Revista América Latina
Del proceso penal que involucra al presidente regional, Javier Alvarado, mucho se ha registrado y difundido, además que muchos han polarizado el tema con opiniones furibundas, dejando la tolerancia e imparcialidad por los suelos. El “colectivo anticorrupción” que regenta el señor Taboada y Cía., a todas luces ha tenido un único protagonismo teniendo como consigna “destruir a Alvarado”, a quien consideran el hombre más corrupto de la región Lima. Después de él, no se conoce otro personaje a quien detesten. Y en ese derrotero, argumentan que dicha autoridad enarbola las banderas fujimontesinistas y dictatoriales, además de ser un soldado de la derecha, y vasallo del extremo conservadurismo de la iglesia. Por eso, más califican como un “movimiento político anti – Alvarado”.Por su parte, desde el aparato gubernamental del GORE Lima, califican a tal colectivo como un “grupo de corruptos y terroristas” que pretenden desestabilizar la región, y desconocer los logros del mandatario “taurino”. Hasta sus simpatizantes llegan al extremo de sostener que ante una eventual caída de Javier Alvarado, “los terroristas de Lita Román se preparan para el saqueo”, más aún si el Consejo Regional acaba de reducirle el sueldo a dos mil soles. Tales posiciones encarnadas en una palmaria confrontación política, los lleva a olvidar que en la invectiva (afrenta) de sus diferencias se están desgastando ante la opinión pública, y polarizando un asunto judicial que continuará con su trámite. Alvarado deberá responder, eso nadie lo duda; como no le debe quedar suspicacia al citado colectivo que su planteamiento es netamente político, y ya lo afirmaron de manera oficial. Mientras la “justicia” se encarga del proceso, que ya habría concluida su etapa investigadora (para proseguir con la intermedia y después, la de enjuiciamiento), los problemas de la región Lima no pueden dejar de ser atendidos, y esto último no se significa parcializarse con nadie. ¿Hacia qué extremos quieren llevar sus planteamientos? Pues a satisfacer sus propios intereses; pero aquéllos no necesariamente son los que importan a la ciudadanía o a un sector de la prensa que mora en nuestras provincias. Si de “izquierdistas” o “derechistas” es la pugna, que la denuncia y la réplica se sostenga con altura. Si de “autoridades corruptas” y “moralizadores solapas” es la lid, pues que en los pueblos no se deje de invertir. Así como Alvarado no capitulará (cederá) ante sus juicios, y el “colectivo” no renunciará a la propaganda mediática, ¿debemos dejar de exigir mayor capacidad y labor a las autoridades?, y ¿podríamos exigirle a la sociedad civil que deje de fiscalizar y quedar silente? La respuesta es un claro NO." (Vladimir Rojas H.)