El Ocaso del Régimen Político de 1978

El sistema político español fue establecido en la Constitución de 1978. Pero ¿están los ciudadanos españoles satisfechos con el vigente régimen político y con el ejercicio del poder por los políticos?.
Para contar con un diagnóstico fidedigno de la situación política española, voy a basarme inicialmente en las respuestas que han sido dadas a una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas en su Barómetro del mes de septiembre de 2012, publicado recientemente, a las cuestiones siguientes: ¿cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España?, ¿y el segundo?, ¿y el tercero?. En la tabla que se expone seguidamente se muestran los porcentajes agregados de las principales contestaciones a estas preguntas.
1.-  El paro                                                                        79,3 %
2.-  Los problemas de índole económica                             49,4 %
3.-  La clase política, los partidos políticos                          26,9 %
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13.- El Gobierno, los políticos y los partidos                          3,2 %
En esta tabla aparecen dos epígrafes similares que deben unificarse. Se trata de los siguientes:
3º) La clase política, los partidos políticos                               26,9 %
13º) El Gobierno, los políticos y los partidos                             3,2 %
   Total   30,1 %
Conclusión: El 30 % de los encuestados dicen que los políticos, los partidos y los gobernantes son un grave problema. El porcentaje del 26,9 % en septiembre, correspondiente a la clase política y a los partidos políticos, es superior en 9,1 puntos al dato correspondiente al mes de enero, que fue el 17,8 %; y resulta ser el más alto habido desde la Transición a la democracia.
Además, en dicho Barómetro del CIS se especifica que los encuestados creen que la situación económica actual es muy mala para el 51,9 % y mala para el 37 %; que el 67,4 % cree que es peor que hace un año,y el 26,1 % igual que hace un año. En cuanto al futuro, el 46,3 % opina que será peor dentro de un año, y el 31 % igual.
Estos pésimos datos se confirman con las previsiones del Fondo Monetario Internanional para 2013 que son los siguientes: decrecimiento del PIB, 1,3 %; aumento del paro e imposibilidad de cumplir el objetivo de déficit público comprometido. Con estas perspectivas, no es de extrañar que la Agencia de calificación crediticia Standard &Poors haya degradado la nota de España hasta BBB- , colocándola al borde del bono basura.
Otros datos significativos del Barómetro del CIS son los referentes a la situación política general de España, pues el 37,3 % de los encuestados dicen que es muy mala, y el 35,9 % mala; el 46,4 % que es igual que hace un año, mientras el 41,4 % peor todavía. Respecto al futuro, el 41 % afirma que será igual dentro de un año y el 35,3 % peor aún.
Dados esos resultados tan negativos parece que los políticos -del PP o del PSOE- no saben, no quieren o no pueden resolver los asuntos problemáticos que nos preocupan a los españoles, a pesar de que les pagamos con nuestros impuestos precisamente para que los solucionen.
Desde luego, la clase política se ha convertido en un gran problema, pues obstaculiza gravemente la salida de una crisis que no es solo económica, sino más bien política e institucional.Ante ese evidente fracaso de nuestros actuales políticos los ciudadanos nos hacemos algunas preguntas: ¿son esos políticos idóneos y capaces de resolver nuestros problemas económicos y sociales?; ¿hemos elegido bien a nuestros representantes políticos?; ¿no serán ineptos porque tales políticos han sido elegidos por sus partidos y no directamente por los ciudadanos?.
Si los partidos no eligen a profesionales que sepan gobernar y resolver eficazmente los problemas sociales y económicos, ¿será porque el Sistema falla?.¿es eficiente o no el Régimen político de 1978, el Estado de las Autonomías, para solucionar los problemas que tiene ahora España? ¿es preciso que se instaure un nuevo modelo de Estado con una modificación sustancial de la Constitución?.
