El plan de choque inicia la recuperación del sistema de atención a la dependencia

Un articulo de la Asociación estatal de directoras y gerentes en servicios sociales

El Plan de choque activa el Sistema de Atención a la Dependencia. Pero la burocracia y la impericia de algunos gobiernos autonómicos no permiten lograr el objetivo de la reducción de la lista de espera y ni siquiera ejecutar el incremento presupuestario.

Mientras 46.300 personas fallecieron en España en las listas de espera de la dependencia, 75.776.923 millones de euros no se gastaron de las cantidades presupuestadas en el nivel mínimo por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Se podía haber atendido a 13.000 nuevas personas.

Nueve años después se revierten los recortes del Sistema de Atención a la Dependencia. La aportación del Gobierno de España supone un aumento del 48%. El recorte acumulado desde 2012 de la Administración General del Estado en dependencia es de 6.321 M.€.

La lista de espera de personas pendiente de resolucion de prestación

Se está abandonando sin atenciones a las 396.787 personas que están a la espera de un procedimiento. El tiempo de espera medio es de 421 días.

A principios de este año, 317.942 personas se encontraban en las listas de espera de la dependencia. 193.346 personas en el limbo de la dependencia (personas valoradas con algún grado y que están pendientes de recibir la prestación o servicio al que tienen derecho), a las que hay que sumar las 124.596 solicitantes que están pendientes de ser valorados. Con los datos ofrecidos a través del portal de transparencia, hay que añadir 44.656 personas con resolución de PIA y que no reciben prestación o servicio y 34.189 solicitantes que las CCAA no han registrado y están pendientes de valorar. El 44% de las personas desatendidas son Grados III o II.

Durante 2021 se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 212.799 personas con solicitud de dependencia fallecidas. El exceso de mortalidad fue del 10,3%, en total 20.976 fallecimientos más de lo esperado. La tasa de mortalidad, si bien ha descendido significativamente respecto al primer año de la pandemia, se mantiene por encima de lo esperado. 46.300 personas fallecieron en España en las listas de espera de la dependencia, 18.356 personas pendientes de resolución de grado de dependencia y 27.944 sin haber podido ejercer sus derechos derivados de la condición de persona en situación de dependencia.

El Plan de Choque para la dependencia debería haber servido para reducir en 60.000 las personas en lista de espera de la dependencia en 2021, un 25,8%, sin embargo, sólo lo ha reducido en un 16,7%, 38.807 personas. A este ritmo se tardaría un lustro en lograr la plena atención.

Las prestaciones y servicios son cada vez de menor intensidad, e insuficientes para las necesidades de las personas en situación de dependencia

Las prestaciones económicas por cuidados familiares tienen un importe medio mensual de 236,49 euros (percibidas actualmente por 480.000 personas). Por grados, estas cuantías son, de promedio, 138,36 €/mes para los Grado I; 240,59 €/mes para los Grado II y 333,73 €/mes para los Grado III. Todo ello, de nuevo, con importantes diferencias entre territorios. Solamente 67.225 se encuentran dadas de alta en el convenio especial de cuidadores no profesionales (13,93 % del total de las personas cuidadoras), esto hace que no se ejecuten más de 70 millones de lo presupuestado por el Gobierno de España.

Las prestaciones económicas vinculadas a la adquisición de un servicio varían mucho en función del mismo, pero presentan importes insuficientes. La prestación vinculada para abonar una plaza de atención residencial oscila en torno a los 423 €/mes (Grado II) y 531€/mes (Grado III). La diferencia entre esta cantidad y el precio realmente abonado por la persona en una residencia constituye un "segundo copago" o copago invisible.

La Ayuda a Domicilio presenta unas intensidades horarias medias de 33,6 h/mes, por grados 15,3h/mes para los Grado I; de 37,1 h/mes para los Grado II y de 57,3h/mes para los Grado III, apenas dos horas y media diarias de lunes a viernes para estos últimos, lo que es claramente insuficiente.

