Se puede leer en el diario El Mundo de hoy, tras el Consejo de Ministros, que
-- el Gobierno ha aprobado el reglamento de la denominada 'ley Sinde', que regula la comisión de propiedad intelectual para el cierre rápido de páginas web que vulneren la propiedad intelectual.
-- la portavoz dice que (...) con esta normativa España entra "en el estándar internacional en la lucha contra la piratería".
-- el Ejecutivo no se ha amilanado ante las críticas que la norma suscita en Internet, motivo por el cual el anterior gobierno no llegó a aprobar la reforma pese a discutirla en al menos tres reuniones ministeriales.
-- tanto el nuevo ministro de Cultura, José Ignacio Wert, como el nuevo secretario de estado de Cultura, José María Lasalle, ya advertían tras su toma de posesión que esta "patata caliente" sería "enfriada", aunque sin referirse explícitamente a ella.
Todavía no se conocen los detalles del reglamento de la 'ley Sinde', que tendrá que publicarse en el BOE, pero este anuncio remata una reforma que ha tardado más de dos años en salir adelante.
Esto lleva a pensar que nos encontramos ante una alternativa:
-- o bien las presiones estadounidenses y sus contrapartidas secretas (para la ciudadanía) siguen siendo brutales en este punto (EE UU ejecutó un plan para conseguir una ley antidescargas: la Embajada estadounidense en España diseñó una minuciosa estrategia en 2007 y colocó la propiedad intelectual como tema prioritario en su agenda), como lo fueron para el anterior gobierno, en cuyo caso habría que ponerlas en comunicación, aunque fuese por la conocida vía de las "filtraciones anónimas".
-- o bien este gobierno, a diferencia del anterior, no teme a una sociedad civil, ya de por sí cabreadiza con la crisis, y con el paro, y con los impuestos, y con una juventud tan indignada que ha dado nombre al movimiento mundial de "indignados"...
Si este gobierno no teme una sociedad civil indignada, con profesionales y académicos que saben lo que está en juego, y no la teme al menos tanto como la temió el gobierno socialista, no aprobando y dejando la "patata caliente" de la ley Sinde; si este gobierno no tiene semejante temor es porque debe desconocer lo que está en juego y lo que ha pasado hasta ahora, y la fuerza real y no sólo "virtual" que hay en la red, en twitter, en facebook, en los blogs.
Si este gobierno - que dispone de mayoría absoluta parlamentaria- no razona más allá de cumplir lo que le piden las industrias (digamos, "culturales") y dialoga con los implicados, como prometió su presidente en la sesión de investidura (y vemos que parece haberlo olvidado una semana después), y en vez de "culminar la ley Sinde", discute mínimamente los motivos que le mueven a hacer esto, y hacerlo así, o quizá expone (o filtra) las presiones políticas e industriales, nacionales e internacionales, que le obligan a hacerlo; si esto empieza así, mala y equivocada estrategia de transparencia en comunicación tiene planteada. Mal sentido democrático, mal sentido de la sociedad civil.
No por mucho que coincidiera con el gobierno anterior en aprobar los reglamentos de la ley Sinde, el presente gobierno deja de tener obligación de dar las explicaciones públicas pertinentes que en su momento dejó de dar el gobierno socialista. Y cumplir con el prometido diálogo. Y si no, dispuesto a tirar la piedra y esconder la mano, que al menos no hubiera prometido ese diálogo.
No estaría de más que el Ministro Wert o el Secretario de Estado Lassalle dieran respuesta, tapando a su presidente, al menos, a la carta abierta de la Red SOStenible, a ellos dirigida y que casi todo el mundo conoce o conocerá.
O comenten lo que piensan acerca de los sucesos recogidos por Enrique Dans en la cronología que demuestra que la ley Sinde, tal y como fue concebida y aprobada tras un turbio proceso que se llevó a cabo radicalmente en contra de la opinión mayoritaria de los ciudadanos españoles, está a día de hoy completamente fuera de lugar.
El gobierno, el Ministro Wert o el Secretario de Estado Lassalle, pueden creer que han resulto la "patata caliente" de la que ellos mismos hablan como "pasada por el anterior gobierno".
Pueden creer que basta seguir con la lógica política de "los malos tragos, cuanto antes", en los 100 días de plazo inicial... Pero quizá no saben que esa lógica política ya no es lo que era antes de internet.