Dicen que "estos delitos contra la propiedad intelectual pueden destruir empleos, suprimir la innovación y poner en peligro la seguridad de los consumidores".Sólo el Departamento de Justicia ha otorgado casi 11 millones de dólares (8,2 millones de euros) a las autoridades locales y estatales para combatir la piratería.
