Ante la dimensión que va adquiriendo la contestación popular a las medidas de ajuste salvaje que impone el gobierno español, el PP ha ordenado a sus cómplices y lacayos resucitar el 11-M. Es así que la perrera mediática se ha lanzado a desenterrar el hueso de esos atentados, y vuelto a echar sus babas repugnantes sobre esa tragedia. Se agita de nuevo el espantajo de la conspiranoia, ya saben, el conjunto de "teorías" según las cuales los atentados madrileños de marzo de 2004 habrían sido obra de una trama encabezada por el PSOE en la que habrían tomado parte principal ETA, los servicios secretos españoles, franceses y marroquíes y otras organizaciones antiespañolas semejantes -entre las que seguramente figuran la Internacional Socialista, el capital judío mundial y la Liga de Fútbol Profesional-, unidas todas en el objetivo común de desalojar al PP del gobierno y llevar a Zapatero a La Moncloa. Ya se sabe que cuando se mezclan la cocaína y el agua bendita a partes iguales, se acaba teniendo esta clase de alucionaciones.
Lo terrible del caso es que entre los peones movilizados para esta nueva guerra figura nada menos que el recién nombrado Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, que se estrena en el cargo prestándose a esta infamia indecente. No de otra forma puede calificarse el que Torres Dulce decida reabrir el 11-M, un caso juzgado en las más altas instancias judiciales y con sentencia firme, sin mayor indicio que un vómito publicado por el periódico digital fascista Libertad Digital, el libelo del inenarrable Federico Jiménez Losantos. Torres Dulce, ese señor fiscal que hasta ahora iba de conservador simpático -recuerden sus apariciones hace años como comentarista de cine en un programa de José Luis Garci en TVE, y su querencia manifiesta por las películas del Oeste y sus personajes-, se ha revelado apenas le han dado ocasión como lo que realmente es: el legítimo heredero de Fungairiño, aquél elemento de la más rancia extrema derecha judicial que desde el mismo cargo luchó lo indecible para, entre otras acciones prevaricadoras, evitar que Pinochet fuera extraditado y juzgado por sus crímenes.
De nuevo quienes ocupan las palancas decisivas en los poderes y aparatos del Estado, una vez retornados al poder político los suyos, se manifiestan como fieles servidores de los intereses más espúreos de las clases dominantes. Por orden de los nuevos responsables políticos, la policía apalea y amedrenta a quienes protestan en la calle, aunque sean niños de 14 años que se quejan porque en su instituto les han cortado la calefacción los mismos que han volatilizado en beneficio propio decenas de millones de euros de los presupuestos públicos, mientras la fiscalía del Estado en lugar de perseguir a esos ladrones de cuello blanco y carnet político muy concreto, intenta narcotizar a la ciudadanía reabriendo un caso en el que si alguien tiene que callar algo, son precisamente quienes en aquellos Cuatro Días de Mayo ya intentaron lo que ahora están comenzando a hacer: llevar al país hacia un régimen autoritario con formas aparentemente democráticas, haciendo real en pleno siglo XXI la famosa democracia orgánica del general Franco, que reaparece ahora de la mano de sus dignos sucesores, agrupados en el PP.
En la fotografía que ilustra el post, el amigo americano de Aznar y las consecuencias que tuvo para los españoles esa amistad.