En 2021 fallecieron 149.292 personas con resolución de prestación. De ellas el 32,1% eran personas beneficiarias con atención residencial y el 67,9%, personas atendidas en sus domicilios. El número de personas fallecidas con resolución de prestación en domicilios apenas varía respecto a 2020, pero sí es significativo que durante 2021 hayan fallecido 24.866 (34,18%) personas que vivían en residencias menos que en 2020.

Estos datos parecen indicar que el SAAD se reactiva, pero ha sido en gran medida a base de servicios de bajo coste dirigidos a los dependientes con Grado I. Las prestaciones y servicios son cada vez de menor intensidad, y a todas luces insuficientes para las necesidades de las personas en situación de dependencia. Pasados casi dos años de la pandemia no se ha logrado recuperar las plazas residenciales y de centros de día, -1.129 plazas residenciales y -4.732 plazas de centros de día, respectivamente.

Datos de interés del SISAAD en 2021

El 3 % de la población española necesita apoyos de mayor o menor intensidad para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria. Desde hace una década no se obtenían datos tan positivos. Hay 97.912 personas atendidas más que a principio de año, lo que supone multiplicar por diez el aumento de personas atendidas en el año anterior. Hay 59.105 más reconocidas en situación de dependencia que al inicio del año. 41.654 solicitudes más (+2,3%). 58.614 resoluciones más (+3,4%).

En 2021, Madrid (-62,9%), Aragón (-42,2%), Castilla La Mancha (-38,8%), Asturias (-32,2%) y Andalucía (-32,2%) han cumplido el objetivo de reducción de la lista de espera del Plan de Choque. Las tres comunidades con mayor limbo de la dependencia, a pesar de haber recibido el incremento presupuestario, han aumentado la lista de espera en este año: Canarias (+23,1%), La Rioja (16,4%) y Cataluña (+7%).

Las Comunidades que más han aumentado las personas beneficiarias con prestación el pasado año han sido la C. Valenciana (+14,9%), Asturias (+14,5%) y Madrid (+14,4%). Las Comunidades que más han aumentado las personas con derecho a prestación en 2021 han sido: C. Valenciana (+11,8%), Canarias (+10,8%) y Asturias (+9,2%). Por el contrario, en Cantabria el número de personas con derecho se redujo el año pasado en un 10,9%.

El SAAD muestra una sorprendente capacidad para la generación de empleo y para la obtención de retornos económicos. En 2021, hay una ratio de 40 empleos directos por millón de euros de gasto público, y la tasa de retorno ya asciende al 41,7%. Se han generado 27.453 nuevos empleos al incrementarse en 70.780 las personas que reciben servicios del sistema.

El recorte acumulado de la AGE en dependencia, tras el RD-ley 20/2012, ha sido de 6.321 millones de euros.

El coste directo de las prestaciones y servicios entregados durante 2021 asciende a 8.930 millones de euros. De éstos, 7.028M€ fueron asumidos por las Administraciones Públicas y el resto (1.902M€) lo aportan las personas usuarias en forma de copago regulado (21.3%). Si tenemos en cuenta los gastos de copago y los sistemas de valoración y gestión, el conjunto se acercaría a los 9.231 millones/año. (0,8% del PIB).

Del gasto público directo en dependencia en 2021, la Administración General del Estado soportó el 27 %, 8 p. más que en 2020, y las Comunidades Autónomas el 73% restante. Muy lejos de la pretendida aportación al 50%.

Escala de valoración

Se mantienen las enormes desigualdades entre territorios tanto en cobertura como en modelos de gestión. Nueve comunidades aprueban la escala este año, y la media estatal logra el aprobado con 5,1, lo que confirma un avance del Sistema. Diez comunidades aumentan su puntuación con respecto al año anterior. La C. Valenciana aprueba por primera vez en la historia de 15 años. Cataluña (2,8) y Canarias (1,6) mantienen la última posición. Castilla y León (8,4), Castilla La Mancha (8,1) Andalucía (7,5) continúan como las tres mejores.