Descarrila el tren de la legistación punitiva ¿Próxima estación...?

Algunos países occidentales han ido promulgando sus respectivas leyes para ordenar el sector de las comunicaciones digitales, vulgarmente conocidas como leyes-anti-piratería. Suecia fue la pionera y su entrada en vigor (febrero de 2009) provocó en ese país un impresionante descenso del 33% del tráfico de Internet, no se sabe si a causa del miedo a ser denunciados o a la indignación de los usuarios/consumidores. La reacción ante el acoso legal no se hizo esperar: los internautas más concienciados de sus derechos fundaron el Partido Pirata. La popularidad, el pragmatismo de su reivindicación (despenalizar las descargas) y su beligerancia se han visto recientemente compensadas con un escaño en el Parlamento Europeo. Será interesante escuchar lo que dicen.
Al mes siguiente, John Key, primer ministro de Nueva Zelanda, anunciaba la retiraba de la ley sobre derechos de autor y nuevas tecnologías (Copyright Amendment Act) debido al controvertido artículo 92a que obligaba a los ISP a tener un protocolo de desconexión de usuarios/consumidores reincidentes de «malas prácticas» contra los derechos de autor. La polvareda que se levantó fue tal que decidieron volver a empezar la ley desde cero.
Francia ha sido --por el momento-- la última en subirse al carro de la regulación de las descargas con su propia ley de los tres avisos (o ley Hadopi). No ha pasado ni un mes y el Constitucional francés ha intervenido para recordar que la interrupción del servicio de Internet no la puede decretar más que un juez, y que la «Alta Autoridad» prevista en el texto como mucho puede denunciar e investigar, pero no decretar desconexiones. Las declaraciones del socialista Jean-Marc Ayrault sintetizan perfectamente el estado de ánimo de muchos usuarios/consumidores: «La decisión ha sido clara. El corazón de la ley ha sido cancelado, esto significa que Internet es un derecho», equivalente al de expresión o reunión. Es posible que, cuando le llegó la noticia, el presidente Sarkozy estuviera preparando una ampliación del presupuesto destinado a instituciones penitenciarias con el objetivo de quintuplicar su capacidad y acoger a tanto presunto pirata.
Este mismo mes de junio, Gran Bretaña publicará la Digital Britain, una norma que pondrá impedimentos técnicos o ralentizará las descargas a los «bajones», aunque no contempla en ningún caso la desconexión forzosa de Internet. El debate sigue abierto ante el temor a repercusiones sociales que, en la práctica, la hagan inaplicable.
Ahora le toca el turno a España, que pone a remojar sus barbas al ver cómo se las cortan a sus vecinos. A día de hoy, la ley vigente para el sector de las comunicaciones digitales no se mete en el berenjenal de multar a los que realizan descargas, en parte por la esperada oposición que encontrará entre los ISP y en parte por los desastrosos resultados cosechados en los países que ya lo han intentado. En este asunto nos encontramos en una tensa espera en la que partidarios y detractores afilan sus argumentos en el ágora mediática. Aun así, las ínfulas del anterior ministro de Cultura y de su sucesora en el cargo prometían un cambio legislativo a la francesa, pero las últimas noticias son esperanzadoras, al menos en lo que se refiere al cine, y sugieren que se pretende legislar más allá del castigo: se está cociendo una orden ministerial que trata de aprovechar lo bueno que ha traído el cambio de costumbres digitales de los usuarios/consumidores. El texto actualiza los criterios de concesión de las subvenciones aumentando los canales que computan para calcular su cuantía: no sólo se tendrán en cuenta los rendimientos en taquilla, sino también las descargas de pago. Además, se incrementan los criterios para la concesión de ayudas a la producción, de manera que queden vinculadas al éxito de público o los premios obtenidos, y la calidad de los guiones deberá ser un factor fundamental para la inversión de dinero público. Al menos en esto vamos por el buen camino.
Reflexión final que poco tiene que ver con todo lo anterior pero que no quiero dejarme en el teclado: los sucesivos fracasos en Suecia, Nueva Zelanda y Francia, más los problemas que se presumen en Gran Bretaña demuestran que la vía legislativo-punitiva es un completo fracaso. Pero sobre todo demuestran que, ante la multiplicidad de objetivos, el usuario/consumidor (y, en general, el votante) reacciona mucho mejor ante objetivos concretos, en lugar de los grandilocuentes y genéricos proyectos de los políticos tradicionales, generalistas y analógicos por definición. La política sufre el mismo proceso de atomización que la televisión generalista y gratuita con la llegada de los canales temáticos y de pago: los que se centraron en un tema (deportes, géneros cinematográficos) sumaron audiencias, mientras que la dispersión perjudicó a la televisión de supuesto servicio público de toda la vida. En política está sucediendo algo parecido: en los setenta nació el movimiento de liberación gay, en los ochenta triunfaron los verdes y su programa centrado en la ecología, en los noventa destaca ATTAC y su lucha para conseguir una tasa que grave las transacciones financieras internacionales. Ahora le toca el turno al Partido Pirata (al que le salen cada día nuevas franquicias nacionales), que hacen del estigma de las descargas su orgullosa denominación.