El envejecemiento de la población y el consecuente aumento de dependencia y cronicidad suponen un problema para la sostenibilidad de la sanidad

La atención sanitaria en España tiene un importante problema de cara al futuro. El envejecimiento de la población y el consecuente aumento de la cronicidad y dependencia contribuyen a agravar sus problemas de sostenibilidad. Es de lo que advierte Sergi Jiménez-Martín, profesor de economía de la Universitat Pompeu Fabra, que estos días participa en las XXXII Jornadas de la Asociación de Economía de la Salud (AES), el congreso sobre economía de la salud más importante de España.
No en vano, postula Jiménez-Martín, “las enfermedades crónicas son ya la primera causa de demanda asistencial en los centros sanitarios españoles, siendo el 80% de las consultas de atención primaria y el 60% de los ingresos hospitalarios”. No es raro, pues, que el futuro se presente complicado para la asistencia teniendo en cuenta el envejecimiento de la población que sufre este país. “Según el libro blanco de la coordinación sociosanitaria, se estima que para el año 2020 estas enfermedades crónicas sean la principal causa de discapacidad y dependencia y que hacia 2030 doblará su incidencia en los mayores de 65 años”, apunta el experto. De hecho, los mayores de 65 años ocupan ya en la actualidad la mitad de las camas de hospital, así como la mitad también del gasto en medicamentos está destinado al consumo farmacéutico de los pacientes crónicos.
¿Hay solución? En las Jornadas de la AES se debatirán no sólo las posibles consecuencias de este envejecimiento de la población, sino sus posibles soluciones. En concreto, Jiménez-Martín apunta de inicio hacia la puesta en marcha de un Pacto por la Salud “Esto supondría la existencia de un Consejo Interterritorial de la Salud único que englobara a los representantes de sanidad y servicios sociales y que mantuviera las estrategias generales de salud fuera de las luchas partidistas”.
Asimismo, apuesta por un nuevo modelo de atención crónica, con un abaratamiento de costes sin pérdida de calidad en residencias y centros de día, unido a una evaluación continua de las experiencias de coordinación/integración que se adopten y a una reforma del actual sistema de financiación hacia uno “que no contemple de manera estanca los servicios sanitarios y los servicios sociales, lo que difícilmente escapa al riesgo de asignar ineficientemente los recursos entre ambos sistemas”. El experto defiende, además, la “integración de los servicios sociales en el conjunto de servicios esenciales, financiados públicamente junto a los servicios sanitarios y los educativos, así como nuevas herramientas fiscales y de aseguramiento que aumenten la recaudación de manera directa, para paliar la actual insuficiencia financiera del sistema”.
Otra de los campos en los que el sistema podría mejorar su eficiencia, según este experto, es en la red de cuidado familiar, con un nuevo modelo también de prestación, en el que primase la prestación de servicios por encima de las prestaciones económicas. Coordinación de los diferentes servicios, colaboración entre la sanidad pública privada o el desarrollo de la Tarjeta sanitaria Individual son otras de las opciones que Jiménez-Martín pone sobre la mesa en el congreso.