El fondo de Reserva de la Seguridad Social se agotaria en 2029 sin retrasar la jubilacion

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social agotará los 62.500 millones de los que dispone ahora si se acomete una reforma de las pensiones que sólo alargue el periodo de cálculo a los últimos 20 años y mantenga la edad legal de la jubilación en los 65 años actuales, según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).
Así lo ponen de manifiestos tres economistas de la fundación --Juan Rubio-Ramírez, Javier Díaz-Giménez y Julián Díaz-Saavedra-, quienes analizan tres supuestas reformas del sistema público de pensiones.
En el caso de que el Pacto de Toledo sólo acordase ampliar en cinco años el número de años a tener en cuenta para calcular la pensión, los expertos estiman que el primer déficit de la Seguridad Social se daría en 2017, un año más tarde de lo previsto si no se desarrolla ninguna reforma. Así, el déficit alcanzaría en el 2050 alrededor del 9,9% del PIB, esto es, unos 99.000 millones de euros.
Si los grupos parlamentarios, que ultiman las negociaciones para alcanzar un acuerdo antes de finales de año, aceptaran la propuesta del Gobierno de retrasar la jubilación a los 67 años, además de elevar el periodo de cálculo hasta los últimos 20 años, la extinción del Fondo de Reserva se aplazaría hasta 2037, once años más tarde. Mientras, el déficit del sistema alcanzaría el 7,8% del PIB, unos 78.000 millones.
Otras de las opciones que manejan los economistas de Fedea es que se opte por tomar como referencia para fijar la pensión toda la vida laboral, tal y como propone el colectivo conocido como los "100 economistas", así como por elevar la jubilación en dos años desde los 65 años actuales.
En este supuesto, el Fondo de Reserva agotaría sus recursos en 2042 y se acumularía un déficit en el sistema del 4,7% en la mitad del siglo. Eso sí, a costa de la pensión media, que se vería reducida en un 26,4%.
Para todos los casos, los miembros de Fedea establecen el inicio de este año como anuncio de la reforma y contemplan un cambio de la base reguladora de forma "gradual" que comienza a adoptarse a partir de 2013 y con incrementos de un año cada ejercicio. Para las edades de jubilación, su retraso se aplicaría en un año en 2018 y en otro año adicional en 2022.
(fuente:europa press)