Sobre el espacio fiscal y el gasto en educación pública
El actual conflicto de los gremios de la educación, en el marco de la rendición de cuentas, ha despertado reacciones diversas. Tal vez la más significativa sea de parte del Poder Ejecutivo, respondiendo que tanto el gasto en educación como los salarios de los docentes y trabajadores de la enseñanza en general llegaron a niveles históricos. Los números indican que se ha mejorado, pero no tanto como se quiere pensar.Un elemento nuevo en la lucha gremial, es que no sólo se solicita mayor presupuesto para la educación, sino que las plataformas también agregan presiones para aumentar la carga fiscal y caminar hacia un sistema tributario más justo. En este sentido, la propuesta más exhaustiva proviene del sunca y fue aprobada por el pit-cnt. La misma cuestiona el tan preciado espacio fiscal por el lado de los ingresos y se ha constituido en parte de la plataforma de todo el campo popular. Es interesante analizar estas discusiones en dos niveles: por un lado la situación de la educación y del gasto público en general, y por otro, la posibilidad de incrementar las arcas del Estado para atender estos pedidos. No obstante, en este artículo hacemos hincapié en la primera parte, pero cabe resaltar que esta separación es sólo con fines analíticos, siendo para quienes escriben un acierto de las organizaciones sociales abordar esta lucha como una sola, en el entendido de que tanto la orientación del gasto como quien soporta la mayor carga impositiva resultan de una disputa que marca qué modelo de país se quiere.
¿HA CRECIDO EL GASTO EN EDUCACIÓN? Suele argumentarse que el gasto en educación ha crecido como nunca antes y, tal vez por ello se exige, como pocas veces en la historia, desde el Ejecutivo así como también desde la oposición y la prensa que ese mayor esfuerzo se traduzca en resultados concretos. La exigencia es pertinente y debería ser de absoluta centralidad en la agenda pública de nuestra sociedad. Lo que amerita cuestionarse es qué ha sucedido con el gasto en educación. La llegada del gobierno progresista implicó un aumento en el gasto en educación sobre el pbi. De hecho, el actual gobierno tenía un compromiso histórico con las reivindicaciones gremiales de llegar a invertir allí el 4,5 por ciento del pbi. Y aquí empieza el dilema. A partir de 2005 se comenzó a mirar el gasto público por “área programática” y no por inciso. Esta idea –que en sí misma no es mala– implicó que se incluyeran como gasto en educación ítems que no formaban parte de los reclamos del movimiento sindical y popular en lo que hace al gasto educativo. Ejemplo de esto son: la Escuela Policial y la Militar y otros programas nuevos ejecutados fuera de los incisos tradicionales de la educación (anep y Udelar). Con esta nueva contabilidad, el gobierno argumenta que ya cumplió con el prometido 4,5 por ciento, Ahora bien, si miramos el gasto corriente tomando sólo la Udelar y la anep con relación al pbi corriente, podemos observar que el esfuerzo que realiza el país para financiar la educación ha mejorado sustancialmente. Por ejemplo, en el año 1999, primer año de estancamiento económico, se destinaba el 2,7 por ciento del pbi a la educación, mientras que en 2011 se destinaba el 3,9 por ciento. Esto quiere decir a priori que, a pesar de no alcanzar las promesas del 4,5, se ha mejorado. Pero es necesario mirar con mayor detalle ese indicador. Al igual que pasa con los salarios, para saber cuánto es el esfuerzo real es necesario medirlo por el poder de compra de ese presupuesto. Para ello ajustamos por inflación1 el pbi y el gasto en educación, y con este ajuste vemos el esfuerzo real que realiza el país en educación. Hecho esto, se constata que los datos no son tan alentadores: en 1999 se invertía el 2,4 por ciento del pbi y en 2011 el 2,8. Para decirlo de manera perceptible: con el presupuesto de 2011 podemos comprar de sistema educativo (horas docentes, inversión en escuelas, etcétera) casi lo mismo que en 1999. Esto se debe a que la inflación de la educación superó a la inflación promedio de la economía. Si a esta cifra la miramos por estudiante, como la matricula ha crecido para todo el sistema educativo, el esfuerzo real realizado por estudiante en 2011 es un 10 por ciento menor que en 1999. En este contexto, llama la