Destruir milpas va contra la ley de Guatemala

La semana pasada constatamos que el tema de la tierra sigue más vivo que nunca en Guatemala, provocando conflictos sociales y dramas humanos. En este país, la gente se muere por un pedazo de tierra donde poder cultivar para comer. Y esto es literal: la milpa sigue generando mártires. Como blog preocupado por la alimentación de los seres humanos, no puedo evitar referirme al conflicto que se ha generado en la zona del Polochic por la ocupación y posterior desalojo violento de 17 fincas de la zona. Este tema ha generado valientes editoriales en El Periódico y fotos muy esclarecedoras en Prensa Libre.
Por no ser mi tema, no voy a referirme a quién posee la tierra ni para qué la quiere, no quiero hablar del derecho de los campesinos a tener una tierra donde cultivar los alimentos básicos para comer, ni sobre el tipo de actuación del gobierno de todos para defender la propiedad privada una sola empresa, ni a los gastos invertidos para llevar a cabo estos desalojos incluyendo la participación del Ejercito, ni de los mensajes que este tipo de actuación manda a diversos estamentos del país. Ese tipo de análisis lo dejo para comentaristas más doctos, politólogos y sociólogos rurales.
Yo sólo me voy a referir a uno de los temas más graves que han tenido lugar en el Polochic, y del cual parece no hablarse mucho: la destrucción, por parte del Estado, de los cultivos alimentarios de la población desplazada, violentando gravemente el derecho a la alimentación de esos ciudadanos guatemaltecos, tal y como establece la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional que tenemos vigente desde 2005. En un país con tantos problemas de desnutrición, el Estado no puede convertirse en un actor activo en la destrucción de las únicas fuentes de alimentos de las más de 700 familias que han sido expulsadas en Panzós. Esas milpas de maíz y frijol, algunas de ellas bien adelantadas y cercanas a la cosecha, son la única fuente de alimentos de las familias de ocupadores de fincas y, al destruirlas directamente o permitir su destrucción organizada por parte de terceros, el Estado de Guatemala está violando la ley que él mismo adoptó para proteger a los guatemaltecos del hambre.
En el tercer considerando de la ley de seguridad alimentaria se indica que el Estado, entendido como el poder ejecutivo, legislativo y judicial, tiene la obligación de respetar, proteger y realizar progresivamente este derecho para todos y todas. Esto quiere decir que el propio Estado no puede tomar ninguna medida contra la alimentación de las personas, que el Estado debe prevenir que terceras partes (individuos, grupos o empresas) interfieran en este derecho, y que el Estado debe crear las condiciones adecuadas para la realización efectiva de este derecho, incluyendo la provisión de alimentos para los individuos que no puedan procurarlos por sí mismos.
Si vemos los desalojos de Panzós desde esta perspectiva, sin entrar a cuestionar las bases legales del mismo ni la propiedad sobre la tierra, tenemos que numerosas familias han sido forzadas a abandonar la milpa sembrada, sobreviviendo actualmente a la intemperie, sin alimentos ni agua potable. En segundo lugar, el Gobierno y el juez han permitido que terceras personas manejaran la maquinaria que ha destruido las milpas, permitiendo que pongan en riesgo la alimentación de los campesinos expulsados. Finalmente, esos campesinos expulsados están sin reservas de alimentos, ni medios para producirlos, ni empleos para comprarlos, y por tanto están en una inseguridad alimentaria alarmante. Si la justicia ha autorizado esta actuación y el Gobierno la ha llevado a cabo, ambos poderes deberían ser responsables de garantizar la alimentación de estas familias.
Guatemala es un estado de derecho, en el cual las distintas instituciones del Estado tienen obligaciones hacia los ciudadanos y ciudadanas. El derecho a una alimentación adecuada está recogido en la Constitución de la República, en los artículos 51, 96 y 99, así como en la ley ya mencionada. Arrasando milpas, permitiendo que terceros destruyan los alimentos y no proporcionando ayuda alimentaria a la población desplazada parecen ser tres acciones mal llevadas por el Estado, que implican una violación del derecho que el mismo Estado está obligado a proteger.
Y el caso es que se podrían haber hecho las cosas de otra manera, alimentariamente hablando, ejecutando la orden de expulsión al recoger las cosechas, o expulsando a las gentes pero respetando su fuente de alimentos, o garantizando el agua, la alimentación y la vivienda a las personas expulsadas, preocupándose de su futuro inmediato una vez quemadas sus casas y destruidas sus cosechas.
En un país que tiene la mitad de sus niños desnutridos y que enfrenta actualmente serios problemas alimentarios, con la tortilla por las nubes y los silos semivacíos, no parece muy sabio destruir los alimentos de los campesinos pobres y gastar combustible para destruir cultivos para luego plantar otros cultivos que produzcan combustible. No suena lógico. Ocupar tierras ajenas no está bien, pero destruir la comida está mucho peor.