Vaya por delante que como creo en la ética pienso que las deudas siempre hay que pagarlas. La compañía farmacéutica Johnson & Johnson (J&J) ha accedido a pagar una multa de 2.200 millones de dólares para resolver alegatos civiles y criminales por haber promocionado tres medicamentos para usos distintos a los que fueron aprobados por la Agencia de Alimentos y Medicinas de Estados Unidos (FDA). Al mismo tiempo, varias farmacéuticas, entre las que no está J&J, reclaman al Gobierno español 4.100 millones de euros que les debe. Creo que es una buena oportunidad para negociar cambios de comportamiento.
Las acusaciones del Gobierno estadounidense a J&J incluyen el pago de sobornos a los médicos y farmacias para recomendar y prescribir Risperdal y Invega, ambos medicamentos antipsicóticos y Natrecor, que se utiliza para tratar la insuficiencia cardíaca.
El acuerdo es el tercero más abultado de la historia entre Estados Unidos y un productor de fármacos. En julio del año pasado, el gigante farmacéutico británico GlaxoSmithKline (GSK) pagó una multua que batió todas las marcas 3.000 millones de dólares. Se llegó a describir como el mayor fraude de salud en la historia de EE.UU. Las acusaciones sobre GSK eran más o menos las mismas.
Lo que parece claro es que en Estados Unidos los gobiernos persiguen esos delitos y toman medidas contundentes que tocan lo que más duele a estos conglomerados empresariales, el bolsillo, además de hacerles mucho daño a la marca.
En España cinco farmacéuticas avisan de riesgos por impagos de las administraciones públicas. Los diferentes gobiernos regionales deben más de 4.100 millones de euros a la industria farmacéutica. Similar corrupción a la existente en USA se produce en España y con los mismos actores para más inri, como documento en mi libro Laboratorio de médicos.
GlaxoSmithKline ha sido investigada por corrupción en China y en Argentina, la compañía Pfizer, la número uno del ranking mundial, ha sido acusado de practicar
una conducta delictiva” y de financiar “un oscuro sistema de sobornos a los médicos en el marco de la cadena de comercialización de los medicamentos”
Así que en casi todo el mundo y España no es ajena al fenómeno, muchos grandes (sobre todo pero no sólo) practican de manera sistemática la corrupción que saquea las arcas de los estados (por ejemplo, al engordar el gasto farmacéutico). Lejos de tomar medidas contra ello y cambiar de actitud, empresas como la citada Pfizer exigen a las administraciones que le paguen lo que le deben.
Ya he escrito que las deudas hay que pagarlas pero ¿no pensáis que es un buen momento para que los gobiernos se replanteen sus relaciones con laboratorios que hayan sido condenados, imputados o hayan reconocido prácticas corruptas?
Ahora que los políticos imputados comienzan (por fin) a no ser aceptados en algunos partidos parece sensato que con las empresas ocurra lo mismo. No se puede pretender enriquecerse mediante corrupción, desfondar a las administraciones sanitarias y al mismo tiempo exigir que te paguen lo que te deben. Es como ganar dos veces.
No olvidemos además el coste humano del problema, miles de personas quedan dañadas o mueren por el consumo de medicamentos que les recetaron sin necesidad o sin estar indicados para su enfermedad. Eso también puede valorarse económicamente: ¿cuánto cuesta una vida? ¿Cuánto le cuesta al sistema sanitario atender a personas dañadas por medicamentos? ¿Quién corre con esos gastos?