El gobierno español declara la guerra a los funcionarios

El ministro -o lo que sea- don Cristobalito Montoro, ese ser de aspecto y actos ratoniles que dicen comanda la Hacienda Pública del Reino de España, acaba de declarar que hay que poner a trabajar más horas a los funcionarios españoles y que sobre todo, se ha acabado eso de creerse que porque se haya aprobado una oposición uno ya tiene un puesto de trabajo asegurado para toda la vida.
Con semejante regüeldo, el petimetre Montoro demuestra su ignorancia supina acerca de la función pública española y del marco legal en el que se mueven las relaciones laborales existentes en ella.  Y es que por ejemplo, resulta que ahora los lumbreras del gobierno que dicen comanda Mariano Rajoy quieren "implantar" el horario semanal de treinta y siete horas y media para toda la Administración Pública... cuando en Catalunya por ejemplo, hace décadas que funciona.
Los funcionarios arruinan el país, dicen sin disimulo desde los aledaños del poder monclovita. En realidad los funcionarios disfrutan desde hace años en toda España de salarios congelados, convenios colectivos hibernados y de horas extras que se trabajan y se dejaron de cobrar en los años ochenta.
También gozan de múltiples beneficios sociales, como los planes de pensiones paralizados desde hace años en cuanto a la aportación comprometida por las Administraciones implicadas. Y por supuesto, disfrutan de mutuas médicas  y servicios específicos desmantelados o en trance de serlo, a pesar de las cotizaciones que se les siguen siguen descontando religiosamente cada mes,
Sus sindicatos son escarnecidos por los dirigentes políticos, y sus delegados sindicales perseguidos.
Desde hace años se ha paralizado la oferta pública de ocupación en la mayoría de Administraciones; es decir, no se convocan oposiciones que cubran los puestos de trabajo que quedan libres por jubilación, con lo cual cada vez menos gente debe asumir más trabajo y hacerlo por menos salario.
Tampoco hay ya oferta de promoción interna (otro modo de congelar salarios: mantener a un funcionario en la misma categoría y lugar de trabajo todo el tiempo posible), y han desaparecido de facto los contratos laborables indefinidos. De hecho, se ha despedido en masa a los trabajadores con ese tipo de contrato, la mayoría de ellos imprescindibles en servicios como la sanidad y la educación públicas (por eso fueron contratados en su día, porque se les necesitaba).
Mientras tanto, crecen como la espuma las contrataciones a dedo de asesores sin funciones específicas y de miembros de Consejos de Administración con asiento remunerado mensualmente y con derecho a dietas, puestos que se cubren con familiares, amigos y correligionarios de quienes gobiernan. El caso de los familiares y allegados de Soraya Saénz de Santamaría y de Dolores Cospedal enchufados en cargos públicos es tal vez el más escandaloso, por el descaro y la indecencia con el que las implicadas manejan estos asuntos.
Pero es que además es imposible desvincular la estabilidad laboral de los funcionarios de la existencia misma de la Administración Pública ¿Acaso no son funcionarios también los jueces? ¿y los policías? ¿y los militares? ¿Tendrán gónadas los muchachos de Rajoy para despedir a un juez en pleno ejercicio de sus funciones, simplemente porque el Gobierno considere que el número de expedientes que resuelve es inferior a la media, por ejemplo? ¿O solo despedirán a quienes no puedan contraatacar? Ya se sabe, los Gobiernos de la derecha extrema/extrema derecha española son implacables con los débiles y sumisos hasta el sadomasoquismo con los poderosos.
El asalto a la función pública, de llevarse finalmente a cabo, será la tumba de este Gobierno. Porque si cruzan esa línea de no retorno, toda forma de lucha para derribarlo no solo será lícita sino necesaria para el bien público. Y al cabo, sus integrantes acabarían un día u otro respondiendo ante un tribunal por el delito más grave que puede cometer un responsable público: el sabotaje y la destrucción de los servicios públicos pagados por todos los españoles.