El 29 de mayo se cumplió un año de la aprobación por el Gobierno del real decreto 20/2020 por el que se lanzó el Ingreso Mínimo Vital. Siendo este el quinto pilar del estado del bienestar en nuestro país junto a educación, sanidad, pensiones y ley de dependencia.
El IMV, consiste en una prestación no contributiva que garantiza un determinado nivel de ingresos a los hogares en situación de vulnerabilidad. Que se supone, ha permitido atender la pobreza estructural de la que adolecía España y que se ha visto agravada por la crisis sanitaria del coronavirus.
El Ejecutivo aspiraba a acabar con el 80% de la pobreza severa en España: según sus cálculos, la iniciativa iba a beneficiar a 2,5 millones de personas aglutinados en 850.000 hogares.
Las cifras del IMV durante su primer año de vida
En este primer año de despliegue, el IMV ha superado el número de beneficiarios que tienen otras ayudas similares en diferentes comunidades autónomas. Teniendo en cuenta que las otras ayudas llevan mucho más tiempo siendo desplegadas. Estamos hablando de más del 100% de las 550.000 personas que eran beneficiarias de las rentas mínimas de las autonomías de régimen común a finales de 2019.
Por otro lado, al tratarse de una pensión no contributiva, el importe de las ayudas ha subido para el presente año 2021 un 1,8%, el doble de lo que previsiblemente subirá el IPC.
260.000 hogares
Según los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a finales de mayo la prestación llegó a 260.000 hogares y benefició a 680.000 personas, 275.000 de ellas menores.
El pasado 10 de junio, el ministro José Luis Escrivá ampliaba en Twitter el número de beneficiarios a 725.000 personas. Esta misma semana el Gobierno informaba que, ha recibido 1,3 millones de solicitudes del IMV, de las cuales se han tramitado el 81%.
La ayuda de momento sólo ha llegado a poco más de un tercio de los hogares y a una cuarta parte de las personas a las que estaba destinada.
A día de hoy, la cuantía del IMV va desde los 610,91 euros mensuales para un hogar formado por dos adultos hasta los 1.033,85 euros para un hogar con cinco personas, con menores incluidos.
Los objetivos iniciales prometidos han quedado lejos de verse cumplidos
Las principales críticas contra cómo ha funcionado el IMV se centran en el corto alcance que ha tenido comparado con las enormes expectativas que se crearon hace un año. Según datos obtenidos, han sido denegadas 7 de cada 10, de los 1,32 millones de solicitudes recibidas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social desde entonces y otras 65.209 están aún pendientes de resolución.
Para el Ministerio de Seguridad Social, sin embargo, el balance de este año es "razonablemente positivo", ya que, "una prestación tan compleja como es ésta y en un año de crisis sanitaria con las limitaciones impuestas por las autoridades, ha llegado a 700.000 personas".
Sobre las demoras acumuladas durante el año, fuentes de este Ministerio admiten que "resolver una prestación como el IMV es difícil, ya que hay que revisar con cuidado toda la documentación exigida", y señalan que se están introduciendo mejoras destinadas a dar mayor agilidad al proceso.
Las entidades relacionadas, critican esta prestación y su gestión
Desde UGT se reclama una reforma de la prestación para hacerla más completa, eficiente y justa. Y es que, definen a la prestación como totalmente insuficiente y mal gestionada.
Estamos ante una ayuda que, lamentablemente, no llega a todos los hogares vulnerables y en situación de necesidad que debería cubrir. Esta medida, que tuvo su origen como parte del llamado escudo social durante la pandemia, está siendo claramente insuficiente ya que, ni ha cumplido las expectativas por las que fue impulsado ni ha beneficiado a las personas potencialmente perceptoras.
Estos datos nos demuestran que el IMV no está funcionando correctamente. Para UGT, no es la prestación que se hubiese esperado, si bien su aprobación era necesaria, para que los más afectados por la grave situación sanitaria y económica en la que estamos inmersos, tuvieran recursos para poder sobrevivir.
