El Ayuntamiento de Errenteria-Guipúzcoa acumula denuncias por acoso laboral que le cuestan 900.000 euros

Le quedan pendientes de juicio aún dos de los cuatro casos
El Consistorio estudia si recurrir la última sentencia que le condena a pagar 284.000 euros a un arquitectoLas cuatro denuncias por acoso laboral que acumula el Ayuntamiento de Errenteria (Guipuzcoa) en los últimos años están saliendo muy caras a este municipio de Oarsoaldea y amenazan con ahondar en la herida después de que el Consistorio encajase la pasada semana una nueva sentencia condenatoria que le obliga a indemnizar con 284.000 euros a un arquitecto municipal que denunció su situación por mobbing entre los años 1995 y 2007.El suyo no es más que uno de los cuatro casos abiertos por posible mobbingque afectan a funcionarios del Ayuntamiento de Errenteria durante los mandatos de los alcaldes Miguel Buen y Juan Carlos Merino, ambos del PSE-EE, entre 1992 y 2007. Los denunciantes por acoso laboral sufrieron afecciones psíquicas que derivaron en bajas médicas de larga duración e incapacidades permanentes. Aunque todos tienen, en el ámbito de la salud, reconocimiento por enfermedad laboral, el del técnico de Urbanismo (arquitecto) -sus iniciales son J.A.I- es el segundo de los cuatro que ha llegado a juicio, mientras otros dos están pendientes aún.Con todo, y pese a que quedan casos por resolver, la Justiciaha condenado ya al Ayuntamiento de Errenteria a pagar unos 900.000 euros entre indemnizaciones directas y recargos de prestaciones. Este último concepto responde a un depósito que le exige la Seguridad Socialal Consistorio para hacerse cargo de parte de las pensiones por incapacidad que se les han concedido a los dos afectados con sentencia favorable por enfermedad laboral con responsabilidad por parte del Ayuntamiento.El primer revés judicial importante que sufrió el Ejecutivo de Errenteria llegó hace ya más de tres años y hacía referencia al caso de una exagente de la Policía municipal que declaró en contra de un superior en un juicio. La sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) condenó en julio de 2009 al Ayuntamiento de Errenteria "por responsabilidad empresarial". Le imponía asumir un recargo del 40% en las prestaciones asignadas por la Seguridad Sociala esta extrabajadora municipal, lo que suponía depositar 200.000 euros en la Seguridad Social; luego le siguieron otros 200.000 que decretó otro juez a modo de indemnización por los daños causados.En el citado fallo del TSJPV, el tribunal estimó que había concurrido "responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo", lo que dio lugar a un "hostigamiento continuo" que, finalmente, originó la "baja médica" por problemas psíquicos de la exempleada municipal en diciembre de 2004.La misma sentencia reconocía el "acoso sistemático" al que había sido sometida la agente desde que en 1994 declaró en un juicio contra un superior. Su caso continúa abierto hoy en día en los tribunales con sendos recursos por ambas partes.Paralelamente, el arquitecto municipal de Urbanismo cuya sentencia se acaba de conocer esta semana, J.A.I., venía siendo acosado en el trabajo -según admite ahora un juez- entre 1995 y 2007. El afectado reclamó 600.000 euros por el daño moral causado y las secuelas que afectaron a su vida personal. El Juzgado de lo Contencioso de Donostia admite que la "fatal gestión y administración fue el determinante de su agotamiento psíquico y lo llevó a la anulación total de su personalidad".El magistrado, al mismo tiempo, considera probado que desde 1995 el Ayuntamiento conocía la "penosa situación" del trabajador y reconoce la presión inhumana que tuvo que soportar por parte de los responsables políticos de turno, que en ese momento eran del PSE-EE. Y todo, por oponerse, con criterios técnicos, a varios de los planteamientos del Gobierno municipal.En lo referente a este caso, el Consistorio ya ha adelantado a la Seguridad Social otros 200.000 euros por recargo de prestaciones, lo que eleva la cantidad total desembolsada a unos 900.000 euros si se suman ahora los 284.000 de indemnización.Comisión de investigaciónEn cola de espera, hay otros dos afectados. Se trata del responsable de Mantenimiento Urbano del Consistorio. Su caso debería ser el siguiente en pasar por los juzgados. Lleva de baja desde finales de 2009 y se encuentra en situación de incapacidad permanente por "accidente laboral de origen psicosocial", tal y como han reconocido sentencias judiciales. El TSJPV admitió que la incapacidad temporal y la posterior incapacidad permanente eran de carácter laboral. El cuarto caso afecta al técnico de Protección Civil, que actualmente permanece de baja y con tratamiento psiquiátrico.Esta situación no es desconocida para el resto de grupos de la Corporación municipal, ya que las cuatro denuncias demobbing causaron una gran convulsión en el Ayuntamiento entre 2010 y 2011, cuando comenzaron a conocerse las primeras decisiones judiciales.Alarmados por que un mismo Ayuntamiento acumule cuatro denuncias con indicios de responsabilidad del Gobierno municipal, se procedió a la apertura de una comisión de investigación política, pese a las reticencias iniciales del PSE, partido en el Gobierno.Finalmente, la comisión formada por los grupos políticos eludió buscar culpables y planteó una serie de medidas para evitar más casos de mobbing.