atención que se exijan resultados criminalizando a los cuerpos docentes. Usualmente se suceden modelos, recetas importadas que deberíamos de imitar para transitar el desarrollo, pero se esconden las bases materiales de dichos modelos: Cuba gasta 13 por ciento del pbi en educación; Nueva Zelanda gasta 7,2; Finlandia 6,8; y en la región, Brasil gasta 5,6 y Argentina 6 por ciento. Todos muy por encima del 3,9 uruguayo. A su vez, se habla del fuerte incremento salarial de los trabajadores de la enseñanza. Hoy los salarios del sector apenas alcanzaron un poder de compra un 12 por ciento mayor que en 2001, año previo a la crisis económica. El panorama es incluso más desalentador cuando contextualizamos los salarios de la enseñanza en relación con el resto de la economía. Un trabajador promedio de la enseñanza en 2011 ganaba 16.186 pesos, si clasificamos la economía en 34 sectores de actividad y los ordenamos por el salario promedio, la enseñanza se encuentra en el puesto número 20 a pesar de ser el sector con mayor participación relativa de trabajadores calificados. En este contexto, es más fácil comprender por qué los docentes hacen una huelga, por qué los maestros convocaron a una marcha multitudinaria el viernes 28 de junio y por qué los sindicatos de la Udelar se declararon en conflicto. La situación es grave: si bien los incentivos para hacer una carrera docente no sólo son económicos, ésta es una de las causas que explica la falta de maestros, la caída sistemática de la matrícula de magisterio e ipa, la falta de formación permanente de los docentes, enfermedades laborales por sobre exigencia de horario laboral, faltas y problemas edilicios.
INCENTIVOS A PRIVATIZAR LA EDUCACIÓN. Los institutos de enseñanza privada están exentos del pago de todo impuesto por el artículo 69 de la Constitución. A modo de ejemplo, en el año 2011 según estimaciones de la dgi, la enseñanza privada dejó de aportar a Rentas Generales un 0,25 por ciento del pbi. Cuando el Estado exonera del pago de un impuesto a una empresa o persona es similar a que realice un gasto directo en ella por ese monto. Es decir, el Estado hizo un gasto directo que significó 150 millones de dólares sobre este tipo de establecimientos sólo por iva e irae en beneficio de los hogares de mayores ingresos, que son quienes asisten mayoritariamente a la educación privada. A su vez, mientras que la enseñanza privada no paga ningún aporte patronal ni al bps ni al Fonasa –cabe aclarar que estos no son impuestos sino contribuciones–, el sistema público paga 19,5 al bps y un 5 por ciento al Fonasa; esto quiere decir que de cada 100 pesos al rubro salarios en educación, un poco más de 20 pesos son para financiar la seguridad social, siendo este aporte muy superior al resto de la economía, que es de 7,5 por ciento. Este incentivo a la privatización se combina con las recientes iniciativas de los liceos financiados por donaciones de empresas como es el caso del liceo Impulso del barrio Casavalle. Dicha construcción fue posible por la ley 18.083, artículo 78, que permite a las empresas descontar el impuesto a la renta de las actividades empresariales y el impuesto al patrimonio por el hecho de donar dinero. Por cada 100 pesos que una empresa dona, esta ley les permite exonerar 75 pesos de sus impuestos. Por lo tanto, el Estado es socio mayoritario de liceos privados, pero no hace uso de esa mayoría. Por ello, en estos liceos se viola la laicidad y además se restringe el ingreso de estudiantes, en franca contradicción con los principios de la educación pública. Estos ejemplos, sumados a la instauración de varios proyectos ejecutados fuera de la órbita de anep-Udelar –que se caracterizan por ser de corta duración y sin tener en cuenta a los protagonistas del sistema educativo: docentes, trabajadores y estudiantes–, van armando filas para que el movimiento sindical retome históricas luchas. Una vez más queda demostrado que esas luchas son la base fundamental para que los movimientos sociales demanden, se piensen y propongan una nueva forma de construir la sociedad con independencia de criterio para marcar agenda y hacerse sujetos de la historia. n
* Economistas. 1. Para realizar dicho ajuste, para la educación y para el pbi se utiliza el deflactor de las cuentas nacionales publicado por el bcu.
creartehistoria