El Gobierno retira la Ley de Servicios Profesionales

Lo ha anunciado hoy 14 de Abril la secretaria general del PP.

¿Sensatez o cálculo electoral?  Lo cierto es que parece ser que el Gobierno está revirtiendo las decisiones pasadas que han generado su tremenda fuga de votos. Aunque legislar para el interés del partido en el gobierno es, como poco, cuestionable.

Sea cual fuere la causa, demos la bienvenida a la retirada de esta polémica Ley, verdadera espada de Damocles sobre los colegios profesionales. La noticia es una demostración de que existe plena autonomía de los estados de la Unión Europea en sus decisiones internas. La coartada europea que permitía dictar normas desregulatorias sin coste político se ha terminado. Lo han dejado claro las palabras de la propia portavoz de la noticia:  “El Ejecutivo recibió una enorme presión por parte de las instituciones comunitarias para que sacara adelante la nueva normativa, pero desde el propio Gobierno y el partido se planteó que no podíamos seguir adelante “.

Esta retirada acentúa la falsedad de afirmar que la legislación europea impide la regulación de unos HONORARIOS MINIMOS PROFESIONALES que devuelvan la dignidad a las profesiones técnicas y permitan competir por calidad, no por precio. Ahora tenemos más fuerza para exigirlos. Sabemos que el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos se está moviendo hace meses a nivel institucional europeo. Sería interesante que los demás colegios miembros de la Unión Profesional se unieran a esta iniciativa para generar mayores sinergias.

España está negociando con la Comisión Europea la normativa de acceso a las profesiones, en el marco de la evaluación recíproca de la directiva de reconocimiento de cualificaciones profesionales que fue aprobada en noviembre de 2013. La retirada de este polémico Proyecto de Ley supone que todos los técnicos europeos que quieran ejercer en España deberán colegiarse obligatoriamente.

Este anteproyecto, que fue presentado en 2013 y del que se llegaron a filtrar distintos borradores, suscitó las protestas de varios gremios y de la Unión Profesional, integrada por 35 Consejos generales de Colegios Profesionales que representan a millón y medio de profesionales españoles. La discrepancia provenía de que se pretendía la desaparición de la colegiación obligatoria y un férreo control de los presupuestos y fines de los Colegios, a la vez que una polémica modificación de las atribuciones profesionales de diversos colectivos, lo que abocaba en la práctica a la desaparición operativa de la mayoría de instituciones y el final de los controles deontológicos profesionales. Descanse en paz.