“Los lamgen están dispuestos a resistir pero nosotras, las mujeres, no sabemos cuánta pena más vamos a resistir, cuánto dolor, cuánta injusticia, cuántos lamgen heridos” dice Soraya Maicoñia, en un audio que circuló ayer por WhatsApp con la intención de aumentar la visibilidad mediática de la represión que los gobiernos chubutense y nacional ordenaron contra el Pu Lof en resistencia del Departamento de Cushamen. Quizás porque conoce el alcance limitado de los testimonios que brindó a Página/12 y al programa radial Caballero de Día, esta integrante de la comunidad mapuche que desde marzo de 2015 busca recuperar tierras ancestrales ocupadas por el magnate Luciano Benetton recurrió a la aplicación de mensajería instantánea.
“Nosotros necesitamos de la solidaridad de la gente consciente, de la gente que defiende el territorio del avance petrolero, minero, del avance de las hidroeléctricas, de la soja. Estamos haciendo un llamamiento a todos los pueblos originarios del país para que se solidaricen, se lleguen a la Lof, se pronuncien. Que además se llegue a los oídos de (la ministra de Seguridad de la Nación) Patricia Bullrich, del Presidente de la Nación Argentina para que dejen de atropellarnos porque pareciera que nosotros no somos humanos, que somos animales y que pueden entrar a reventarnos, a maltratarnos, a tirarnos a quemarropa”.
El pase de diapositivas requiere JavaScript.
El periodista Horacio Verbitsky advirtió el lunes en el mencionado Página/12 que estaba preparándose un allanamiento violento en el predio ubicado en Vuelta del Río, entre las ciudades de Esquel y El Maitén. Finalmente se trató de tres operativos que efectivos de la Policía de Chubut, Infantería y Gendarmería nacional realizaron con saña entre ayer y antes de ayer.
Verbitsky volvió a escribir al día siguiente para sintetizar los indicios que fundamentaron su primicia: 1) la insistencia del Presidente Mauricio Macri en anunciar un combate contra el terrorismo (que no existe en Argentina “pero que, igual que el narcotráfico, sirve de pretexto para el control social”; 2) el informe de gestión del Ministerio de Seguridad que considera las reivindicaciones de los pueblos originarios, no un derecho constitucional sino un delito federal; 3) la infiltración de agentes de la inteligencia federal y de la policía provincial (que están procesados por ello); 4) las consultas con el hospital de El Maitén sobre su capacidad para atender heridos graves; 5) el viaje de la ministra Bullrich a Israel para comprar parafernalia represiva; 6) “las publinotas de la prensa canalla homologando a la Resistencia Ancestral Mapuche con los carteles mexicanos de la droga o las guerrillas colombianas”; 7) el convenio firmado con la Guardia Nacional del estado norteamericano de Georgia, punta de lanza del Comando Sur para penetrar en países sin recurrir al desembarco directo de tropas militares; 8) la orden expresa de nuestro Primer Mandatario de desarrollar las mejores relaciones con dicho Comando que, dicho sea de paso, considera el indigenismo como una nueva amenaza a la seguridad (de Estados Unidos).
Aunque circuló en las redes sociales para ilustrar la represión en Cushamen, esta imagen corresponde a un operativo represivo contra la resistencia mapuche… en Chile.A tono con el octavo ítem de la versión resumida de lista de Verbitsky, anoche el gobernador Mario Das Neves y el ministro de Gobierno de Chubut, Pablo Durán, calificaron de terroristas a los miembros de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y, por carácter transitivo, a aquéllos del Pu Lof en Cushamen.
Aunque sea parcialmente, quizás esas declaraciones respondan a la pregunta que Maicoñia (se) hizo ayer en el audio que circuló por WhatsApp:
“¿Hasta qué consecuencia quiere llegar el gobernador de la provincia junto con sus empresarios, que están detrás del negocio inmobiliario y del avance petrolero y minero?”.
Dada la virulencia de la represión desatada esta semana, el juez chubutense Jorge Colabelli aceptó ayer la acción de habeas corpus que abogados de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) presentaron para garantizar la integridad física y libertad de los integrantes de la comunidad mapuche. Anoche, Horacio Aranda Gamboa informó en Diario BAE que quedaron en libertad siete de los diez lamgens (hermanos) detenidos por las fuerzas represivas al término del brutal desalojo.