Antes de ir respondiendo a esas cuestiones, se ha de tener en cuenta que la clase política (grandes partidos y nacionalistas) se oponen encarnizadamente a desmontar esa mastodóntica estructura política y económica que han establecido en su propio beneficio, aunque sea perjudicial para el 90 % de los españoles. La Partitocracía se niega a reformar sustancialmente las Autonomías, a devolver muchas competencias al Estado y, mucho más todavía, a eliminar las Comunidades Autónomas, porque son su coto de caza, pesca y caciqueo; pero también porque la Partitocracia ha hecho de las Autonomías el pilar básico del Régimen político español de la Constitución de 1978, la columna vertebral del Sistema.
El problema de fondo es que las Autonomías son las murallas protectoras de la ciudadela de un moribundo Régimen político que se desmorona ante su impotencia para sacar a España de la crisis política, social y económica en que se encuentra inmersa; una crisis que, para muchos, hunde sus raíces en otra profunda crisis de valores y de identidad nacional.
Efectivamente los políticos españoles, elegidos por los propios partidos en listas cerradas y bloqueadas por imperativo de un sistema electoral injusto y pernicioso, son cada vez más mediocres, por lo que la clase política española se ha convertido ya en una verdadera ineptocracia. El gobierno socialista de Zapatero negó empecinadamente la existencia de la crisis y, en consecuencia, la necesidad de adoptar medidas para superarla. El gobierno popular de Rajoy no adopta las medidas adecuadas y, con la austeridad, los recortes sociales y las constantes subidas de impuestos lo único que consigue es intensificar la recesión, el aumento del paro y la pobreza general; lo que está llevando a los españoles a un creciente divorcio de sus ineptos políticos, especialmente a muchos votantes del PP que observan, estupefactos, como los gobernantes con mayoría absoluta incumplen su programa electoral y pierden así la legitimidad democrática para gobernar. No es casual que en el PP se esté produciendo ya una desbandada, incluso de prestigiosos cargos representativos, porque están en disconformidad con la política del gobierno de Rajoy.
Lo peor para España es que, actualmente, no se vislumbra la solución para salir de la crisis múltiple que padece; ni en lo político, ni en lo social, ni en lo económico. Ningún partido tiene un plan a largo plazo o una estrategia para sacar a España de la crisis, que incluya crecimiento económico a corto plazo para que disminuya el paro. Por ello la gente, que está harta de recortes sociales y mayores impuestos, expresa su profundo malestar en manifestaciones callejeras, cada vez más frecuentes.
Los españoles no tenemos confianza en nuestros políticos: hemos perdido la fe en el Gobierno y en la oposición, porque estamos convencidos de que a la clase política lo que le guía es el mantenimiento de sus privilegios, especialmente con las Autonomías; es decir, su interés particular, porque desde hace muchos lustros son, en terminología de Acemoglu y Robinson (en su libro Por qué fracasan las naciones),una élite extractiva que estableció “un sistema de captura de rentas que permite, sin crear riqueza nueva, detraer rentas de la mayoría de la población en beneficio propio”. Por eso, PP y PSOE son tan reacios a desmontar las Autonomías, porque son conscientes del perjuicio que ello acarrearía a sus particulares intereses.Desde luego el gobierno de Rajoy prefiere caer a tener que reformar profundamente el Estado de las Autonomías, su botín más preciado.
Por si faltaba algo para poner de manifiesto la perversidad del Estado de las Autonomías, el presidente de Cataluña Artur Mas –tras su fracasado intento de pacto fiscal- ha emprendido una huida hacia adelante y “se ha echado al monte” con la bandera del independentismo, en un abierto desafío a la Constitución de 1978, haciendo temblar los cimientos del modelo de Estado autonómico.
