Es risible que la Fiscalía aceptara el juicio por “lesiones” –cuando en realidad se trataría de un “intento de asesinato y lesiones”– en la ciudad de Santa Clara, contra el atacante José Alberto Botell, quien –en una tentativa por asesinar al líder opositor Guillermo Fariñas– hirió de gravedad a una de sus acompañantes, una Dama de Blanco, quien acabó en terapia intensiva con riesgo para su vida, y apuñaló a otros cuatro activistas de los Derechos Humanos. Por todo esto, en su petición, la Fiscalía pidió cinco años de sanción, pero el Tribunal se apiadó del “infeliz” de intenciones homicidas, y lo sancionó a cuatro años, es decir, decidió disminuir un año su condena.
En mi caso –tras haber demostrado en el acto oral mi inocencia, donde presenté cinco testigos que luego desestimaron– y que, en el supuesto caso de cometer el delito por el que se me acusó, según las leyes, la sanción extrema fuera de cuatro años, cometieron la violación de escoger un inciso que no incurría en la acusación que se me hacia, y todo para sumar un año a mi condena. Eso demuestra que existen dos Códigos Penales, uno, para los enviados a cometer delitos por la Seguridad del Estado, y otro, para los disidentes.
El día que lleguen las libertades, y se investiguen todos los desmanes de la familia Castro y las instituciones plegadas a sus designios, entonces, muchos quedarán sorprendidos, o fingirán estarlo, porque las atrocidades se cometen delante de todos, a la vista pública. Precisamente a eso le temen los dictadores, al momento de pagar las cuentas; por eso, desde ahora, se ocupan de quitarle la vida a los que apuntarán con su dedo a los culpables, y mostrarán pruebas de sus abusos e injusticias.
Mientras, no queda otra que la oposición continúe aportando los muertos, los abusados y humillados.
Ángel Santiesteban-Prats
3 de junio 2015
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