Los votantes de izquierda deberían recordar este detalle: el Partido Popular nunca ha ganado unas elecciones por mayoría absoluta. Lo que permitió la mayoría absoluta del segundo gobierno de Aznar no fue el voto de los españoles, sino una ley electoral, la ley d’Hont, que subvierte el concepto más básico de la democracia, el de una persona, un voto; sus 183 escaños del 12 de marzo del año 2000 correspondían a 10.321.178 votantes (44,52% de los votos emitidos), menos que los de PSOE, IU, CiU y PNV juntos.
La ley d’Hont es un fraude a la soberanía popular, una estafa contra la que se debería rebelar cualquier demócrata, con independencia de su adscripción. IU todavía puede demostrar que no es un cadáver ni un beneficiario oculto de la propia ley, en la medida en que también cierra el paso a cualquier partido nuevo que intente competir por su espacio político. En primer lugar, debería convocar al resto de las minorías estatales democráticas, desde los liberales de UPyD hasta los ecologistas y la izquierda extraparlamentaria, para estudiar las respuestas políticas y quizás jurídicas posibles. En segundo, debería a apelar al conjunto de la ciudadanía, puesto que se trata de un problema que nos afecta. Y en tercero, si nuestro ordenamiento no permite otra solución, debería utilizar el único lenguaje que el PSOE, el PP y los nacionalistas podrían entender: abandonar las instituciones o llamar al boicot de las próximas elecciones generales. Lo demás es palabrería.
Jesús Gómez Gutiérrez. En Nueva Tribuna
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