis) posee la planta viguesa!

Todo indica que en la actualidad los puestos de trabajo directos en ENCE no alcanzan los 250; en cualquier caso, y dando por buenos los datos facilitados por la empresa, no se puede hablar de un motor económico. Muy al contrario: ENCE es el freno al desarrollo económico y social de la comarca pontevedresa y destruye puestos de trabajo de forma directa, indirecta e inducida; de forma directa porque en los años que lleva en la Ría ha pasado de los 600 puestos de trabajo iniciales en la fábrica a menos de la mitad; de forma indirecta porque ha destruido -y sigue destruyendo- los recursos de la pesca, el marisqueo y el turismo y, por tanto, impide la creación de empleo derivada de la explotación racional de estos sectores económicos. Y, de forma inducida, porque ninguna empresa limpia vendrá a instalarse a una zona que es reconocida por los olores y la contaminación.

Evidentemente, la comarca pontevedresa tiene en la Ría y en la explotación racional de los sectores que hemos citado -y en la recuperación del monte para una explotación diversificada de sus recursos- su verdadera vocación y su principal fuente de ingresos, una fuente de ingresos que está impedida por la presencia del complejo industrial ENCE-ELNOSA en Lourizán. Y aunque no existen demasiados informes técnicos sobre las posibilidades de empleo que generaría la explotación racional de la pesca, el marisqueo, el turismo y el monte, todo indica que tras la desaparición de la empresa ENCE, y en una década, se podrían crear entre 5.000 y 10.000 puestos de trabajo directos. Empleo sostenible, de calidad, y que podría generar nuevas alternativas de negocio futuras.

Repasando todas las supuestas mejoras a las que se ha comprometido Ence, no se encuentra ni un solo compromiso documentado y cerrado. ¿Alguien sabe... algo, algo real? ¿Alguien ha visto el informe favorable a Ence por el cual se les ha facilitado una prórroga?

Lo primero que hay que decir es que el supuesto compromiso de ENCE de invertir 61 millones de euros a cambio de 60 años de prórroga no es nada firme; tal como se recoge en la decisión del Ministerio de Medio Ambiente, si ENCE no acomete esas mejoras, el Ministerio le concedería "tan solo" 50 años de prórroga. Por supuesto, ENCE va a ganar con esta prórroga muchos miles de euros. Y, efectivamente, no hemos visto -no creo que lo haya visto nadie- ningún documento en el que figuren esas supuestas mejoras a las que dicen se ha comprometido, como no hemos podido ver el Informe elaborado por la Xunta de Galicia para justificar el cumplimiento de la legislación ambiental por parte de la pastera.

Las lonjas gallegas cerraron el 2015 facturando 455 millones de euros. ENCE, sumando sus dos últimos años (2014 y 2015), ha obtenido perdidas netas por valor de 91 millones de euros. ¿En qué rentabilidad se basan para ofrecer una prórroga de 60 años? ¿Favorecer la industria siempre significa favorecer el progreso?

ENCE y progreso son dos conceptos incompatibles; la presencia de ENCE en la Ría es un freno al progreso económico de la comarca. Por tanto, no se puede justificar la concesión de la prórroga en base a una hipotética rentabilidad, una rentabilidad que -en todo caso- sería exclusivamente para una empresa privada y no para el conjunto de la población de la comarca; y no debemos olvidar que estamos hablando de una prórroga de una concesión en domino público. Esta prórroga a ENCE supone, en la práctica, la privatización de unos terrenos ganados al mar y que tienen que revertir al conjunto de la población.

La primera concesión de Ence fue otorgada por el dictador Francisco Franco, para la segunda hizo falta una controvertida reforma de Ley de Costas, calificada por Greenpeace como "barra libre". ¿Cómo se puede proteger la naturaleza, cuando se fabrican leyes a medida de los infractores?

Al menos sobre el papel, se trata de una prórroga de la concesión inicial del año 1958 aunque en la práctica pueda parecer una nueva concesión. Y, efectivamente, para poder conceder esta prórroga, hubo que pasar por encima de la Ley de Costas de 1988, que impedía la continuidad de las concesiones más allá del año 2018. Esta nueva Ley supone la privatización del litoral del Estado español y -contrariamente a lo que se dice en su preámbulo- no persigue la protección de la Naturaleza, sino la protección de los intereses privados frente al derecho del conjunto de la población a disfrutar de un bien público inalienable.

Realmente el PP, con un gobierno en funciones y un presidente absolutamente derrotado y desaparecido, toma una decisión inaceptable y éticamente reprobable, y que responde solo a su interés político y personal. El conocido fenómeno de las puertas giratorias parece estar detrás de esta decisión.

Efectivamente: en el organigrama de Ence aparece toda una "pléyade" política... A la vista de que Ence es una empresa sancionada e investigada por reiterada contaminación, ¿anticorrupción tendría algo que decir?

Sí, es lo que te decía; el PP tiene evidentes intereses tanto personales como políticos en ENCE, y no hay más que ver personalidades íntimamente ligadas al PP como la exministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, o el ex conselleiro de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia Carlos del Álamo ocupan sillones excelentemente remunerados en el Consejo de Administración de. Y tampoco debe ser ajeno a esta decisión el hecho de que el actual director de ENCE-Pontevedra, Antonio Casal, esté casado con Mª José Echevarría, Subdirectora Xeral de Coordinación Ambiental de la Xunta de Galicia.

Quizás también tengan algo que ver estos intereses personales y políticos con la connivencia existente entre las administraciones central y autonómica y la dirección de ENCE, connivencia que permite que la empresa haya conseguido la Autorización Ambiental Integrada de forma irregular y que pueda continuar en su actual ubicación sin cumplir la legislación en materia de vertidos a la Ría. ¡Creo que sobran los comentarios!

Hay modelos de negocio contaminante (cierta minería, centrales nucleares, la propia papelera) muy arraigados en sectores de la población, tanto que los consideran un orgullo, una tradición familiar. ¿Qué les diría a estas personas para que cambiaran su modo de vida por otro más sostenible?

Evidentemente los trabajadores de este tipo de empresas defienden sus puestos de trabajo sin tener en cuenta la repercusión negativa que su actividad ejerce sobre el medio y sobre otras actividades económicas alternativas. Y quizás hay que hacerles ver es que lo que hay que defender es el derecho al trabajo, y no tanto el derecho a mantener un puesto de trabajo concreto; porque hay empleos que por las repercusiones que tienen tanto en el entorno, como en otros puestos de trabajo no siempre son defendibles; es el caso de la empresa ENCE. No se pueden defender los puestos de trabajo a costa de la destrucción de muchos otros. Y deben entender que sus enemigos no somos los que defendemos el medio ambiente y una economía alternativa basada en la explotación racional de los recursos naturales y turísticos, una economía sostenible que, a diferencia de la empresa en la que trabajan, no puede ser trasladada; deben entender que su verdadero enemigo es la dirección de ENCE que no ha dado un solo paso para poder desarrollar su actividad en una ubicación alternativa; que existen fórmulas para evitar que la desaparición de la empresa suponga también el despido de toda su plantilla, y que deben exigir a los empresarios la búsqueda de soluciones alternativas no traumáticas.

Deberían ser conscientes de que cualquier perdida de puestos de trabajo será responsabilidad de la empresa, que sabiendo que debería abandonar Lourizán en 2018, no se ha preocupado siquiera de hacer la necesaria previsión de fondos para acometer un posible traslado.