Revista 100% Verde

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Por Raguadog @raguadog

Por supuesto, una economía ambientalmente sostenible requiere regulaciones para que las consecuencias de la escasez de un recurso o de la acumulación de un contaminante no percutan demasiado tarde. Como concluí hace un par de años, la tecnología y el mercado por sí solos reaccionan a los problemas ambientales con un desfase temporal (escasez, aumento de coste, reasignación económica, solución técnica). El objeto de las regulaciones económicas en materia ambiental es anticiparse.

Ahora bien: no es buena cualquier política de incentivación o desincentivación por el mero hecho de tener el fin noble de evitar la contaminación o la escasez de recursos. A veces, la política ambiental acaba consiguiendo el efecto contrario al perseguido.

Ya vimos en el caso del diésel el error de la Unión Europea al favorecer, con su política de límites de emisión, los vehículos con motor diésel. El inusual triunfo de estos coches en Europa, y particularmente en España, pasa factura. Los madrileños siguen sufriendo problemas de smog a pesar de las restricciones al tráfico. Si no me creen a mí, pueden echar un vistazo a este artículo de Pablo León en El País:

Aunque la combustión del carbón, del petróleo o del gas natural genera óxidos de nitrógeno, el foco principal de este contaminante en ciudades son los motores diésel. Si bien son más eficientes energéticamente hablando —de ahí que en los noventa fueran promocionados a bombo y platillo—, generan emisiones muy altas. A pesar de ello, son mayoritarios. En la Comunidad de Madrid los diésel representan el 58% del parque móvil, según datos de la Dirección General de Tráfico. El 63% de los turismos matriculados en lo que va de 2016 son de gasoil.

Un ámbito muy distinto donde ha sucedido algo muy similar, afortunadamente mucho más fácil de remediar, es el de los envases en la industria alimentaria.

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Hasta 2007, en la Unión Europea, los volúmenes de los envases de alimentación estaban restringidos a una gama determinada (Directivas 75/106/CEE y 80/232/CEE del Consejo) establecían una aproximación a la legislación de los Estados miembros sobre las capacidades nominales admitidas para determinados productos líquidos y no líquidos.

Las leyes que prohibían el envasado de alimentos con capacidades arbitrarias se toparon con una sentencia del Tribunal de Justicia en el año 2000 (Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Rec. 2000, p. I-8749). El Tribunal aseveró que los Estados miembros no podrían prohibir el envasado de un producto alimenticio en una capacidad nominal no incluida en una gama determinada, salvo que tal prohibición fuera necesaria para proteger los derechos del consumidor. No era el caso.

Finalmente, la Directiva 2007/45/CE del Parlamento Europeo y del Congreso derogó las Directivas 75/106 y 80/232. Tras una amplia consulta, se evidenció que, en muchos sectores de la industria alimentaria, lo más conveniente era la libertad de los fabricantes a la hora de definir capacidades nominales. Las excepciones son el vino y las bebidas alcohólicas de alta graduación.

Un envasado flexible de un alimento, sin limitaciones en su oferta, permite al consumidor elegir qué cantidad de ese producto. Podrá comprar lo que vaya a ingerir. Y ello evitará que desperdicie comida. En algún momento de nuestra vida se nos intentó convencer de que comprar envases familiares era mejor para el medio ambiente, ya que la masa de envase (que luego se tira) por gramo de producto es menor en este caso. Pero esto solamente es cierto si, en efecto, tenemos necesidad de consumir toda esa comida. No es cierto, desde luego, para todos los consumidores, máxime cuando la ocupación de los hogares ha ido disminuyendo:

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De la encuesta enlazada se concluye que:

  • El 58% de los consumidores da importancia al formato del envase.
  • Los jóvenes que viven solos prefieren comprar el aceite de oliva en botellas de 750 mL, las familias grandes compran garrafas de 5 L, y la mayoría de los consumidores optan por la clásica botella de 1 L.
  • Las familias con niños suelen adquirir briks de zumo de 200 mL, muy adecuados para su consumo en el exterior; las parejas mayores prefieren el brik de 1 L, y los jóvenes, que consumen mucho zumo de frutas, compran muchas botellas de 1,5 y 2 L.

Muy probablemente, para casi cualquier productor en la industria alimentaria, la segmentación del mercado en distintos tipos de consumidores y la consecuente flexibilidad en el envasado se traducirá, tarde o temprano, en mayores beneficios. Pero hay fundamentalmente tres motivos por los que una compañía pueda no adaptar sus productos y siga con un formato único, incluso si claramente no se corresponde con las necesidades reales de muchos consumidores:

  • Pensamiento cortoplacista o pesimista. La empresa no quiere realizar inversiones que puedan tener un período de payback demasiado largo, o el riesgo estimado puede ser excesivo para los accionistas.
  • Coste de la información. Los agentes de mercado no se hallan en pleno conocimiento de las necesidades de los demás agentes. Obtener información viable sobre el comportamiento de los consumidores conlleva siempre un cierto coste.
  • Estancamiento, malfuncionamiento organizativo. En un mundo tan dinámico como es este mercado, la incapacidad de las empresas de adaptarse al cambio e incluso anticiparlo solamente puede ser un error.

Además, puede ser desconcertante para muchos directivos que, en la última década, se pase de la obligatoriedad de ajustarse a una gama comunitaria determinada a la desregulación, y de ahí a la obligatoriedad o a la recomendación de adaptar sus envases inteligentemente.

Las administraciones públicas deben encargarse de que los productores sean incentivados a adaptar sus envases, y desincentivados a originar, con su negativa, pérdidas y desperdicios evitables. A mi juicio, son dignas de consideración las siguientes medidas:

  • deducciones en el impuesto de sociedades por innovaciones en el envasado;
  • establecimiento de un sistema de compensaciones para la diversificación en varios formatos;
  • información a los fabricantes y retroalimentación mediante la colaboración con el Instituto Nacional de Estadística;
  • definición de un impuesto por pérdidas evitables a los fabricantes de productos alimentarios.

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En general, incluso si los consumidores no se preocupan directamente por el medio ambiente, las preferencias del consumidor en cuento al envase se corresponden con la mejor opción para minimizar la generación de residuos, las pérdidas y los desperdicios de alimentos. Esto es así porque buscan un envase que se adapte al ritmo de consumo familiar: un envase suficientemente grande para no generar excesivos residuos de empaquetamiento debidos a usar múltiples envases innecesariamente, y suficientemente pequeño para evitar el desperdicio de comida.


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