Una renta demasiado mínima
UGT recuerda que el IMV nació como una prestación social para personas sin ingresos y en situación de vulnerabilidad social. Una prestación cuya cuantía es claramente insuficiente, puesto que sólo alcanza a cubrir la diferencia entre la renta garantizada que, para un sólo beneficiario es de 461 euros; y el conjunto de rentas e ingresos que tenga el beneficiario.
El sindicato considera que esta prestación está mal diseñada desde el principio, como ya se lo hizo saber al Gobierno, y se ha demostrado claramente insuficiente tanto en su diseño como en su intensidad protectora; siendo necesaria una reforma mucho más sosegada y dialogada tanto social como parlamentariamente.
Los colectivos más vulnerables se sienten engañados por el Gobierno
Son muchas las personas afectadas por las trabas que la gestión del IMV ha llevado consigo. Nos encontramos con muchos hogares que han visto rechazada su solicitud por sobrepasar los umbrales de renta y patrimonio establecidos, aun teniendo unos ingresos muy bajos, como para poder hacer frente a los gastos cotidianos.
Otros tantos hogares se han visto afectados por los requisitos marcados, que a tantos colectivos deja fuera del supuesto escudo protector del estado.
Teóricamente, al recibir la prestación por hijo a cargo, aquellas familias beneficiarias se lo tenían que haber aprobado de oficio. Sin embargo esto no ha sido así, ni lo va a ser ya a estas alturas. Y miles de personas siguen esperando que su expediente se resuelva. Familias necesitadas que cada día revisan el estado de su solicitud, buscando el esperado cambio en que se les avise de que les ha sido aprobado.
La ciudadanía se siente engañada, estafada y desesperanzada. El Gobierno, el cual les prometió una ayuda que solucionaría sus carencias económicas, les ha fallado. Se han quejado, han reclamado, pero, un año después, aún no han sido escuchados.
A la espera de mejoras en el IMV
Como ya hemos mencionado anteriormente, la ayuda sólo ha llegado a poco más de un tercio de los hogares y a una cuarta parte de las personas a las que estaba destinada. Es por eso que varias plataformas y entidades califican al IMV como un absoluto y rotundo fracaso, una tomadura de pelo.
La plataforma ciudadana RMI Tu Derecho y otras organizaciones sociales llevan meses reclamando cambios y mejoras en la gestión de una ayuda que pierde gran parte de su eficacia en un laberinto burocrático plagado de trabas.
Las organizaciones sociales que luchan contra la pobreza, se quejan de la lentitud de los trámites, de la falta de información, de la tardanza de la Administración en dar una respuesta y de la dificultad para cumplimentar los expedientes.
La mitad de los hogares en pobreza extrema aún no han solicitado el IMV
Tanto es así, que un año después de la implementación de la ayuda, la mitad de los hogares en pobreza extrema aún no han solicitado el IMV. Y en el caso de que lo soliciten, tres de cada cuatro solicitudes son rechazadas por no cumplir los requisitos, según el último informe al respecto de RMI Tu Derecho.
El IMV fue aprobado a través de un decreto ley, que a lo largo de estos doce meses ha sufrido varias modificaciones. La mayoría de ellas reivindicadas por las organizaciones sociales.
Las modificaciones al decreto ley original no han resuelto aún, el que para las organizaciones sociales es el principal problema, y el origen de muchos de los males a los que se tiene que enfrentar el IMV: engrasar la coordinación entre el Gobierno y las comunidades autónomas para garantizar un mejor funcionamiento de la ayuda estatal con otras rentas de inserción autonómicas.
Fallos que aun se mantienen
Podíamos comprender que el IMV presentase fallos durante sus primeros meses. No obstante, que esos mismos fallos continúen un año después, es inadmisible. La situación económica de gran parte de las familias españolas ha empeorado debido a la crisis del coronavirus, y el IMV debió de servir como red de apoyo, y no ha sido así.
No sabemos cómo continuará esta prestación su andadura. Lo que, si sabemos, es que no ha cumplido con las expectativas señaladas por el Gobierno, por lo que tendrá que dar un gran acelerón para ponerse a la altura de lo prometido.
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