Puesto porJCP on Aug 7, 2014 in Autores
Cuando Venezuela cayó en cesación de pagos en 1902, barcos de guerra alemanes, británicos e italianos bloquearon los puertos del país sudamericano hasta que el gobierno se vio obligado a pagar.
El mundo se ha vuelto más cortés desde entonces, gracias al orden financiero internacional que se instauró en la conferencia de Bretton Woods, New Hampshire, después de la Segunda Guerra Mundial. Y es ese orden financiero internacional el que está en peligro tras el default argentino de hace unos días.
Los hechos resumidos son los siguientes: en diciembre de 2001, Argentina dejó de pagar US$ 81.000 millones en bonos soberanos. Era el default más grande de la historia. El presidente Fernando de la Rúa había renunciado pocos días antes, en medio de una profunda crisis económica y política. Entre 1998 y 2002, la economía argentina se contrajo en 20%.
En 2005 y 2010, en dos rondas de renegociación, el presidente Néstor Kirchner logró que los acreedores del 92,4% de la deuda en bonos aceptaran un pago de entre 35 y 60 centavos por cada dólar, con un plazo más largo y tasa de interés más baja que la deuda original. Quienes tenían los bonos por el 7,6% restante de la deuda no quisieron renegociar, prefiriendo la opción más arriesgada y más rentable de intentar que Argentina les pagase todo el dinero que les adeudaba más los intereses. O conversar con Argentina para llegar a una tercera renegociación en condiciones más ventajosas que las que habían logrados las dos rondas anteriores.
El gobierno argentino se negó a conversar con ellos para llegar a un arreglo. Cristina Kirchner llegó a la presidencia, los acusó en público de buitres y reiteró que no se sentaría a conversar con ellos.
Ante la imposibilidad de un nuevo acuerdo, un grupo de estos acreedores, que tienen en su poder bonos por US$ 1.300 millones y son liderados por el fondo de capital de riesgo NML Capital, demandaron a Argentina en los tribunales de Nueva York, ciudad donde se emitieron y suscribieron los bonos originales. El fallo judicial prohibió a Argentina pagar a los acreedores que habían renegociado en las dos rondas si no pagaba, al mismo tiempo, a los acreedores demandantes, los que no habían renegociado. Argentina tenía disponible el dinero para pagar a sus acreedores renegociados, que ya estaba en un banco listo para ser cobrado, pero por orden judicial el banco no pudo hacer la transferencia y Argentina cayó en cesación de pagos
Cristina Kirchner y su delfín Axel Kicillof tienen mucha culpa de lo que ha pasado. El gobierno se negó a dialogar con los acreedores que no habían renegociado, incluso en los recientes años de abundantes divisas por obra y gracia del boom temporal de la soya. Y se negó a conversar hasta un día antes del default del 30 de julio. La obstinación patriotera de Cristina Kirchner puede haberle dado dividendos políticos dentro de Argentina junto con exacerbar el chauvinismo sus compatriotas, pero le impidió llegar a una solución mucho más barata que el costo que debe pagar hoy.
El comportamiento económico y financiero de Argentina en los últimos años ha sido malo, por no decir pésimo, y no sólo por estatizar empresas que había privatizado o por falsear las estadísticas nacionales. Es verdad que la política económica del gobierno de Kirchner -abrir un hoyo para tapar otro-, en gran medida fue forzado por el default de 2001, que le quitó al país acceso a los mercados internacionales de capital, y el default de 2001 no fue responsabilidad de los Kirchner. Pero el país tuvo margen para negociar en los recientes años de bonanza y decidió no hacerlo, lo cual hoy tiene a Argentina en recesión. Incluso si el país termina no pagando la deuda no renegociada, su victoria será una derrota.
Pero el gobierno de Cristina no es el único culpable. Su culpa la comparten el fallo judicial neoyorquino y el sistema judicial estadounidense. Si es legal prohibir que se pague a algunos acreedores si no se les paga al mismo tiempo a todos los demás acreedores, entonces el sistema para lidiar con los defaults de deuda está quebrado. En los casos de quiebra corporativa o personal, cuando un deudor no puede pagar, un juez busca un acuerdo entre deudor y acreedores que cause el menor daño posible a ambos, definiendo qué acreedores cobrarán primero y qué porcentaje de la deuda original van a poder cobrar. Pero como no hay tribunales de quiebra para los países, el juez neoyorquino que dictaminó que Argentina debe pagar a todos al mismo tiempo simplemente hizo cumplir un contrato en vez de buscar una solución de compromiso entre el deudor, los acreedores ya renegociados y los acreedores demandantes.
Los fondos buitre, para usar la denominación favorita de los argentinos, ya habían intentado conseguir en Europa fallos judiciales como el que tuvieron hace pocos días en Nueva York. Lo intentaron con Perú y con Nicaragua, y en el segundo caso el fallo judicial fue que los bancos no son responsables de cumplir contratos que ellos no han suscrito. Con ese dictamen, el banco donde estaban depositados los fondos argentinos para ser cobrados por los acreedores preferenciales habría podido pagar a esos acreedores y Argentina no habría caído en cesación de pagos. El Reino Unido, Bélgica y otros países europeos han promulgado leyes en este sentido y los legisladores estadounidenses deberían hacer lo mismo.
La nueva cesación de pagos de Argentina no tendrá el efecto devastador que tuvo la de 2001, pero no ayudará al país a salir de la actual recesión. Sin embargo, el impacto más grande del fallo judicial neoyorquino está en lo que sucederá con la deuda soberana a nivel global.
El dictamen de Nueva York dificulta las futuras renegociaciones de deuda al dar a los acreedores la señal de que, si se quedan con los bonos hasta el final, recibirán el 100% de lo adeudado. Los países en cesación de pagos no podrán contar con el recurso de renegociar su deuda si no pueden pagar. El fallo neoyorquino, además, atenta contra el atractivo que tiene hoy Wall Street para la emisión de bonos.
Antes del fallo que causó este default, el FMI advirtió que un dictamen favorable a los acreedores demandantes -de suceder-, tendría implicancias sistémicas, socavando todos los procesos de reestructuración de la deuda soberana. Brasil, Francia y México, además de 100 economistas de renombre internacional -entre ellos Joseph Stiglitz y otros tres ganadores del Premio Nobel de Economía- entraron públicamente a la palestra con planteamientos similares.
Con discursos patrioteros y su negativa al diálogo, el gobierno de Cristina Kirchner compró pan para hoy y hambre para mañana. Pero el fallo neoyorquino ha sido el equivalente contemporáneo de los barcos europeos que bloquearon en 1902 los puertos del paìs que no pagaba su deuda.
Una sola cosa buena puede surgir de todo esto. El consenso de que el mundo necesita un marco formal para las renegociaciones de deuda soberana. Que alguien se lo diga a Estados Unidos.
MacMardigan