La Partitocracia nos ha llevado a una desvinculación suicida entre los políticos y la sociedad que cada vez agrandan más su divorcio. Actualmente, apenas quedan apenas políticos con sentido de Estado dispuestos a ceder sus privilegios para que retorne el bienestar a los ciudadanos.  Los ciudadanos somos conscientes de que se ha iniciado el ocaso del Régimen porque la ineptocracia de nuestra clase política es tan enorme que son incapaces de sacarnos de la crisis. Por ello, nadie pide ahora nuevas elecciones generales: todos estamos seguros de que ni el actual Gobierno del PP, ni un futuro gobierno del PSOE sabría sacarnos de la crisis.Ante esta trágica situación política, muchos españoles comprendemos que nos encaminamos haciael final del Régimen político de 1978.
En efecto, en su artículo titulado “Secesionismo y Partitocracia” el analista político José Luis González Quirós dice que “asistimos a la agonía de un modelo político que ha fracasado porque no ha sabido contener un efecto que nadie, o casi nadie, preveía: el divorcio radical entre las fuerzas políticas y las necesidades, ideas y deseos de la sociedad española, el secuestro de la democracia, del poder legítimo en manos del pueblo, por especialistas en la supervivencia, por políticos de escasos escrúpulos, por gentes dispuestas a lo que sea, tanto a gobernar con criterios contrarios a los que les han dado legitimidad como a atentar contra los principios de la soberanía nacional”.
Actualmente no tenemos más remedio que volver al principio, a una nueva Transición democrática, para rehacer desde sus cimientos el nuevo edificio constitucional. Pero la construcción de un nuevo modelo de Estado es algo demasiado serio para dejárselo solo a los políticos. Ahora los ciudadanos queremos mayoritariamente una recentralización política, con devolución al Estado de las competencias de las CCAA. Pero sobre todo queremos hacernos oír antes de que se lleve a cabo una reforma estructural del Estado español. Con el fin de que, en su momento, los diputados constituyentes, como representantes populares, sepan a qué atenerse, hay que solicitar al Gobierno que, de acuerdo con las Cortes, convoque un Referéndum sobre la configuración de las Autonomías en un futuro modelo de Estado. La convocatoria de Referéndum se haría de acuerdo con lo establecido en el artículo 92 de la Constitución y la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero.
Por supuesto, en esta dramática situación política es el pueblo quien tiene que tomar la palabra y, en lo posible, el timón de España para encarrilar su rumbo y salvar lo salvable de esta nación arruinada que tan mal han dirigido los políticos del Régimen de 1978. Es urgente hacer ya una reforma política que haga posible elaborar una nueva Constitución democrática por unas Cortes constituyentes para instaurar un nuevo y mejor modelo de Estado que satisfaga a la inmensa mayoría de los españoles.
Ha llegado el momento de comprobar el patriotismo de nuestra clase política. Sería deseable que tuviesen, por lo menos, el mismo patriotismo que los políticos franquistas que en 1977 se hicieron el harakiri para dar paso a una etapa democrática.
En la nueva Constitución deberá tenerse en cuenta la voluntad popular  que se exprese, en la preceptiva forma legal, sobre el mantenimiento o no de unas Autonomías que ya son rechazadas mayoritariamente según las encuestas. Los nuevos diputados constituyentes, que han de ser elegidos por el pueblo y no por los partidos, deberán encontrar nuevos cauces para encarrilar unos nacionalismos que, en gran parte, aspiran a obtener estructuras estatales para sus territorios. Hay que dar una solución política satisfactoria a los nacionalismos, respetando en lo posible la voluntad de los pueblos integrantes de España.
Nos guste o no, ante los actuales desafíos independentistas del nacionalismo, parece factible y necesario instaurar un Estado unitario asimétrico, pactando con las nacionalidades la forma en que han de continuar integradas en el Estado español.
En todo caso ha de abrirse ya un periodo transitorio, en el que se proceda a una rápida e intensa demolición del ruinoso e inservible Estado autonómico, con un gradual desmantelamiento del Régimen político de 1978 y la subsiguiente instauración de una verdadera democracia, que será especificada en la futura Constitución de una España europea.
Joaquín Javaloys