El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha solicitado este viernes la colaboración de las comunidades autónomas para que el nuevo modelo de tarjetas monedero esté a pleno rendimiento a partir del 1 de enero de 2025.
Fase de transición y expectativas
En una entrevista, Bustinduy ha reconocido que es normal que en una fase de transición como la actual surjan dificultades. Sin embargo, ha enfatizado que lo que esperan los ciudadanos es que todas las administraciones colaboren para que esa transición funcione de la mejor manera posible.
Limitaciones actuales y mejoras futuras
El ministro ha recordado que en esta fase de transición hay un número limitado de supermercados en el que las familias beneficiarias de las tarjetas monedero podrán hacer sus compras. A partir del 1 de enero de 2025, las comunidades autónomas van a poder ampliar y mejorar este sistema.
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Garantías y beneficios del nuevo sistema
Bustinduy ha aclarado que ni los bancos de alimentos van a cerrar ni las familias que no percibirán las tarjetas monedero se van a quedar sin ayudas. Ha calificado el nuevo sistema de una buena idea y un buen modelo por el que votaron a favor todas las comunidades autónomas en 2021.
Reunión sobre política social y financiación
El ministro de Asuntos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, se reúnen este viernes 26 en Córdoba para abordar asuntos de política social. En particular, se centrarán en la financiación del sistema público de la dependencia y el nuevo criterio de reparto de alimentos básicos a través de las tarjetas monedero.
Cambio de criterio y necesidad de soluciones
La consejera trasladará al ministro la necesidad imperiosa de poner solución a que ocho de cada diez municipios andaluces no cuentan con un supermercado donde poder usar la tarjeta monedero. Además, abordará la situación del sistema público de dependencia, que se encuentra infrafinanciado, y la necesidad de que el Ejecutivo central aporte el 50% que le corresponde por ley para el mantenimiento del sistema.
Además, desde la Junta han aseverado que el aumento de fondos del Gobierno para la dependencia "ha estado supeditado a asumir más obligaciones", por lo que "se ha agravado aún más las diferencias de financiación".
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