En estas azarosas horas que atraviesa España, sumida en un profundo desconcierto, a merced de lo que nos dictan desde fuera y con una clase política que en muchos casos parece incapaz de enderezar la situación, el Foro de la Sociedad Civil ha decidido convocar a los españoles a un proyecto de futuro que debe tener como actores principales a los ciudadanos de nuestro país. A ellos nos dirigimos en estos momentos para que nos ayuden a construir la España que anhelamos: una España con un porvenir ilusionante y en el que podamos confiar.
Cuando hoy comprobamos que un sector muy numeroso de nuestra juventud no encuentra trabajo alguno y se ve abocado a una angustiosa situación de paro forzoso y duradero, creemos necesario proclamar que España no está condenada sin remedio sino que sigue siendo una gran nación con historia, cultura, talento y recursos suficientes para seguir teniendo un porvenir incitante y prometedor. Ese porvenir es el que los jóvenes y los no tan jóvenes debemos contribuir a construir con nuestro protagonismo, nuestro esfuerzo y nuestra fe en nuestras posibilidades.
Para ello es necesario que se produzca un cambio de rumbo en nuestra vida política. La situación actual, plena de incertidumbre, no se superará satisfactoriamente si continuamos practicando una política de parches, aquí y allá, sin un proyecto coherente y fiable. Ni elcambio de mayorías ni el cansino turno de partidos mejora, en realidad, la situación como ya ocurriera en otros momentos de nuestra historia. No estamos ante un problema generado únicamente por la torpeza y errores de un gobierno socialista ni por la impotencia y falta de decisión de un gobierno popular. Si hemos llegado a esta situación es, más bien, por una uestión estructural que afecta a la organización y desarrollo de la vida política e institucional del Estado y que está entorpeciendo la marcha de nuestro país. Por tanto, es hora de afrontar la realidad que hasta el momento no hemos querido encarar. Es preciso reconocer que España no funciona como es debido con la actual estructura autonómica que en su día nos dimos. La quiebra del Estado Autonómico que denunciamos ha residido y reside en la falta de lealtad constitucional que los nacionalismos periféricos han venido manteniendo con el Estado, así como por la debilidad de algunos gobiernos necesitados de su apoyo electoral. Los partidos nacionalistas, vascos y catalanes de manera especial, han actuado con una patente deslealtad a lo largo de todo el proceso de desarrollo constitucional y ya hoy, sin doblez y a pecho descubierto, manifiestan una decidida voluntad de romper España para separarse de ella. Y es que ningún sistema de descentralización política, ningún federalismo puede existir sin una inquebrantable lealtad federal a la unidad del conjunto que es condición sine qua non para su correcto funcionamiento.
El Estado autonómico, que con el tiempo se ha ido configurando, está poniendo en serio peligro, ya hoy de manera palmaria, la necesaria unidad de España y corre el riesgo de precipitarse hacia un modelo que no guarda parangón con ninguno de los modelos constitucionales vigentes en el mundo occidental. Las Leyes Orgánicas aprobadas en estos últimos años, y algunos de los Estatutos de Autonomía recientemente reformados, desdibujan de manera flagrante el espíritu y la letra de lo que los constituyentes en su día aprobaron. Venimos asistiendo a un proceso de reformas de facto de nuestra Constitución sin que el pueblo español en su conjunto haya sido consultado preceptivamente.El intento de buena fe de los constituyentes a la hora de establecer el Estado de las Autonomías no estuvo exento de cierta ingenuidad al querer desconocer las lecciones de la historia. El afán de conseguir el ansiado consenso consistió en tratar de lograr la integración de las fuerzas nacionalistas en el marco constitucional por todos los medios posibles, operación que con el tiempo se ha demostrado fallida y se puede dar hoy por definitivamente fracasada. Nuestro pasado histórico nos recuerda, en este sentido, que en la II República el gobierno legítimo de entonces tuvo que hacer frente a la sublevación protagonizada por la Generalitat de Cataluña el 6 de Octubre de 1934, dato éste que conviene tener muy en cuenta.
