El Estado argentino expuso sobre libertad de expresión ante la CIDH

“No se trata de juzgar las intenciones del gobierno actual ni el desempeño del anterior” pidió Horacio Verbitsky apenas comenzó la audiencia pública que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ofició esta mañana en Washington para tratar la queja formal contra el Estado argentino por haber incumplido estándares internacionales de libertad de expresión. De esta manera el presidente del CELS (se) adelantó a la estrategia de los representantes del Poder Ejecutivo Nacional: trasladar la acusación a la administración kirchnerista y anunciar el comienzo de un “camino superador y moderno” en palabras del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj.

De los cuatro funcionarios que expusieron en la audiencia presidida por James Cavallaro, sólo Eduardo Bertoni (sin ninguna relación con la autora de este blog) se concentró en el planteo específico de los peticionarios, es decir, en la protesta contra los decretos de necesidad y urgencia que desarticularon las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y Argentina Digital. De hecho, el actual director nacional de Protección de Datos Personales le reprochó a la primera una “redacción muy imprecisa” y los “enormes poderes” que le daba a la autoridad de aplicación.

Ajeno a la estrategia generalizada, Bertoni recordó que no existe un solo modelo legítimo de política comunicacional, y que la única condición sine qua non es el cumplimiento “de ciertos estándares internacionales”. Luego se refirió a la elaboración de un anteproyecto de ley que apunta al reemplazo de aquéllas recortadas por el Decreto N° 267/15: calificó de prematura cualquier especulación al respecto, y transmitió el compromiso gubernamental de informar a la CIDH sobre el desarrollo de la propuesta y de pedirle asesoramiento si fuera necesario.

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Avruj, el secretario de Derechos Humanos bonaerense Santiago Cantón y el presidente del flamante ENACOM Miguel de Godoy prefirieron criticar al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y anunciar un futuro prometedor. El primero se refirió a las “restricciones a la libertad de expresión de los últimos seis años”, al uso de la pauta oficial “para censurar de manera indirecta a medios opositores y a favor de los medios obsecuentes”, a la “hegemonía comunicacional del gobierno nacional por encima de la pluralidad de voces de los medios independientes”.

Avruj también les contó a los comisionados que la actual administración les asegura “el ejercicio pleno de la libertad de expresión a todos los ciudadanos”, que “los trabajadores de prensa han podido entrevistar al Presidente Mauricio Macri con una agenda abierta”, y que ahora la asignación de pauta oficial “responde estrictamente a los criterios de información pública”. Antes de concluir que los argentinos “retomamos la vigencia del Estado de Derecho”, el secretario de DD.HH de la Nación aclaró que “el Decreto 267 recibió el debido tratamiento en el Congreso Nacional“.

Su par bonaerense se amparó en este informe anual expedido por la misma CIDH para citar “casos emblemáticos” que ilustran las “violaciones a la libertad de expresión cometidas por el gobierno anterior”. Entre ellas, la destrucción de un ejemplar de Clarín a manos del entonces jefe de Gabinete Jorge Capitanich, la agresión al auto del periodista Nicolás Wiñazki, la publicación de los datos del vuelo que el periodista Damián Patcher tomó por temor a represalias, los cascotazos al edificio donde vivía Jorge Lanata, las 44 cadenas nacionales de CFK en 2015.

El más lacónico De Godoy sugirió mirar toda la película en lugar de la foto, definió los decretos de Macri como “medidas inmediatas” en defensa de la libertad de expresión y prometió que “ningún jefe de Gabinete del actual gobierno va a romper la portada de un diario”. Visiblemente afín a las alegorías, el presidente del ENACOM también advirtió que no se puede “mirar el futuro a través de un espejo retrovisor”.

Si no fuera por la intervención de Bertoni, podría decirse que el Estado argentino evitó responder los reclamos de los peticionarios sobre las consecuencias del cambio iniciado por decreto. Las nuevas normas “le dieron la espalda al problema de la concentración” y alentaron la “combinación entre la discrecionalidad del mercado y la discrecionalidad del Poder Ejecutivo” sostuvo el académico Martín Becerra. La concentración afecta al pluralismo y provoca la pérdida de fuentes de empleo, advirtió su par Damián Loreti, además de señalar que -con el reemplazo de la AFSCA por el ENACOM- la regulación de los servicios dejó de ser responsabilidad de un consejo federal y multisectorial para depender exclusivamente del criterio de cuatro directivos designados por el PEN. Se desconoce la comunicación sin fines de lucro o comunitaria, denunció el presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias Néstor Busso.

La plataforma online que transmitió la audiencia en vivo registró el pico de conexiones (948) cerca del cierre del encuentro, cuando intervinieron los comisionados Paulo Vannuchi, Francisco José Eguiguren, Edison Lanza y el mencionado Cavallaro. “Cada uno tiene una partecita de verdad” concedió el primero, acaso como adelanto de una mediación institucional que satisfizo a demandados y demandantes: a los funcionarios argentinos porque se los favoreció con el tiempo de gracia que merecen los gobiernos nuevos y porque se apostó a la declaración de buenas intenciones; a los peticionarios por el respaldo acordado a la advertencia sobre la -siempre dañina- concentración de medios y al reclamo de un Estado respetuoso de la pluralidad de voces y por lo tanto de las iniciativas comunitarias.