Derechos Humanos y Acceso a la Información Pública

29/10/2012  Actualidad, Argentina, Sensaciones  No comments

El consejo de Derecho Humanos de las Naciones Unidas evaluó la situación de las mujeres, de los inmigrantes y las cárceles argentinas. También se habló del acceso a la información pública.

(Por Ramiro Álvarez Ugarte*) El lunes 22 de octubre tuvo lugar en Ginebra, Suiza, el segundo exámen de la Argentina ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Allí, nuestro país debió dar cuenta del estado actual del derecho a la salud de las mujeres, de la situación en las cárceles, de la situación de los migrantes y las torturas en las comisarías.

Esas cuestiones son gravísimas y tienen un impacto enorme en los derechos de algunos de los sectores más vulnerables de nuestra comunidad. Por ejemplo, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) presentó, junto a muchas otras organizaciones, un informe sobre la situación de la salud sexual y reproductiva de las mujeres en nuestro país que refiere, entre otras cosas, a las enormes trabas que encuentran para acceder a un aborto en las condiciones que lo determina la ley.

Pero además de esos problemas graves y urgentes, un conjunto de organizaciones de la sociedad civil también presentamos un informe sobre la situación del acceso a la información pública. Ciertamente, esta cuestión es menos acuciante que las torturas en comisarías, por ejemplo. Pero quienes elaboramos el informe –incluyendo a organizaciones que promueven los derechos de las mujeres, ambientalistas, enfocadas a las políticas públicas o a los derechos humanos en general— creemos que es necesario que las falencias que nuestro país muestra en cuestiones de acceso a la información pública comiencen a ser vistas como violaciones de derechos humanos.

Las trabas al acceso a la información obstaculizan el derecho a la libertad de expresión ya que vuelven menos eficiente a una herramienta que los periodistas podrían usar de manera muy efectiva.

Y el mensaje que buscamos transmitir fue receptado por la comunidad internacional. Países como Alemania, Noruega, Bélgica, Canadá y los Estados Unidos cuestionaron a nuestro país por sus falencias en materia de acceso y producción de información pública. El dato es significativo: los problemas de acceso a la información pública son problemas de derechos humanos.

Las trabas que existen para acceder a información impiden la defensa o protección de algunos derechos básicos. ¿Cómo puede el estado garantizar el acceso a determinados procedimientos en los hospitales si no sabe cuántos de esos procediminetos son requeridos y dónde? ¿Cómo se puede cuestionar la distribución discriminatoria de publicidad oficial si no contamos con datos precisos y detallados de cómo se realiza esa distribución? Además, las trabas al acceso a la información obstaculizan el derecho a la libertad de expresión ya que vuelven menos eficiente a una herramienta que los periodistas podrían usar de manera muy efectiva.

Estas falencias en la producción de información se traducen de un modo muy directo en la violación de derechos. En efecto, ellas afectan las oportunidades de los ciudadanos de reclamar por lo que creen justo y afectan la efectividad de las políticas públicas diseñadas para atacar algunos de esos problemas estructurales. Uno de los casos más claros en este sentido tiene que ver con la poca confiabilidad de las estadísticas oficiales, especialmente el índice de precios a consumidor que produce el INDEC. La subestimación de las cifras de inflación y la sospecha existente sobre las cifras de pobreza, por ejemplo, excluye del acceso a beneficios sociales a miles de personas. A ellas no hay que explicarles demasiado cómo las cifras truchas tienen un impacto directo sobre su vida cotidiana.

El lunes la Argentina fue evaluada por otros países en cuestiones de derechos humanos y no le fue particularmente bien en cuestiones de acceso a la información. Nuestro país, todavía, no aceptó ni rechazó ninguna de las recomendaciones efectuadas, sino que explicó que va a estudiarlas.

Sería positivo que nuestro país acepte las recomendaciones de la comunidad internacional vinculadas con el acceso a la información pública. Ello permitiría comenzar a andar el camino de la reforma legal, que seguramente sea arduo y complejo ya que de lo que se trata es de desarticular la cultura del secreto que aún subsiste en muchas estructuras estatales. Una ley de acceso a la información pública que se adecue a los estándares internacionales y a las necesidades de nuestra democracia sería un gran primer paso. Porque es un problema de derechos humanos, como quedó claro el lunes en Ginebra.