Las autonomías tal y como se recoge en el espíritu y letra de nuestra Constitución, se constituyeron para tratar de asegurar una España plural pero decididamente unida y cohesionada y nunca jamás se contempló que desde las autonomías se pudiera retar y amenazar a España poniendo en riesgo su unidad y su soberanía como ocurre en estos días. A pesar de la paciencia y los esfuerzos derrochados en estas últimas décadas –en las que el terrorismo ha jugado un macabro papel- España ha demostrado ya con creces que no puede ni debe seguir funcionando con 17 Autonomías, algunas de ellas simplemente inventadas, y otras en pertinaz rebeldía. 17 Gobiernos autonómicos, 17 Parlamentos y otros tantos Tribunales de Justicia, Defensores del Pueblo, Consejos Consultivos, multitud de empresas públicas –la mayoría en ruina manifiesta- y un rosario de asesores y personal contratado al margen de la Administración constituye un verdadero lujo difícil de mantener. No se puede exigir continuos y crecientes sacrificios a aquellos honrados ciudadanos que trabajan sin desmayo para sacar adelante sus familias, al mismo tiempo que se contempla el bochornoso espectáculo de un aparato estatal desbocado al que no hay manera de poner freno, mientras continuos casos de corrupción que salpican a la mayoría de partidos en muy distintas autonomías, quedan en la práctica inmunes.El escenario que se vislumbra en Cataluña y el País Vasco para los próximos meses, donde los sectores nacionalistas se complacen con reiteración en desafiar al Estado defendiendo una inviable autodeterminación y una alocada independencia –sin fundamento histórico serio ni base legal alguna- raya en lo intolerable, debilita en gran medida a nuestro país en la escena internacional y daña gravemente la convivencia entre los españoles. Y es aún más grave que el Presidente de la Generalidad de Cataluña, primera autoridad del Estado en esa Comunidad Autónoma, encabece un proceso hacia la secesión en flagrante conflicto con la Constitución española de la que derivan sus poderes y atribuciones con olvido de los deberes que le impone su cargo.
¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando el resto de los españoles esta lacerante e injusta situación?
Por tanto, o cambiamos la vigente estructura del Estado que ha demostrado ser disgregadora, ineficiente y tendente al despilfarro o no saldremos airosos de la difícil coyuntura en que nos encontramos.
En otro orden de consideraciones contemplamos con inmensa preocupación que la clase política, siempre dejando al margen muy honrosas excepciones, se deteriora por momentos y su imagen ante la ciudadanía alcanza cotas de un creciente desprestigio. La presente situación constituye un problema añadido de gran transcendencia porque un país siempre necesita, y más en momentos como éste, contar con dirigentes con autoridad y prestigio en los que confiar.
Parecería que un sinfín de compromisos y ataduras impidiesen a los políticos emprender cualquier reforma de calado en el sistema lo que conlleva la paralización de cualquier intento serio de revertir la situación.Buena parte de la desafección que arrostra en la actualidad la clase política tiene su origen de manera fundamental, en la vigente normativa electoral que no favorece la representación, esencia de la democracia moderna. Nuestros diputados y senadores viven, en realidad, muy alejados del electorado al que dicen representar porque a fuer de ser sinceros no han conseguido el escaño por sus ideas y méritos sino, más bien, por haber sido designados por el aparato de cada partido para ocupar una posición de privilegio en unas listas que se mantienen, con machacona insistencia, cerradas y bloqueadas. En consecuencia, no tienen que rendir cuentas de sus actos a los electores sino tan solo cuidar de ser fieles ejecutores de las consignas que periódicamente distribuye el mando. Los parlamentarios se han acabado transformando en auténticos empleados de los partidos y no recuerdan para nada a unos verdaderos dirigentes responsables con altura política.
España necesita renovar en profundidad su actual clase política y superar el régimen partitocrático en el que hemos sucumbido que está asfixiando el progreso y desarrollo de nuestro país.
La Transición española en su afán de proteger a los partidos que entonces comenzaban su andadura, les otorgó en la práctica un desmesurado poder del que ellos han hecho un uso abusivo y han utilizado para colonizar y dominar al conjunto del sistema. Esta situación ha desembocado en la consolidación de un régimen partitocrático que aplasta a la sociedad y contamina las Instituciones. Lo más grave es que, en gran medida, la solución a nuestros males pasa por la decisión y última palabra de los propios partidos cuando son ellos, en realidad, el núcleo del problema.
