Declaración del Foro de Organizaciones Feminista: Ante la Undécima Conferencia Regional sobre la Mujer - CEPAL “¿Qué Estado para qué Igualdad?”

Ministra Nilceia Freire
Presidenta de la Mesa Directiva de la Undécima Conferencia Regional sobre la Mujer en América Latina y el Caribe.
Señora Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL
Señora Sonia Montaño, Directora de la División de Género de CEPAL

Representantes de los Estados miembros de la Conferencia Representantes de las agencias del sistema de las Naciones Unidas Representantes de la sociedad Civil.
Estamos aquí, convocadas por el sugerente desafío de responder ¿Qué estado para Qué igualdad?, mujeres de movimientos y organizaciones de diferentes países, culturas, razas, etnias, clases sociales, edades, sexualidades, para expresar a los gobiernos los problemas, las visiones críticas, los dolores, esperanzas y exigencias que se encarnan en las luchas por la construcción de un mundo donde todas y todos podamos vivir con igualdad, dignidad y placer.
La acción de los movimientos de mujeres y feministas ha sido crucial para colocar en el debate público la opresión y discriminación que resultan de sociedades antidemocráticas sexistas, racistas, clasistas, lesbofóbicas, homofóbicas.
Si la igualdad comienza a ser un horizonte posible en América Latina y el Caribe, es porque cuenta con la presencia de sujetos colectivos con capacidad de resistencia y autonomía para definir sus prioridades y proyectos emancipatorios.
Las voces de todas las mujeres, indígenas, negras, blancas, rurales, urbanas, trabajadoras domésticas, discapacitadas, jóvenes, viejas, migrantes, lesbianas, transexuales han sido imprescindibles para repensar y demandar la igualdad, la justicia social y la democracia.
A pesar de los avances a 15 años de Beijing, la superación de las desigualdades entre hombres y mujeres, aun no constituye una dimensión inherente de la justicia social. Los Estados y Gobiernos de la Región mantienen una contradicción entre los compromisos internacionales asumidos y la materialización de las políticas para la igualdad y la plena garantía de derechos.
La división sexual del trabajo permanece como uno de los principales obstáculos para la autonomía y el bienestar de las mujeres. El trabajo gratuito que realizamos en la esfera reproductiva constituye la base de modelos económicos que excluye a las mujeres del desarrollo.
Las mujeres continúan ocupando la mayoría de los puestos precarios e informales de trabajo, en condiciones de desprotección social, insalubridad y jornadas cada vez más extenuantes. La discriminación salarial y el acoso sexual y moral sigue siendo una constante en la experiencia laboral de las mujeres.
El trabajo doméstico remunerado, en el cual predominan las mujeres negras e indígenas con escasos niveles deprotección social y sin garantía de derechos laborales, revela la falta de reconocimiento del valor social de este trabajo y el peso del racismo en la sociedad.
Es intolerable la violencia contra las mujeres y niñas en todas sus expresiones, que se agrava con la violencia política y el racismo institucional contra las mujeres negras e indígenas.
El crecimiento de la violencia y el control de amplios territorios por el narcotráfico y otras redes del crimen organizado que se sobreponen al poder del Estado, tienen un impacto devastador sobre los vínculos sociales, afectando la vida cotidiana de las mujeres y comunidades pobres.
En los países en conflicto armado el cuerpo de las mujeres se convierte en un escenario de guerra y obliga a las mujeres al desplazamiento y desarraigo.
Los índices de violencia sexual y doméstica y el feminicidio evidencian que aun persiste la dominación patriarcal sobre las mujeres. Los avances legales e institucionales en casi toda la región no han sido suficientes para garantizar la protección a las mujeres y sus derechos humanos.
La maternidad continua representando para muchas mujeres un riesgo de vida. El aborto en condiciones clandestinas e inseguras, su criminalización y penalización, son una realidad que afecta la vida y la salud de las mujeres, adolescentes y jóvenes.
La crisis ambiental revela la lógica predatoria, patriarcal y racista de este modelo de desarrollo basado en la mercantilización. El cambio climático, la privatización y contaminación del agua, del aire, del suelo y de los alimentos, amenazan la calidad de vida de toda la población, con un sesgo particular hacia las mujeres.
El modelo de desarrollo hegemónico promueve el agronegocio y el monocultivo, viola el derecho a la tierra y el territorio de pueblos y comunidades indígenas, afrodescendientes, población rural y campesina.
Los desastres naturales como el ocurrido en Haití, ponen en evidencia las profundas desigualdades sociales y de género existentes. La lógica actual de la reconstrucción mantiene inalterable la vulnerabilidad estructural a que están expuestos los países y las poblaciones pobres.
Considerando los enormes desafíos que esta región - la más desigual del planeta - debe enfrentar para acortar las brechas sociales, resulta inadmisible la militarización de la seguridad ciudadana y el incremento de los presupuestos militares en detrimento de la inversión pública para el bienestar de las personas.
Reconocemos los esfuerzos de algunos gobiernos de la región en garantizar la institucionalidad democrática y para impedir el retorno de procesos dictatoriales. Nos sumamos al reclamo de los movimientos sociales de Honduras en defensa de la democracia y el respeto de los derechos humanos.
Resulta alarmante la creciente criminalización de las luchas de los movimientos sociales en defensa de los derechos.
La laicidad del Estado es vulnerada por la mayoría de los gobiernos de la región. La ingerencia de las jerarquías religiosas en las estructuras institucionales del Estado impide a las mujeres ejercer la autonomía sobre sus cuerpos.
En la mayor parte de nuestros países continúan siendo escandalosos los bajos niveles de participación política de las mujeres y su acceso a los espacios de poder. Esta problemática es aun más grave para las mujeres negras e indígenas.
Los gobiernos no han implementado los compromisos para el logro de la paridad adquiridos en el marco del Consenso de Quito. A pesar de la creación de mecanismos para la implementación de políticas para las mujeres, la mayoría continúa teniendo estructuras marginalizadas. No se ha logrado transformar el discurso en estrategias, metas concretas y recursos suficientes.
Hoy, en la inauguración de la Undécima Conferencia Regional sobre la Mujer, las organizaciones feministas participantes del Foro, reiteramos a los gobiernos que:

