El Neoliberalismo de Estado

Publicado en el nº231 de Nuestra Bandera. Daniel Albarracín. Economista y sociólogo. Abril de 2012
El origen de los mercados capitalistas.
Habitualmente se debate entre partidarios del mercado y aquellos que lo son del Estado. Esta discusión, tan socorrida para opiniones de urgencia, cojea al descontextualizarse, en especial si el propósito consiste en analizar las formas sociohistóricas que institucionalizan la base socioproductiva contemporánea: el capitalismo.
Los intelectuales de izquierda, se oponen frecuentemente a cualquier forma de mercado, dando por supuesto la inequidad que ocasiona, y atribuyen al Estado el papel de fuente de la que emanan todas las soluciones. Por el contrario, los autores de derecha ensalzan la eficiencia del mercado, para denostar al Estado como lastre burocrático al servicio de políticos innecesarios, presunción que igualmente comparten algunas líneas libertarias.
La cuestión va incluso más lejos. Hay quien realiza una historia a largo plazo de los orígenes del comercio, como es el caso de G. Arrigui, entre otros, como si la aparición de mercados lucrativos coincidiese con el levantamiento del capitalismo. Se ignoraría así que la aparición de la rentabilidad como leit motiv de algunos mercados interurbanos y a larga distancia no pudo alcanzar significación económica central hasta la formación de un nuevo Estado burgués. Sólo con este se fraguó una propiedad privada definida, se delimitaron las normas de los mercados, se reglamentaron los tipos de corporación económica admisibles –la sociedad anónima en el siglo XX fue la principal-, se unificaron fronteras, aduanas y fiscalidades, se estableció un marco homogéneo para el derecho mercantil, y se extendió la relación salarial para afianzar la explotación. Sólo tiempo después, tras duras luchas obreras, y de manera subordinada, asimétrica e inestable, se conquistaron, o se consiguió hacer ceder, limitados derechos políticos, laborales y sindicales que trataron de amainar la violencia dominadora de la relación salarial y la autocracia burguesa.
En este sentido, quien olvida la tensión central del conflicto social explica la dinámica económica casi en exclusiva como ciclos de competencia y arrincona el lugar de las luchas de clases. Las formas mercantiles lucrativas proclives a la acumulación no se extendieron ni normalizaron hasta que políticamente se consolidó políticamente el Estado burgués y las promovió. Los mercados, antes de ese momento, no rebasaban apenas un espacio ferial, donde los sobrantes, una vez se satisfacía a las familias productoras y los impuestos de iglesia y nobleza, se intercambiaban. La identificación de ciudades y rutas comerciales no pudo equivaler al inicio del capitalismo, pues para que su despliegue cobrara forma antes debieron irrumpir revoluciones burguesas, derrumbarse vestigios feudales y desenvolverse grandes transformaciones institucionales, políticas y productivas.
A este respecto, no es posible ninguna forma de capitalismo –admitiendo que hay y ha habido varias- sin algún tipo de mercado lucrativo, que en todos los casos presupone el abrigo de algún Estado burgués. Ambas instituciones, expresión material de una hegemonía de clase, suponen el soporte fundamental para la dominación sociopolítica y sea posible, a gran escala, una extracción y apropiación por una minoría del valor producido por las clases productivas, principalmente la clase trabajadora. En este sentido, mal resultado nos brinda denunciar abstractamente un mercado sin contextualización. Sin embargo, resulta problemático también avalar cualquier forma de Estado. Nuestro propósito aquí es ofrecer elementos de juicio concretos para valorar el papel del Estado en el mundo actual y mostrar su protagonismo para hacer viable la lógica capitalista.
El Neoliberalismo de Estado. 
Desde esta óptica, conviene comenzar diferenciando lo estatal y lo público, como concepto. Lo público equivale al bien común universal institucionalizado, lo que es compartido bajo una institución que es de todos y para todos. Pero sólo algunos rasgos y conductas del Estado que conocemos coinciden con este esquema, debido a que en su institucionalidad prevalece determinada naturaleza de clase, y sus medidas responden a una correlación de fuerzas sociales en las que predominan las clases dominantes. El Estado moderno es, fundamentalmente, burgués. Asimismo, su articulación y reparto de funciones, que recorren desde el municipio hasta la Unión Europea es cada vez más compleja.
