Que las medicinas, los fármacos, estén ampliamente subvencionados en este país, forma parte de las decisiones populistas del régimen anterior que no ha sido modificadas en este período constitucional que llevamos viviendo desde el final de la dictadura. Es cierto que en otros países de nuestro entorno también los sistemas de seguridad y protección social subvencionan los medicamentos, pero en todos existe la figura del pago previo y reembolso que al parecer ejerce un cierto efecto moderador. Así lo hemos comentado en el pasado, con mayor o menor énfasis.
El peor efecto de la casi gratuidad de los fármacos ha sido una extraordinaria “medicamentalización” de la asistencia sanitaria que ha modificado fuertemente la práctica asistencial, sobre todo en el ámbito de la Atención Primaria donde los facultativos se han ido convirtiendo en meros prescriptores. Curioso es que la tasa de reacciones adversas a los medicamentos parece que no supera la de otras comunidades o estados, lo que da que pensar. Probablemente se prescriben muchos medicamentos que luego la gente no se los toma. Hace ya un par de decenios en nuestra universidad se hizo un estudio de los botiquines familiares en el que se pudo ver que contenían un número tal de medicamentos sin utilizar, o a medias, que, extrapolando la suma de los precios, se alcanzaba el presupuesto anual de farmacia. O sea que, efectivamente, los medicamentos los prescribían los médicos, los dispensaban los farmacéuticos, el estado cubria una parte del costo, otra mucho más pequeña la pagaban los pacientes, pero, al final, la mayor parte acababa en el cubo de la basura.
Menos mal porque, de otra manera, tamaño despropósito podría pasar de ser un despilfarro a una tragedia de toxicidades de proporciones pandémicas. Sin embargo el otro efecto totalmente indeseable es que la falta de cumplimiento de los tratamientos, en concreto de los antibióticos, lo que hace es favorecer las resistencias bacterianas, y de esto si que padecemos una tremenda situación.
Todo esto conforma una realidad que los sucesivos gobiernos y, también, el actual inútil Ministerio de Sanidad, incompetente porque no tiene competencias, han ignorado con contumacia a lo largo de los años. Una publicación reciente ponía énfasis en el tema recordando los informes del Tribunal de Cuentas. Claro que al citado tribunal es difícil darle credibilidad cuando una buena parte de sus cargos son primos o cuñados entre sí, configurando una nucleo de nepotismos vergonzante.
En el ámbito de la Pediatría se es consciente que el uso de fármacos es mucho más reducido proporcionalmente. Las causas tienen que ver con la menguante patología infantil y un creciente rechazo social a darle porquerías a los niños. Afortunadamente familias y pediatras suelen llegar facilmente a acuerdos restrictivos en el uso de medicamentos, aunque aún lejos de lo que sería deseable. En un estudio que hice yo mismo, en la práctica asistencial de Atención Primaria en un barrio periférico y de nivel socioeconómico bajo, aplicando en un año una práctica restrictiva en el uso de tratamientos sintomáticos y, en cambio, prodigando el uso de suero salino fisiológico en botellas grandes que salían a 0.65 céntimos de euro, redujimos a la mitad el gasto farmacéutico. Agregado, el item más caro de mayor consumo resultaron ser los pañales para niños mayores y adolescentes incontinentes por problemas neurológicos. Por cierto, este hallazgo fue mi mejor aportación ante el Colegio de Médicos en el conflicto que ha generado la posibilidad de prescripción por parte de los profesionales de enfermeria. Evidentemente estoy a favor.
Animo a unos y otros a repasar las cuentas del consumo de prescripciones de medicamentos en el ámbito de la asistencia pública. Seguro que se encuentran espacios de mejora. No se trata de ahorrar por ahorrar, que también. Se trata de modificar una cultura de consumo disparatado de productos farmacéuticos demasido extendida y sin buenos mecanismos de control, ahora que ya hace unos años de los primeros PROSEREME.
A ver si entre todos…
X. Allué (Editor)