Creemos urgente, por todo lo afirmado, racionalizar y modernizar nuestro Estado y revitalizar y fortalecer la sociedad pues es la sociedad civil la llamada a protagonizar este difícil momento que nos ha tocado vivir.En esta convicción, el Foro de la Sociedad Civil se dirige a todos aquellos ciudadanos que deseen poner en marcha un proyecto político capaz de hacer frente a esta preocupante situación. Es poco útil que nos limitemos a censurar a nuestros gobernantes. Eso es, en estos momentos, sumamente fácil y está al alcance de cualquiera. Es preciso ponerse manos a la obra con decisión y valentía, con la profunda convicción de que nuestro esfuerzo no ha de quedar baldío y va a merecer la pena.
Dirigimos esta convocatoria a hombres y mujeres, jóvenes y mayores, ciudadanos de todos los rincones de España que quieran contribuir a enderezar el rumbo de nuestra Patria. Nuestra misión consistirá, por el momento, en abrir un debate a escala nacional y motivar a la opinión pública de tal manera que la pasividad y la impotencia que manifiestan los partidos no bloqueen el cambio necesario que demandan los sectores más lúcidos y dinámicos de nuestra sociedad. Si conseguimos sanear las estructuras de nuestro maltrecho Estado, estamos convencidos de que España podrá volver a ser un socio respetado en Europa, abandonando el lamentable papel que está representando en la actualidad.
Proclamamos, en este sentido, nuestra decidida vocación europea y deseamos que España pueda comportarse, no como un socio menesteroso y poco fiable, sino como la gran Nación europea que es. Pensamos, a este respecto, que sólo con una profundización clara de la integración europea podrá mantenerse nuestra moneda común. Es inevitable, por tanto, que procedamos a una transferencia adicional de soberanía a las instituciones europeas por parte de todos los miembros, con el fin de asegurar la disciplina fiscal y la estabilidad del sistema financiero, como pasos previos a una mayor y más eficaz integración política que cada día se demuestra más necesaria. Todo esto hace imprescindible que España actúe con una sola voz en el escenario europeo. Por esta razón, no resulta sostenible que persistamos en nuestro afán de mantener los actuales 17 reinos de taifas, algunos de ellos en pertinaz actitud desafiante y casi todos, en manifiesta bancarrota a consecuencia de la pésima gestión llevada a cabo por sus gobiernos respectivos.Nos humilla y nos llena de tristeza contemplar la situación de nuestro país implorando ayuda y protección para salir adelante debido a la torpeza y falta de visión de los que han tenido y tienen la responsabilidad de gobernarnos. España, por historia y potencial, debe jugar un papel relevante en el proceso de construcción europea pero para eso es preciso que antes ponga en orden su propia casa, hoy deteriorada y en horas bajas.
Todo ello será posible si volvemos a creer en nosotros mismos ya que, cuando los españoles hemos creído en nuestras posibilidades y adoptado las políticas adecuadas, hemos sido capaces de alcanzar grandes logros. Debemos y podemos salir adelante. Estamos convencidos de que España tiene futuro. Nunca en nuestra reciente historia, por paradójico que resulte, tuvimos una juventud tan preparada ni unas empresas competitivas a escala internacional con unos dirigentes de primera fila a la cabeza. Contamos con el enorme potencial que nos proporciona nuestra cultura, gracias a la riqueza y posibilidades de nuestra lengua. No hay razón, pues, para que España no esté entre los países que ejerzan su influencia en el concierto de las naciones.
Estamos aún a tiempo de rectificar. La burbuja inmobiliaria, cuyo estallido tanto daño ha producido a nuestra estabilidad económica y financiera pudo haberse desactivado si hubiéramos actuado preventivamente con decisión y celeridad. Otro tanto podríamos decir a la hora de evitar el conflicto político que se está gestando en España si no nos anticipamos en la búsqueda de una racional y sostenible solución. No es momento para la pasividad y la resignación sino para la esperanza. No debemos dedicarnos a cultivar el pesimismo, al que somos muy proclives, como ya sucediera en épocas pasadas. Es hora de ponerse en marcha sin dilación y con premura.
