Puesto porJCP on Dec 6, 2012 in Autores
El Estado, con la promulgación del “Anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local”, en lo formal obra del gobierno del PP dada a conocer el pasado verano, se propone eliminar casi por completo dos de las instituciones de la sociedad rural popular tradicional de los pueblos de la península Ibérica, el concejo abierto (como tal o en la forma de Juntas Vecinales) y las tierras comunales.
El pretexto es la supresión de las “entidades locales menores” (aldeas, pedanías, etc.), unas 3.300 en toda “España”, que serían absorbidas por los Ayuntamientos de su comarca. Tal significaría, por un lado, el fin del orden asambleario que, aunque muy desnaturalizado, aún subsiste en las unidades poblacionales más pequeñas, para imponer hasta en el último rincón el aciago sistema partitocrático. Por otro, la venta y privatización del comunal (hoy subsisten unos 3,5 millones de has), que sería apropiado por los Ayuntamientos con la absorción, y que éstos enajenarían de inmediato, en la gran mayoría de los casos, dado que tienen un grado de endeudamiento colosal, como todo el resto del aparato estatal.
Una consecuencia derivada de esto último es que, muy probablemente, las tierras comunales expoliadas a los pueblos por el Estado (a través de los Ayuntamientos) y convertidas en propiedad privada serán desarboladas, como ha ido sucediendo con la gran mayoría del comunal desamortizado (privatizado), con las leyes de 1770, 1813, 1855 y otras dictadas por el Estado español. Ello agravaría la desertificación, la disminución de precipitaciones (que ya han caído un 5% en 1990-2010), pérdida de materia orgánica, reducción aún mayor de la biodiversidad, incremento de las plagas y males de la flora y la fauna, etc.
Pero lo más importante es lo que todo ello significa como agresión al patrimonio inmaterial de nuestra sociedad rural popular tradicional, así como a la memoria de las generaciones de más edad y a la comprensión del pasado inmediato en las más jóvenes. Sin el comunal y el concejo abierto no podemos comprendernos, no podemos proyectarnos sobre el futuro, no podemos establecer un programa de revolución integral ni realizarlo. Tampoco conseguiremos ser personas con arraigo y raíces, que saben de dónde vienen y se construyen a sí mismas.
Por tanto, el mencionado proyecto del Estado español es un paso más hacia la fabricación en serie de seres nada, esto es, individuos anulados y deshumanizados, robots sólo buenos para el trabajo asalariado, la depresión crónica y el servilismo global.
Se ha de enfatizar en el hecho de que sea el Estado el que, una vez más, se dispone a asestar un golpe devastador al mundo rural. Lejos de ser su “protector” por medio de “leyes justas” (por ejemplo, de tipo medioambiental, etc.), como aún siguen manifestando muchas corrientes políticas y movimientos sociales que viven de las subvenciones y los chanchullos, ha sido y sigue siendo la causa principal de pérdida de la libertad política y civil, desestructuración, aculturación, deforestación y daño medioambiental en el mundo rural.
Por eso la acción colectiva en defensa del concejo abierto y el comunal, contra la legislación que se propone destruirlos en su gran mayoría, ha de ser popular y de base, sin fe en el Estado (instituciones de Madrid, autonomías y ayuntamientos) ni componendas socialdemócratas, sin mendigar nada ni esperar que tal o cual partido sea el que “arregle” el problema. Ha de ser acción del pueblo y sólo del pueblo.
Félix R. Mora