El Estado entraña la institución central que reproduce y trata de ordenar la relación capitalista, dentro de un contexto y época propios. Dicha relación está basada en la propiedad privada de los medios productivos y la relación salarial, principalmente, que a su vez aprovechan las corporaciones privadas con un objeto combinado: la obtención de rentabilidad mediante la competencia por el valor extraído a las clases subalternas. Así, las funciones de bienestar que hasta la fecha el Estado proporcionaba, merced a las conquistas y prosperidad de una etapa de posguerra mundial irrepetible, se encuentran, salvo gran contestación que lo contrarreste, cada vez más minorizadas, sin impedir que el peso e influencia del Estado sean aún extraordinariamente importantes.
El Estado, en los últimos treinta años, ha sido gobernado en occidente por políticas que reemplazaron parcialmente la gestión keynesiana, por una nueva línea. Algunos autores la han definido como neoliberalismo. Si bien sólo parte de su esquema aplicado responde a las recomendaciones de sus fuentes teóricas, la escuela neoclásica y la austriaca. Según dichas corrientes las medidas debieran seguir tres vectores: un fuerte ajuste salarial y laboral, un fuerte retroceso del gasto público y una línea de política monetaria restrictiva. Estas dos últimas no han tenido lugar.
  Fuente: Elaboración propia a partir de AMECO
El ajuste salarial se confirma. El retroceso del salario relativo, el menor peso de los salarios en el PIB, ha sido fruto de la presión de las altas tasas de paro y la precarización del modelo laboral, lo que ha facilitado un aumento de las tasas de explotación, y una recuperación cierta, entre los años 90 y hasta 2007 de las tasas de rentabilidad.
Que las funciones públicas de bienestar e iniciativa inversora estén en entredicho no equivale a que el gasto público se haya moderado. Al contrario, permanece en porcentajes muy elevados, e incluso crecen en épocas de crisis, no para auxiliar a la población o reactivar la economía sino para rescatar a los capitales privados. El Estado afronta un viraje, con un decidido carácter de clase. Sólo se ha empleado el discurso de la austeridad como argumento ideológico, ejerciendo su peso material exclusivamente sobre las áreas de bienestar e inversión. El gasto público no ha hecho más que crecer a la hora de rescatar al insolvente sistema bancario, subvencionar la automoción y las eléctricas, por ejemplo, o aumentar el gasto militar (como sucedió en la era Reagan, en EEUU).
  Fuente: Elaboración propia a partir de AMECO
A su vez, desde Bretton Woods la política monetaria ha sostenido, y sobre todo desde los años 90, una línea fabulosamente expansiva, lo contrario de lo esperado. Ésta alimentó, combinada con la desregulación financiera, burbujas financieras, el endeudamiento, y permitió el relanzamiento de la demanda por esta vía en un contexto de contención salarial y ralentización inversora.

Fuente: Elaboración propia a partir de AMECO
El “neoliberalismo de Estado”, como diría Tzvetan Todorov, comparte, por tanto, rasgos heredados del viejo keynesianismo, con nuevas medidas, y está comprometido con la rentabilidad y la acumulación capitalistas. Ahora, al ponerse en juego la rentabilidad, afianza su condición de Robin Hood al revés. El poderoso instrumento estatal está al servicio de la socialización de las pérdidas privadas, la conversión de las deudas particulares en públicas, la desfiscalización del capital y la refiscalización del trabajo, blindando los privilegios de una minoría, y favoreciendo las condiciones para restaurar y elevar las tasas de beneficio de, al menos, una oligarquía transnacional. El Estado, entonces, ¿cómo se financia y por quién?. Bien es sabido que el modelo fiscal español está soportado en términos absolutos y relativos por las rentas del trabajo, con aportaciones globales y tipos medios efectivos muy superiores a las rentas del capital (ahorro, sociedades, patrimonio, etc…). También se comprueba un peso mayor de los impuestos indirectos, de carácter más regresivo, que los directos.