España, a la que apasionadamente amamos y a la que en primer lugar nos debemos, necesita un movimiento de renovación y regeneración democrática que debe ser impulsado y protagonizado por los propios ciudadanos. A todos aquellos españoles conscientes y esperanzados dirigimos esta convocatoria.
Medidas que se proponen para la Reforma de la Estructura del Estado
1. Sustitución del actual Estado Autonómico por un Estado Unitario, con un solo Gobierno, un único Parlamento Nacional y un Tribunal Supremo garante de los derechos y libertades ciudadanas, única y definitiva instancia nacional para la resolución de los conflictos jurídicos que se originen. 2. El modelo de Estado que defendemos goza de mayor tradición constitucional y mejor ejecutoria que el actual Estado Autonómico establecido en nuestra Constitución que, en buena medida, supuso una creación improvisada a medio camino entre el Estado Unitario y el Estado Federal y que, con el transcurso del tiempo, ha demostrado sobradamente su inviabilidad y los riesgos potenciales que encierra.
3. Tanto el modelo unitario como el modelo federal pueden ser absolutamente democráticos y no cabe poner tacha alguna a ninguno de los dos. Francia, como arquetipo de Estado Unitario, y Alemania, como modelo federal, constituyen un buen ejemplo de lo que afirmamos.
4. La historia de nuestro país en los dos últimos siglos, nos enseña que, cada vez que hemos intentado apartarnos del modelo unitario con experiencias federales o pseudo federales, hemos cosechado un sonado fracaso. En el siglo XIX la I República de signo federal desembocó en el cantonalismo y en el siglo XX, la II República ensayó el sistema autonómico que acabó siendo también un nuevo intento fallido.
5. Los partidarios de una España federal deben recordar que el Estado Federal encuentra su fundamento en la conveniencia de unir lo que previamente está separado y no para separar lo que lleva unido muchos siglos. La pretensión de estructurar España siguiendo un modelo federal choca, precisamente, con la pretensión de una gran parte del nacionalismo catalán que desea la diversidad, esto es, poder disfrutar de un estatus diferente al resto de las regiones españolas lo que, a su vez, resulta inadmisible para la mayoría de ellas.La solución federal, además de no contar con tradición histórica que la avale, acabaría siendo una falsa solución para un problema que así planteado no tendría visos de resolverse satisfactoriamente.
6. La solución que defendemos es, en definitiva, más sencilla y funcional, más económica en términos de gasto público y más respetuosa con el conjunto de nuestra historia. Además, garantiza de manera fiable y segura la igualdad de derechos y obligaciones de todos los españoles que es, junto a la separación de poderes y la existencia de elecciones libres, la auténtica clave de todo régimen democrático.
7. El modelo de Estado que proponemos puede perfectamente acoger y garantizar aquellos hechos diferenciales, que existen en nuestro país, de carácter lingüísticocultural, foral e insular en sus propios y estrictos términos.
8. En congruencia con lo anteriormente expuesto, creemos procedente proponer la supresión del Senado ya que entendemos que su funcionamiento resultaría superfluo e innecesario.
Propuesta de nuevo sistema electoral
1- La propuesta que en concreto presentamos es del tenor siguiente:
50 Diputados elegidos en listas de partido a escala nacional conforme a un sistema de carácter proporcional.300 Diputados elegidos en circunscripciones uninominales a través de un sistema mayoritario a doble vuelta.El nuevo sistema electoral que proponemos consiste en combinar, por una parte el sistema proporcional en una lista única nacional para que todos los partidos políticos con relevancia suficiente puedan tener debida representación en el Congreso de Diputados y, por otra, dar primacía indiscutible al sistema mayoritario de circunscripción uninominal a través de un sistema de elección a doble vuelta.En la primera vuelta se podrían presentar todos aquellos candidatos que reúnan las condiciones exigidas. Si alguno de ellos alcanzara la mayoría absoluta, no tendría lugar la segunda vuelta. En caso contrario, los dos candidatos más votados dilucidarían su escaño en una segunda vuelta.El sistema mayoritario de circunscripción uninominal supone que se elige un solo diputado por cada circunscripción, de tal manera que cada ciudadano tiene su representante político al que acudir y el diputado elegido se encuentra directamente vinculado y responsable ante sus electores. Es el procedimiento que rige en las principales democracias representativas como Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia etc.En nuestra propuesta se combina, por un lado, el sistema alemán y, por otro, el sistema francés al adoptar la posibilidad de que exista una doble vuelta.