1. En el marco de un nuevo modelo de desarrollo los Estados deben fomentar transformaciones socioculturales y productivas que aseguren una relación sustentable con la naturaleza, la preservación de los bienes comunes de la humanidad y la pluralidad de las culturas. En este marco los procesos de integración regional deben profundizar la participación de los movimientos sociales.
2. El Estado democrático debe garantizar la justicia social, la igualdad étnico-racial y de género. Dar cumplimiento al plan de acción de Durban para avanzar en la erradicación del racismo institucional.
3. Debe garantizar la protección de los y las defensoras de derechos humanos permanentemente amenazados, asesinados y perseguidos en particular en México, Centroamérica y Colombia.
4. Debe asegurar de manera impostergable todos los medios necesarios para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, incluyendo la violencia cometida por las propias instituciones del Estado.
5. Debe tener un papel central en la provisión de servicios que libere a las mujeres de la responsabilidad exclusiva del trabajo de cuidado y promueva la corresponsabilidad. Los Estados deben ratificar y asegurar el efectivo cumplimiento de la Convención 156 de la OIT.
6. Debe garantizar el acceso de las mujeres al trabajo remunerado con calidad y pleno respeto de los derechos laborales.
7. Debe reconocer el valor social y económico del trabajo doméstico y equipararlo jurídicamente en la legislación laboral.
8. Debe garantizar el derecho de las mujeres a la tierra, a los recursos naturales y el reconocimiento de los territorios indígenas y afrodescendientes.
9. Debe garantizar la seguridad y previsión social universal y pública a todas las mujeres, en el marco de un nuevo modelo de redistribución de la riqueza que todas y todos producimos.
10. Debe promover una educación pública de calidad para la igualdad, laica, no discriminatoria, no sexista, no lesbofóbica, no racista, intercultural y bilingüe, con el incremento de recursos para asegurar el acceso y permanencia de niñas y adultas en todos los niveles educativos.
11. Debe promover políticas democráticas de comunicación que estimulen la producción y difusión de contenidos no discriminatorios o estereotipados, que represente las imágenes de las mujeres en toda su pluralidad.
12. Debe garantizar el derecho universal a la salud a través de sistemas públicos con calidad, integralidad y perspectiva intercultural, reconociendo los saberes de la medicina indígena y afrodescendiente.
13. Debe asegurar el cumplimiento del Conseso de Cairo+5 y del Consenso de Quito que reconoce los derechos sexuales y derechos reproductivos, implentando políticas de salud y educación que garanticen el ejercicio de estos derechos.
14. Debe desarrollar una estrategia integral para la prevención del VIH y protección de derechos de las portadoras del VIH-SIDA.
15. Exigimos la despenalización y legalización del aborto con acceso a servicios públicos de calidad.
16. Debe implementar medidas que reconozcan los derechos sexuales de las mujeres que contribuyan a superar la heteronormatividad que hegemonizan las leyes y políticas públicas, violando los derechos de lesbianas, bisexuales, transexuales y transgéneros.
17. Convocamos a los Estados aquí representados a impulsar y aprobar una Convención Interamericana de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.
18. Exigimos de los gobiernos el fortalecimiento de la institucionalidad de las políticas para las mujeres, con presupuestos compatibles con las necesidades y las metas propuestas.
19. Demandamos la producción de datos confiables, periódicos, completos, que hagan transparente los procesos de ejecución de las políticas y permitan el monitoreo de los compromisos asumidos.
20. Exigimos de los gobiernos mecanismos efectivos de promoción de la participación, acceso a los espacios de poder y decisión de todas las mujeres y en particular las negras, indígenas y jóvenes

En el marco de la Undécima Conferencia Regional sobre la Mujer de la CEPAL, reafirmamos la importancia del diálogo Estado-movimientos sociales, como dimensión fundamental de la democracia participativa, así como nuestra posición de sujetos colectivos protagónicos en la construcción de una sociedad igualitaria con justicia social.
Brasilia, 13 de julio de 2010.
Foro de Organizaciones Feministas de América Latina y el Caribe
Fuente: Articulación Feminista Marcosur