¿Cuánto cobra Raúl Castro?

Por: Yohan González Duany

Fue el propio Fidel Castro quien reveló a cuanto ascendía su salario como Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros: “(…) al cambio de 25 pesos por un dólar, es de 30 dólares mensuales”.  Así está escrito en el libro-entrevista “Cien horas con Fidel” del destacado intelectual Ignacio Ramonet publicado en 2006.

Conocíamos así, de primera mano, cuanto ganaba en aquel momento la máxima autoridad política y gubernamental del país; algo que no es muy común saber en Cuba, un país que lamentablemente carece de políticas de transparencia de la gestión pública además de control ciudadano sobre la labor de funcionarios y directivos. Dos de los pilares fundamentales de la lucha contra la corrupción política, un mal que persiste aún dentro de la realidad cubana como lo demuestra la reciente condena a seis funcionarios por corrupción.

Sin embargo, la realidad cubana dista mucho de lo que ocurre en otros países de la región. En su informe sobre Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) del año 2014 la prestigiosa ONG alemana Transparencia Internacional colocó a Cuba entre los cinco países menos corruptos de América Latina (por detrás de Costa Rica, Puerto Rico, Uruguay y Chile, en ese orden), mientras a nivel global se sitúa en el lugar 65.

Preguntado sobre si creía que existía corrupción en el seno de la dirigencia del país, el propio Fidel expresó en su entrevista con Ramonet:

Ha ocurrido en algunos funcionarios que negociaban con poderosas empresas extranjeras, y bueno, a veces los invitan a un restaurante, o los invitan a ir a Europa para alojarlos en la casa del dueño o en un hotel de lujo (…) No pocos hacían evidente su corrupción, y muchos lo sabían o lo sospechaban, porque veían el nivel de vida y a veces por tonterías: éste cambió el carrito, lo pintó, le puso esto, o le puso unas banditas bonitas porque se volvió vanidoso. Veinte veces lo hemos oído por aquí, por allá, y ha habido que tomar medidas. Pero eso no se resuelve fácilmente.

Ya en una ocasión hablé en este blog sobre como la corrupción se ha vuelto parte de nuestra sociedad, al punto de que hay cierta permisividad hacia la figura del corrupto, quien es hoy el héroe de “la lucha”, esa práctica que implica delinquir, malversar o robar recursos públicos para beneficiarse y apalear la compleja situación económica insular. La corrupción no es solo un problema económico, es un problema ético y de valores que está muy vinculado a la voluntad de atajarlos por parte del Estado y el Gobierno. Una voluntad que no solo pasa solamente por incrementar los recursos para la investigación de los casos o el endurecimiento de las penas,  sino también por establecer políticas de control ciudadano de los recursos públicos o lo que es lo mismo la transparencia.

¿Cuánto cobra Raúl Castro? Esa es la pregunta que titula este post y actualmente resulta prácticamente imposible poder responderla. Esto es debido a que Cuba adolece de un ordenamiento jurídico integrado que organice la transparencia en la administración pública y el sector empresarial estatal y que, entre otras varias cosas, garantice que un ciudadano común y corriente pueda saber cuánto dinero de los Presupuestos se destina a pagar los sueldos de los funcionarios.

Resulta interesante que mientras en algunos países de Europa y América Latina las nuevas políticas de lucha contra la corrupción no separan a la transparencia y el acceso público a la información como herramientas de combate, en Cuba se esté desarrollando toda una cruzada contra la corrupción –meritoria y necesaria según mi opinión- que no ha podido integrar estos dos aspectos. Ejemplo de ello es la Contraloría General de la República, órgano que según la Ley no. 107, aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular en agosto de 2009, tiene entre sus funciones “auxiliar a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado, en la ejecución de la más alta fiscalización sobre los órganos del Estado y del Gobierno” además de “ejecutar las acciones que considere necesarias con el fin de velar por la correcta y transparente administración del patrimonio público, prevenir y luchar contra la corrupción”. Sin embargo, esta no emite informes públicos sobre Transparencia y control de la administración pública y el sistema empresarial estatal por no decir que en su web  tiene poca o nula funcionalidad ya que solo sirve de mera web corporativa para una institución con tamaña importancia. Y todo esto ocurre a pesar de que el mismo día en que se votó la ley que acordó su nacimiento el diputado Lázaro Barredo, entonces director del periódico Granma, propuso “la declaración de los recursos patrimoniales por quienes asumirán la responsabilidad de administrarlos”.

Este ejemplo pone en evidencia que mientras el país se aboca al diseño de una nueva política de informatización y de acceso a la Internet, aspectos como el gobierno electrónico o el acceso a información sobre la gestión de lo público no se encuentran debidamente regulados. Quizás a esto se refiere Raúl Castro cuando llama a acabar con el secretismo.

Mientras tanto la prensa es incapaz de poder ser vehículo de transparencia ciudadana, una parte por culpa de los directivos y funcionarios y otra por las deficiencias en el ejercicio del periodismo investigativo. A esto hacía referencia un interesante artículo de opinión en el diario Granma el cual expresaba que “aludimos hoy al sinsentido de propiciarle tierra fértil al secretismo casero, empantanado en la mente y el quehacer de funcionarios que, sin ser garantes de “información secreta o clasificada”, antes de opinar sobre un tema de actualidad que nos atañe a todos, se pavonean como si estuvieran tocados por la divina providencia.”

El acceso a la información es un derecho que debe estar manos de los ciudadanos de cualquier país del mundo. No solo acerca la política y la gestión del patrimonio público a la población sino que también sirve de mecanismo de fiscalización. Una sociedad como la cubana, que lucha constantemente por alejarse del fantasma de la corrupción, debe encontrar en la transparencia del de los recursos públicos su aliado más fuerte.

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