Déficit en el control democrático de las instituciones

En el Bufete Almodóvar & Jara estamos teniendo malas experiencias con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. No facilita, cuando no directamente obstaculiza, a quienes sufren daños por medicamentos, su tarea de buscar responsabilidades y justicia. Lo han hecho con la familia que ha perdido a un ser querido en un ensayo clínico y también con unos padres que buscan  explicaciones a la reciente muerte de su hijo, grave tras ponerle las vacunas del calendario de su Comunidad y algunas más.

Otro ejemplo lo tenemos en lo que ha hecho el Gobierno de Asturias tras conocer la muerte de la joven de Gijón Andrea, fallecida tras recibir la segunda dosis de la vacuna del papiloma. Rescinden el contrato con el equipo de Farmacovigilancia que estaba haciendo lo que hay que hacer en estos casos investigar la relación de causalidad entre el consumo del medicamento y la muerte. Además, lejos de “poner en cuarentena” la vacuna cambian de marca de la misma (que algo cambie para que nada cambie).

Es algo que ocurre en todo el país. Ayer publicamos que en Cataluña, el Gobierno incentiva a los profesionales sanitarios pagándoles un dinero extra para que vacunen más a la población y a la hora de justificar “científicamente” las vacunaciones masivas contra la gripe manipulan los datos.

Es evidente que, temas de salud pública aparte, aquí hay un gran negocio y muchas administraciones intentan proteger los intereses de los laboratorios y empresas de material sanitario (y en general de todos los grandes grupos industriales). Más ahora que vivimos un tiempo de crítica cada vez mayor a muchas vacunas y medicamentos. Todo esto no hace sino ahondar en la idea que vengo documentando y defendiendo los últimos años: el poder político se ha ido convirtiendo en un apéndice del Área de Ventas o Comercial de las grandes compañías y lobbies industriales.

Y esa protección de los intereses de las corporaciones, que podía ser legítimo en según qué casos, se hace negando los derechos de la ciudadanía. Ésta es utilizada de manera sistemática por ambos poderes; por el político para legitimarse mediante las urnas y por el económico para garantizar el consumo.

Existe un enorme déficit en el control democrático de las instituciones. El “sistema” está podrido y urge una regeneración, cambios profundos en el mismo. En ello hemos de participar todos. Es la hora de la ciudadanía, de conseguir algo tan básico en una verdadera democracia como que las instituciones trabajen con y para las personas.