2- Proponemos igualmente eliminar las subvenciones a los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales que deberían financiarse con las cuotas de sus miembros y los donativos reglados que reciban de sus simpatizantes.Ello no obsta para que el Estado conceda las facilidades debidas a todos los candidatos con objeto de asegurar un mínimo de condiciones igualitarias a todos los contendientes en una consulta electoral.
Epílogo
Las reformas que se recogen en el Manifiesto, además de la virtualidad política que encierran, supondrán un importante ahorro de Gasto Público que estimamos en miles de millones de euros. El conjunto de medidas recogidas en el Manifiesto exige ineludiblemente la reforma de nuestra Constitución. Dicha reforma sería deseable pudiera contar con el mayor apoyo posible de las fuerzas políticas en presencia pero no debería quedar paralizada por la búsqueda obsesiva de un ilusorio consenso hoy muy improbable dada la actual posición de las principales fuerzas nacionalistas en relación con la cuestión territorial.Entre los que creemos en España, patria común e indivisible de todos los españoles como reza nuestra Constitución, y los que prefieren excluirse de ella, no podrá existir nunca un verdadero acuerdo. Seguir enmascarando nuestras diferencias no conducirá a nada positivo y continuar retorciendo nuestra Constitución, para tratar de agradar a los que manifiestan una creciente voluntad de ruptura, acabará conduciéndonos a una situación cada vez de más difícil manejo.
Por ello, la principal responsabilidad en la ejecución de la reforma corresponde hoy a las que son las dos fuerzas mayoritarias del país, sobre las que la Opinión Pública y, particularmente, la Sociedad Civil, deberán ejercer su influencia y una creciente presión.
Las resistencias y obstáculos que previsiblemente encontraremos para el desarrollo de nuestra propuesta no deberían producir desánimo entre los que estamos convencidos de su conveniencia y oportunidad sino, antes bien, deberían suponer un acicate para redoblar esfuerzos y entusiasmo ya que el único objetivo que nos mueve es el interés general de España y nuestro futuro como Nación.
Foro de la Sociedad Civil.
Junta Directiva del Foro de la Sociedad Civil:
Presidente: Ignacio Camuñas Solís. Diplomático y Ex – Ministro.
Vicepresidentes: Gaspar Ariño Ortiz.Catedrático de Derecho Administrativo.
Manuel J. Lagares Catedrático de Hacienda Pública.
Agustín Muñoz-Grandes.Teniente General del Ejército.Miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas
Juan Antonio Sagardoy. Catedrático de Derecho del Trabajo. Miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.
Tesorero: Juan Cano-Cortés. Economista.
Secretario: Manuel Pino Cruz. Abogado
Vice-Secretario: José María Montoto Cañas. Abogado
Vocales: José María de Areilza Carvajal. Doctor en Derecho.
Julio Banacloche. Catedrático de Derecho Procesal (UCM)
Jesús Banegas. Economista. Presidente de AMETIC.
Luis Felipe Castresana. Abogado del Estado.
Juan Díez Nicolás. Catedrático de Sociología.
Mª Teresa Estevan Bolea. Ingeniera Industrial.
Luis Feliu. Teniente General del Ejército.
Fernando Fernández Mendez de Andés. Economista.
Joaquín García Romanillos. Vicepresidente del Consejo General de la Abogacía.Leopoldo Gonzalo. Catedrático de Hacienda Pública.
Felipe de la Morena. Embajador de España.
Rafael Navarro Valls. Catedrático de Derecho Eclesiástico (UCM). Secretario General de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.
Elisa de la Nuez. Abogada del Estado.
Florentino Portero. Profesor de Historia Contemporánea (UNED).
Enrique Pérez Ramirez. Vice-Almirante de la Armada.
Francisco Ruiz Risueño. Abogado del Estado.
Benigno Varela Autrán. Ex – Magistrado del Tribunal Supremo.
Juan Velarde Fuertes. Catedrático y Vicepresidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.
Ana María Vidal Abarca. Ex – Presidente de la Asociación de Victimas del Terrorismo.
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