Las empleadas domésticas han trabajado tradicionalmente en negro pero los cambios normativos impuestos desde el Gobierno central obligan a darse de alta en la Seguridad Social. En muchos casos estas autónomas perderán parte de sus salarios por la obligación de sus jefes para hacerles un contrato regulado y otras ni siquiera llegan al mínimo de horas para cotizar. Ante esta situación un grupo de jóvenes coruńeses se ha propuesto crear una asociación en la que agrupar a las trabajadoras del sector en la ciudad de modo que “puedan defender sus derechos” desde esa plataforma.
La futura asociación de empleadas del hogar de A Coruńa va dando sus primeros pasos y aunque no se ha constituido todavía como tal ya lleva semanas celebrando sus primeras reuniones. Por el momento, a esos encuentros asisten según Laura Ruiz, una de las promotoras de la iniciativa que partió de unas jornadas para voluntarios sobre emigración, “alrededor de 20 personas cada vez”.
Sin embargo, el camino no está exento de dificultades porque “la mayoría son inmigrantes que a lo mejor no tienen papeles, se interesan pero todavía no están comprometidas del todo y muchas no vuelven”. La razón es que el cambio normativo que obliga a que estas trabajadoras –también hay algún trabajador– estén dadas de alta en el régimen general de la Seguridad Social para, entre otras cosas, poder cotizar o cobrar bajas por enfermedad suma problemas tales como que pocos empleadores están dispuestos a dar de alta y, en el caso de los que lo están, “las espańolas, por ejemplo, no quieren hacerlo porque cobrarían menos”.
Ante esta falta de compromiso por su propio futuro por unas u otras causas, Laura Ruiz, Antía Ricoy y Guillermo Zurita quieren concienciar a las trabajadoras de la necesidad de acomodarse al nuevo régimen. “Existe una única asociación en Galicia que da asesoramiento pero nosotros además de eso queremos que se unan y reivindiquen sus derechos”, comenta Ruiz.
La idea es que una vez oficializada, la asociación sea un foro en el que todas sean iguales y puedan aportar propuestas para regular su situación laboral y equipararla cada vez más a la de otros trabajadores.
El caso más preocupante y que consideran más necesario resolver es el de aquellas mujeres que tienen que renovar sus papeles para residir en Espańa y no pueden porque necesitan un contrato de 40 horas.
“No vale que tengan varios contratos que sumen esas horas, tienen que encontrar un empleador que les haga esas horas sin cobrarlas y después volver al régimen normal”, explica la promotora de la entidad, que rechaza que el futuro de las empleadas inmigrantes dependa “de la voluntad del empleador”.
Por ello, y aunque a veces es complicado dar el paso, reclaman la colaboración de las trabajadoras de la ciudad porque, aunque no disponen de cifras, son conscientes de que son muchas las personas que se dedican a esta labor y ven justo que sean tratadas de igual forma que otros trabajadores.
Fuente