Debate político y aplicación del Derecho: Agua y aceite

Ya ha pasado la fecha del 1 de octubre. Como era de esperar, asistimos a un espectáculo lamentable y bochornoso que debería avergonzarnos como sociedad, como democracia y como Estado de Derecho. Pudimos reconocer al Presidente y al Vicepresidente del Ejecutivo catalán, a la Presidenta de su Parlamento y a varios rostros famosos depositando unos trozos de papel en recipientes habilitados a tal efecto. Presenciamos un simulacro de referéndum, en ausencia de censo electoral, con gente votando varias veces y sin las mínimas garantías elementales de cualquier consulta democrática. Los medios de comunicación trasladaban las imágenes de numerosos ciudadanos introduciendo papeletas en urnas callejeras sin ningún tipo de control, cajas supuestamente depositarias de impresos que aspiraban a considerarse votos y que, desplomadas en sus precipitados traslados, esparcían por la vía pública todo su contenido. Contemplamos cargas policiales, empujones y heridos. Vimos absolutamente de todo, excepto lo que corresponde ver en una sociedad democrática, madura y seria.

Recuerdo ahora a un profesor de mi etapa como estudiante universitario, una de cuyas frases más repetidas era que “lo obvio no se debe discutir”. ¡Pobre docente! Debe estar pasándolo francamente mal en estos tiempos en que lo más básico, lo más elemental y lo más evidente se niega y se rebate por la ignorancia (que es tan atrevida) o por el fanatismo (que no atiende a la lógica). Los humanos se jactan de ser la especie racional del planeta. Sin embargo, los argumentos para perder dicha condición se acumulan, suponiendo que fuera merecida en alguna época. Actuamos cada vez más a través de impulsos irracionales y de arrebatos incontrolados, cegados por una alienante obcecación. Quienes más gritan y quienes más insultan son los que mueven a las masas, ajenos a la reflexión, al estudio, a la meditación de las acciones y a las consecuencias de los actos.

La ilegalidad del referéndum convocado desde la Generalidad de Cataluña es patente y manifiesta. Hasta el propio Presidente del Gobierno vasco Iñigo Urkullu, al que nadie podrá tachar de centralista ni de defensor del Gobierno central, ha reconocido públicamente la ausencia de garantías de semejante consulta. Cientos de profesores universitarios de diferentes disciplinas han explicado y reiterado la improcedencia de los propósitos del Ejecutivo catalán. La Unión Europea y el Consejo de Europa también se han pronunciado en el mismo sentido. Y, sin embargo, el pasado día 1 hemos tenido que padecer una jornada dantesca que se recordará para siempre como una de las páginas más negras de nuestra Historia.

Por lo tanto, después de una catarsis colectiva de tal magnitud, considero muy necesario analizar algunas afirmaciones escuchadas hasta la saciedad que, en mi opinión, no ayudan a calibrar la cuestión correctamente.

1.- Primera afirmación: El problema catalán es un problema político, no jurídico.

Cierto, pero sólo en parte. Efectivamente, el debate sobre el modelo territorial del Estado, sobre la forma de financiación de las Comunidades Autónomas, sobre la reforma de la Constitución o sobre la posibilidad de que un concreto territorio se independice, son cuestiones políticas que pueden (y deben) abordarse en las correspondientes instituciones de la mano de los políticos de turno y, tanto hacerlo como no hacerlo, conlleva una serie de repercusiones. Hasta ahí, nada que alegar. Sin embargo, cuando algunos de esos actores deciden que el camino para lograr sus aspiraciones es saltarse la legalidad y cuando toman la consciente decisión de incumplir las sentencias y de vulnerar las normas, en ese preciso momento, se genera un problema jurídico paralelo al anterior que cuenta con sus propias reglas y procedimientos para ser solucionado. La premisa es bien sencilla. El razonamiento, simple. La fórmula, tan elemental como la tabla de multiplicar del dos: En un Estado Social y Democrático de Derecho se puede discutir sobre cambiar las normas pero, en tanto en cuanto no se modifiquen, se deben cumplir y respetar. De lo contrario, la maquinaria judicial y policial debe actuar.

2.- Segunda afirmación: Los procesos judiciales iniciados con motivo de la celebración del referéndum del 1 de octubre no acabarán con el problema catalán.

