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Las cifras que se manejan llaman la atención y, más allá de las noticias aparecidas en prensa, incluso la juez Ayala llevó a cabo parte de su investigación en esta dirección, entendiendo que podía estar ante un caso de financiación irregular por parte de los sindicatos.
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Aún tratándose de una actividad legal, según parece, no deja de sorprender que los EREs estén siendo un negocio redondo para los representantes de los trabajadores y en ocasiones pésimo para los empleados despedidos. Es más, habiéndose conocido las "ayudas" que los sindicatos del sector bancario reciben de las propias entidades financieras, es inevitable preguntarse si este modelo es lo suficientemente transparente como para evitar que se vea afectado por la ola de corrupción que asola a España desde hace unos años.
En este sentido, tratándose el grupo "La Caixa" de un grupo empresarial diferente al resto e implicado con el compromiso social, sería conveniente que los sindicatos que representan a sus trabajadores actuaran en consonancia con lo estipulado en el estricto Código Ético de la Entidad y publicaran -una vez finalizado el ERE- en alguna de sus numerosas circulares, cuánto se han enriquecido con su participación en el mismo.