El Tribunal Constitucional como filtro último de las decisiones políticas

La cuestión no es Bildu, sí, Bildu, no.  El poder Ejecutivo ha fagocitado a los otros dos poderes del Estado de manera escandalosa. No es un tema fácil pero, en principio, aunque no me cortaría un brazo porque un juez del Supremo no haya colocado su ideología por encima de la independencia, todos los miembros de ese tribunal son jueces y, al serlo, es de suponer que sus decisiones atiendan a criterios jurídicos. El Tribunal Constitucional, como bien se debe de saber  tiene 12 miembros:

-   4 son elegidos por 3/5 partes del Congreso de los Diputados,

-   4 son elegidos por 3/5 partes del Senado,

-   2 miembros son elegidos por el Gobierno y

-   2 miembros son elegidos por 3/5 partes del CGPJ.

Con una característica muy específica: no hace falta que sean jueces, luego no es ningún disparate señalar que las decisiones se tomarán siguiendo ‘instrucciones’ del Ejecutivo o de la Oposición, aunque lo estrictamente jurídico (sujeto a la interpretación de una persona) no lo podríamos llegar a definir al 100%  así como tampoco la penetración política al determinar sentencias.

¿Va a misa todo esto? No. Pero dado que en nuestra oligarquía partitocrática no existe la división clásica, los intereses del Gobierno juegan un papel fundamental en las decisiones del más alto tribunal. Y por ello existe. Yo, personalmente, diría que excepto Pascual Sala, ninguno de los que dijeron sí a las listas de la llamada izquierda abertzale son jueces.

Bien sabido es que la mayor parte del tiempo que se dedica a la política atañe a la lucha por el Gobierno. De ahí que sea necesario tener continuas pulsiones de lo que piensa la calle. O lo que es lo mismo: las decisiones se toman atendiendo a sondeos y encuestas. La brutal caída de Zapatero ante los ojos de los españoles desde que comenzó la crisis económica y las reacciones que comenzaban a despertarse en el PSOE – hubo varios momentos en el que el PP hubiera logrado la mayoría absoluta si se hubieran celebrado Elecciones Generales – obligó al partido socialista a buscar una salida que le asegurara volver a gobernar, ya que estaban como zombies ante la sima económica y las únicas actuaciones, sugeridas desde el exterior, se han limitado a aplicar políticas restrictivas sobre las clases más débiles (con la complicidad sindical) y a manipular los mensajes.

En fin,  las dos decisiones son políticas. No hay más que ver que, aunque el TS esté compuesto de jueces y el TC no necesariamente, en los dos hay unas mayorías: en el TS de conservadores y en el TC de progresistas. Simplemente con esto ya se establecen unos criterios políticos en los dos tribunales que priman más que los estrictamente jurídicos. Claro está que como en España la ley y las pruebas judiciales son relativas…cada uno podrá sacar sus conclusiones en base a la norma jurídica que consideren pero guiándose por factores y fines políticos. Además, es verdad que el TC se configura como se dice arriba, pero no es menos verdad que el CGPJ también está conformado bajo la pluma de los partidos, por lo que al final, tanto TC y TS dependen de los mismos. Como bien señala usted, la separación de poderes brilla por su ausencia y cualquier tribunal forma parte del mismo sistema.

Resulta tan bochornosa la situación, tan evidentemente antidemocrática, tan cargada de corrupción, de falta de ética, de ausencia de deontología, de manipulación de las conciencias de la ciudadanía, que llega a ocurrir algo terrible: el asentamiento de la sospecha generalizada y el prejuicio sobre todo y todos. Es un sistema carente de moral,  que hace que el pueblo pierda también todo atisbo la moral, acuda al victimismo, se parapete ante la acción por medio del  “todos son iguales”  y adquiera esa indolencia tan cercana al Síndrome de Estocolmo, que ahora mismo van a votar de nuevo a los mismos, exactamente los mismos, que los sojuzgan, impiden su libertad política y tienen a España hecha un desastre. Pero, hablando claramente, no todos somos tan iguales.

Y no porque seamos superdotados (basta con el sentido común) sino porque no entramos en ideologías, que difieren muy poco, sino en la podredumbre oligárquica. Es eso lo que queremos cambiar. Si los tres poderes están juntos y además revueltos, ¿quién se atreve a emitir juicios o diferencias entre lo político y lo jurídico? En el fondo es lo mismo: todo está orientado a la perpetuación del statu quo partitocrático. Es patético y, mirando a los políticos, esperpéntico.

Ambos órganos están politizados, por la ausencia de separación de poderes en origen. La designación directa del TC por los partidos sirve como “seguro” y filtro último de las decisiones políticas en materia judicial por si se escapan del control propio de la designación indirecta del propio CGPJ de la cúpula judicial, incluido el propio TS con quien comparte incluso presidente. Es el cinturón de seguridad de la justicia de poderes inseparados.