Completamente cierto, pero el objetivo de dichos procesos judiciales no es solucionar el problema catalán sino asegurar que las normas se cumplan mientras estén vigentes. Lo contrario supondría defender que, mientras unos políticos tratan de ponerse de acuerdo para encontrar la solución a una controversia de naturaleza política que contente a todos, el Estado de Derecho debe dejar de actuar, las normas deben dejar de tener vigencia y las sentencias deben dejar de aplicarse. Es obvio que las cosas no funcionan así. Se aplica la ley porque eso es lo que sucede en los Estados de Derecho. No para solventar enfrentamientos de índole política, sino como consecuencia ante un quebrantamiento normativo.

3.- Tercera afirmación: Se está judicializando en exceso el denominado problema catalán.

Cierto, y no deseable. Pero los responsables no son quienes persiguen el cumplimiento de las leyes, sino quienes las incumplen deliberada y reiteradamente. Los fiscales tienen la obligación de perseguir los delitos. Los jueces, la responsabilidad de hacer cumplir el ordenamiento jurídico. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el deber de imponer el restablecimiento del orden perturbado y de perseguir las infracciones cometidas. No es una opción. Es una obligación. Cabría mejor preguntarse si se judicializa mucho porque se delinque mucho y, en ese caso, dirigir el dedo acusador hacia los poderes públicos catalanes, ya sea a su Presidente, a sus consejeros o a los alcaldes que, amparándose en el cargo, pensaban que sus actos iban a resultar impunes. He asistido atónito a algunos discursos en los que se recriminaba al Ministerio Fiscal por no quedarse de brazos cruzados ante flagrantes ilegalidades retransmitidas en directo por televisión, o en los que se presionaba a los jueces para que mirasen hacia otro lado, o en los que se insultaba a la Policía y a la Guardia Civil por el mero hecho de cumplir con su deber. Acto seguido, se vomitaban proclamas culpabilizando a quienes trabajan para que se respeten las reglas de convivencia de ser los que crean y agravan el problema. Y, mientras tanto, aquellos que indiscriminadamente vulneran los derechos y normas son calificados de víctimas y mártires en un sermón que jamás puede ser pronunciado por ningún defensor de un modelo de libertades y de un sistema basado en el Derecho.

4.- Cuarta afirmación: Se ha actuado con desproporción por parte del Estado.

Ante este escenario se ha tildado de “desproporción” la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando se han dado de frente con personas que se negaban a cumplir sus órdenes y a acatar los requerimientos judiciales. Cabe volver a recordar (porque parece haberse olvidado) que el Estado ostenta el legítimo monopolio del uso de la fuerza. Y debe quedar claro que no es una particularidad de España, sino que sucede en cualquier país del globo terráqueo. La proporción en los métodos empleados y en las acciones realizadas por la policía se debe valorar teniendo en cuenta el bien que se pretende tutelar y el supuesto daños producido o, en otras palabras, que no se genere un daño superior al bien que pretenden amparar. A aquellas personas que se echan las manos a la cabeza cuando la policía usa la fuerza ante el incumplimiento reiterado de las sentencias y de las órdenes legalmente dictadas, les pido que citen algún lugar en el mundo donde, ante situaciones similares, no suceda lo mismo. Los que critican la actuación policial defienden en realidad la impunidad de actuar al margen de la ley y sus discursos, revestidos de pacifismo y de bondad, no son más que alegatos interesados de quienes buscan salirse con la suya a cualquier precio. Y por mucho que griten, insulten o amedrenten, ese “salirse con la suya” equivale a operar al margen de la legalidad sin ninguna consecuencia. Si aceptamos que la vía de los hechos consumados se imponga sobre las normas, hemos fracasado como Estado de Derecho.

En resumen, es cierto que se parte de un problema político. Cierto que, durante décadas, los Gobiernos del Estado han sido irresponsables, cobardes e ineptos a la hora de abordar un problema que se veía venir de lejos. Cierto que, Constitución incluida, muchos aspectos deben ser mejorados. Y cierto también que el diálogo es necesario. Pero este conjunto de afirmaciones no puede ocultar otra igualmente obvia: en un Estado Social y Democrático de Derecho las normas, mientras estén vigentes, deben cumplirse. Por ello, situarse al margen de la legalidad no convierte a nadie en libertador, mártir o romántico revolucionario sino, en su caso, en un delincuente. La política va por un lado y el cumplimiento del Derecho, por otro. Pueden estar conectados, pero no se mezclan. Como el agua y el aceite.