  Fuente: Elaboración propia a partir de AMECO
Este esquema regresivo, combinado con la recesión, ha desplomado los ingresos fiscales y la presión fiscal. Más aún en España, ocho puntos por debajo de la Eurozona (31,8% y 39,7%, en 2011 respectivamente en base a AMECO), y por debajo del 37,1% de 2007. La respuesta a la crisis ha consistido en desfiscalizar a las rentas del capital y empeorar los ingresos públicos. ¿Y, cómo es posible financiar un gasto público alto con una fuerte devaluación fiscal?.

Fuente: Elaboración propia a partir de AMECO
Para ello se recurre a los impuestos sobre el trabajo y a la deuda pública. El déficit y la deuda en los que se incurre sistemáticamente, son empleados a su vez como pretexto para deteriorar las funciones redistributivas del Estado, mientras se oculta el destino prioritario de este gasto. En cualquier caso, llama la atención como se ha demonizado la deuda pública española. En 2011 (69,5%), por ejemplo, ha sido semejante a la de 1996 cuando no constituía ningún problema, y cuando en la Eurozona alcanza el 87,9% del PIB. Mientras tanto se financia, desde el BCE, sin pudor a la banca privada al 1% con una “manguera de crédito” para que ésta compre la deuda de los Estados con altos retornos, o se la rescata o avala generosamente, por el equivalente en torno al 13% del PIB en estos años de crisis. O se toleran o amnistían fraudes fiscales formidables que podrían cubrir los desfases de déficit. Sin hablar de paraísos fiscales y figuras, como las SICAV, impuesto de sociedades, sucesiones o el de patrimonio, fuertemente desfiscalizadas. Está bien claro, que el capital prefiere que el Estado se financie en forma creciente con deuda, porque como acreedor le sale a cuenta, en vez de con impuestos, salvo que recaigan en las clases populares. Asimismo, la operación pretende ocultar la procedencia del grueso de la deuda, que es privada (en torno al 63% del montante global, que podría estar cerca del 400% del PIB en España), y la ilegítima operación de la conversión de la deuda privada en pública.
Alternativas y democracia socialista. 
En suma, los que analizamos las sociedades en las que vivimos debemos afinar nuestras caracterizaciones, tanto en lo que concierne a la crítica como también en lo que refiere a nuestras alternativas de propuesta. Lo que queda claro es que no podemos quedarnos en decir que deseamos más Estado sin más, sino plantear políticamente qué modelo institucional confrontamos con el vigente y qué naturaleza social le sostendría. Tendríamos que debatir previamente los procesos y medidas de transición para movilizar a las clases populares, con el objeto de superar el capitalismo, si bien dicha discusión excedería la extensión posible de este artículo. Ahora bien, podemos expresar aquí que la tarea exige profundizar sobre los rasgos generales de las instituciones que construiremos en un futuro, cómo funcionarán, por quién y al servicio de quiénes estarán. A este respecto, la apuesta por lo público ha de permanecer en la agenda de los y las comprometidas con la transformación socialista.
De igual modo habremos de pergeñar políticamente un modelo socioeconómico plenamente democrático, basado en el gobierno de los y las trabajadoras, que articule iniciativas de planificación, prevenidas de las rigideces burocráticas de la era soviética, que habrían de centrarse en los sectores estratégicos de la economía (energía, alimentación, sanidad, educación, finanzas, empleo, comunicaciones, transportes, etc…). Un plan cuyos objetivos partan del dimensionamiento de las necesidades sociales y ecológicas mediante diferentes mecanismos de identificación (consultas democráticas sobre prioridades de inversión y consumo, informes de límites de disponibilidad de materias primas y energía, encuestas, indicadores de demanda, experiencias sectoriales, etcétera). A su vez, al igual que los mercados antiguos no fueron lucrativos, puede ser aconsejable dejar funcionar mercados en actividades no centrales donde su asignación pueda ser útil, previa fuerte regulación en materia de limitación de beneficios, diseño y porcentajes de reinversión, satisfacción de objetivos productivos, impuestos, y redistribución de los excedentes de sectores menos necesarios a los prioritarios; y en cuanto a los tipos de sociedades económicas admisibles: empresas públicas y cooperativas con normativas democráticas internas, comprometidas con unas políticas de pleno empleo global digno y eficiente, con fuertes referencias a objetivos y formas de producción ecológicamente sostenibles y de calidad de servicio, así como la exigencia de minimizar costes sociales y medioambientales, dirigidos bajo control del personal trabajador y usuario.
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