El color del dinero

La intervención social en Servicios Sociales lleva un tiempo en una deriva que le hace escorarse cada vez más hacia las prestaciones económicas como respuesta a las problemáticas sociales, en una especie de respuesta universal en la que tanto profesionales como ciudadanos encontramos acomodo.

Porque una gran parte de la gente que acude a Servicios Sociales lo hace para que se le pague el recibo de la luz, para que se le pague el alquiler o para que se le proporcione recursos económicos para afrontar por ejemplo su subsistencia diaria o las dificultades que atraviesa por su condición de dependencia. Estas dificultades económicas ocupan gran parte de las demandas en nuestro sector. Y de sus respuestas.
En parte como consecuencia de la crisis económica (que se ha cronificado en grandes sectores de la población en nuestro país), pero también por razones ideológicas, históricas y tecnológicas, las principales funciones de los servicios sociales se están realizando a través de transferencias económicas. El asunto se resume en dar dinero a quien atraviesa dificultades económicas. No muy lejos de dar dinero a los pobres, que tal vez no nos guste como suena pero que puede responder en gran parte a lo que hacemos.
Y es que hemos perdido el relato, si alguna vez lo tuvimos. Prueba de ello es este artículo  en el que se da cuenta de un informe elaborado por el Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, donde se pone de relieve que los servicios sociales fueron concebidos para una sociedad del pasado y por tanto deben rediseñarse.
Viene a decir el artículo (desconozco si es así en el informe, que no he leído) que por un lado el incremento de la pobreza (consecuencia de la precarización del empleo) y por otro los factores sociodemográficos derivados de los cambios familiares, la inmigración y sobre todo, el envejecimiento de la población, obligan a revisar la labor asistencial de los servicios sociales locales.
Del artículo puede deducirse (insisto, sin leer el informe) que ese rediseño debe ir en la línea de atender la pobreza, el envejecimiento y la inmigración mediante prestaciones económicas conceptualizadas como derechos sociales.
La "novedad" propuesta, por tanto, parece ser la vuelta a lo asistencial, fortaleciendo esta vertiente dentro de los Servicios Sociales., vertiente que en algún momento algunos creimos que podría superarse.
Sobre el alcance de las prestaciones económicas en servicios sociales he hablado mucho en este blog. Además de opinar que no son competencia del sistema de servicios sociales, para lo único que sirven es para ayudar (en muchas ocasiones ni siquiera de manera íntegra o protagonista) a que la gente sobreviva, pero permaneciendo dentro del mismo nivel de dificultades y sin promocionar el acceso a otros niveles menores de sufrimiento o problemáticas.Ya hablé de algunas de estas cosas en esta  entrada de hace un tiempo: "Teoría de los estratos"  
Del mismo modo que en esta otra entrada: "Las leyes de Newton y la atención a la pobreza” proponía deconstruir la ecuación POBREZA-SERVICIOS SOCIALES-DINERO mediante, entre otras cosas, el diagnóstico de las situaciones que hay detrás de esas dificultades económicas.
Proponía pasar de la evaluación (lo que venimos haciendo, que consiste básicamente en constatar la carencia económica o certificar la situación de pobreza) al diagnóstico, entendido como la comprensión objeto de la intervención, su génesis, evolución y pronóstico, así como los aspectos relacionales subyacentes.
Esto es: comprender qué hay detrás de la situación de una persona o familia que carece de recursos. Las dificultades económicas, ¿son una circunstancia objetiva en sí misma o son el síntoma de alguna otra disfunción? ¿Cómo han llegado a esta situación? ¿Pueden hacer algo para salir de ella? ¿Siempre ha sido así? ¿por qué? ¿Quién está principalmente implicado en el problema? ¿Y en la solución? ¿A quién afecta más? ¿Denuncia algo -o alguien- esta situación?... Y tantas otras.
No se trata de preguntas fáciles, pues muchas de ellas nos van a llevar a cuestionar los procesos de delegación y desresponsabilización que estas personas y familias atraviesan. Y eso es algo que está prohibido. Prohibido porque no tenemos tiempo, porque nos complica la vida, porque las normas nos exigen que evaluemos, no que diagnostiquemos, porque asociamos comprender a juzgar…
Claro que no hacer este trabajo tiene consecuencias. La ayuda económica toma un cariz más de indemnización que de verdadera ayuda y la cronificación es una deriva tan probable como inevitable.
Tanto como el debilitamiento de las potencialidades y procesos de autoayuda que tienen las propias personas y familias, dentro de sí mismas o en sus redes familiares y sociales. Procesos que más que potenciar y reforzar, nos hemos dedicado a sustituir sin reflexionar sobre las consecuencias que podía tener.
La salida no es fácil tampoco, pues exige un rediseño de toda la política social,  desarrollando de verdad un sistema de atención a la pobreza donde el sistema de garantía de ingresos, el de vivienda y empleo asuman sus responsabilidades, condición imprescindible para que el sistema de servicios sociales pueda desarrollar las prestaciones relacionales y de convivencia que deberían ser su principal objeto.