El pueblo congoleño paga un alto precio por su libertad

(JCR)
¿Quieren otro ejemplo de cómo los medios españoles no dan cuenta de noticias positivas en África? Lo ocurrido durante la última semana en la República Democrática del Congo, donde el pueblo ha salido a la calle para defender la democracia y han conseguido detener la deriva dictatorial del presidente Joseph Kabila. Cerca de cincuenta personas pagaron con la vida su defensa de la libertad. Lástima que ellos no sean Charlie.

Las protestas callejeras en Kinshasa y otras ciudades congoleñas no son nada nuevo, pero esta vez lo ocurrido es muy distinto a las revueltas de otras veces. Expliquemos por qué: Durante los últimos diez años, la atención internacional sobre este país, tan grande como casi toda Europa Occidental, se ha centrado en los múltiples conflictos que sufre en el Este, pero apenas ha prestado atención a la crisis política más amplia. Kabila, que venció las elecciones de 2006 y 2011 (esta última de forma bastante fraudulenta), según la Constitución no puede presentarse de nuevo como candidato en noviembre de 2016. Aunque siempre se ha mostrado como un personaje bastante enigmático, durante 2014 empezó a dar señales de que quería cambiar la Constitución para perpetuarse en el poder. Pero cuando ocurrieron las protestas callejeras en Burkina Faso, a finales de octubre de 2014, donde el presidente Balise Compaoré quiso hacer lo mismo y acabó marchando al exilio, Kabila y sus allegados vieron el peligro. Muchos empezaron a temer que buscara otra forma de aferrarse al sillón.

La crisis empezó a madurar el pasado 17 de enero, cuando la Asamblea Nacional empezó a debatir una nueva ley electoral presentada por el gobierno. Su punto más polémico fue el artículo 8, en el que se supeditaba la celebración de las elecciones a un nuevo censo nacional. El último fue realizado en 1984, y hacer uno nuevo en un país tan enorme como el Congo, con una red de comunicaciones casi inexistente, podría llevar años, con lo que con la nueva ley aprobada Kabila podría justificar un retraso sine die de las elecciones.

El lunes 19, la gente se echó a la calle para protestar. Las protestas duraron tres días y durante ese tiempo Kinshasa quedó prácticamente paralizada, aunque también hubo manifestaciones en ciudades del este como Goma y Bukavu. El gobierno reaccionó con una violencia inusitada y, aunque su portavoz dijo que los únicos muertos fueron ladrones que aprovecharon las algaradas para robar en comercios, nadie creyó su versión. Según organizaciones de derechos humanos, hubo por lo menos 48 muertos, casi todos por balas disparadas por la policía y el ejército contra las multitudes. La guardia republicana llegó incluso a entrar en hospitales para llevarse a heridos, y retiró cadáveres de las calles para intentar ocultar la evidencia. El arzobispo de Kinshas, cardenal Monsengwo, exigió durante el segundo día al gobierno que retirara la ley electoral, causante del conflicto, y tronó contra las fuerzas del orden, a las que exigió: “Dejad ya de matar a vuestro pueblo”. La misión de la ONU, la MONUSCO, también protestó y dijo que “no es utilizando carros de combate en las calles como se mantiene el orden”. A pesar de que el gobierno cortó las comunicaciones de internet y sms durante cuatro días, nadie pudo impedir que se difundieran las imágenes de lo que ocurrió durante esos días.

Finalmente, el Senado, que debía ratificar la nueva ley el viernes 23, eliminó el polémico artículo ocho, y cuando la Asamblea Nacional se encontró con la ley electoral devuelta, ayer (domingo 25), tras una sesión muy tensa, también decidió dar marcha atrás. La mayor parte de la oposición ha saludado esta decisión como una victoria de la democracia, después de que el pueblo se sacrificara en la calle. Una vez más, en África, la presión popular puede con las derivas dictatoriales de algunos de sus dirigentes. No en todos los países ocurre esto: en lugares como Uganda, Chad, Togo, NamibiaGuinea Conakry y Gabon hace años que sus dirigentes cambiaron sus Constituciones para eliminar los límites a los mandatos presidenciales y poder así permanecer en el poder todo el tiempo que quieran. En otros seis, la presión popular impidió que esto se realizara: Burkina Faso, Nigeria, Zambia, Benin, Malawi y Senegal.

Tras lo ocurrido en la República Democrática del Congo, habrá que estar muy atentos a qué va a pasar en otros países donde sus presidentes quieren cambiar la Constitución para poder presentarse a un nuevo mandato. Al otro lado del río Congo, en Brazzaville, Denis Sassou Nguesso –en el poder desde 1979 excepto por un periodo de cuatro años a principios de los 90- ya ha dicho que quiere una nueva Constitución. Allí la oposición es más débil y está más dividida que en Kinshasa, y su sociedad civil (Iglesia incluida) no tiene la misma fuerza que en el país vecino. También en Burundi y Rwanda sus presidentes quieren seguir en el sillón a costa de lo que sea. Aunque no en todos los países existen las mismas circunstancias, lo ocurrido el año pasado en Burkina, y hace pocos días en Kinshasa, puede servir de aviso de que el pueblo empieza a despertar y está dispuesto a no dejarse robar la libertad.