En Costa Rica demandan a Chiquita Brands por amenazas a la vida y daño ambiental

En el Caribe Sur, entre los monocultivos de transnacionales abusadoras y los proyectos turísticos creciendo sin control, ya no queda dudas que la falta de ordenamiento y de respeto a las leyes ambientales son nuestro pan de cada día. En seguida les comparto un comunicado de prensa que me fue enviado a fines de ser compartido y así ayudar a los pobladores de Penshurst a sacar a la luz la problematica que viven desde una década.

‹‹ Comunicado de prensa:DEMANDAN EN COSTA RICA A CHIQUITA BRANDS POR AMENAZAS A LA VIDA Y DAÑO AMBIENTAL

El día de ayer, se presentó una demanda judicial contra la empresa Compañía Bananera del Atlántico Limitada (COBAL, subsidiaria de Chiquita Brands) ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda (TCA) en San José, Costa Rica.

La demanda pretende que el Tribunal (TCA) ordene la demolición de un dique que fue construido ilegalmente en la margen del río La Estrella en el Valle del mismo nombre, a la altura del puente que cruza la ruta 36 en Pensurth, provincia de Limón, en el Caribe costarricense.

Dique visto desde el puente de la ruta 36 sobre el río Estrella
El presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Ecología, Marco Levy Virgo (conocido como Marco Machore), declaró a medios noticiosos locales que “nos vimos obligados a interponer esta demanda, luego de estar luchando durante más de diez años contra los actos ilegales de la empresa bananera y ante la desidia de las autoridades locales que son competentes para detener estos actos arbitrarios y prepotentes, que muestran un grave desprecio por la legislación vigente en materia ambiental en Costa Rica”.

El problema surgió desde el año 2002, en que la COBAL decidió construir un enorme dique de más de 1 km de longitud, para proteger sus plantaciones bananeras de los recurrentes desbordamientos del río Estrella que provocan las fuertes lluvias en la zona; la obra se construyó violentando todos los procedimientos administrativos y trámites legales de rigor, como los permisos municipales respectivos, las autorizaciones del Ministerio de Ambiente (MINAET, SETENA) y el Ministerio de Obras Públicas (MOPT, Dirección de Aguas), que resultan indispensables para construir una obra de esta magnitud.Al cabo de varios años de funcionamiento del enorme dique construido en la margen del río Estrella, los habitantes vecinos de las poblaciones de Bonifacio, Tobruk, Pléyades y Pandora,  se han visto afectados con cuantiosas pérdidas económicas y muchos problemas recurrentes de incomunicación vía terrestre, debido a los desbordamientos del río que se producen en la margen opuesta del dique, como resultado de la desviación de las aguas que el dique produce. Igualmente, se han perdido viviendas y construcciones y servicios públicos por estos mismos desbordamientos que hoy amenazan barrer muchas viviendas de la zona, poniendo en grave peligro la vida de los pobladores vecinos.La permanente acción del desvío de las aguas del río por medio del dique, ha generado también desgaste en la ribera opuesta y ha venido socavando las bases del puente sobre la ruta 36, amenazando con dejar incomunicada toda la zona sur de la provincia de Limón (Talamanca y tránsito hacia Panamá vía Sixaola).“Todo se encuentra absolutamente documentado desde hace muchos años y se ha reiterado en estudios técnicos recientes, realizados por expertos del MINAET, del MOPT, del Ministerio de Salud, de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y la Unidad Técnica y Estudio de la Municipalidad de Limón” sentenció Marco Levy, para fundamentar su demanda judicial.“Lo que sucede en Costa Rica es que las instancias públicas competentes para resolver estos problemas, posiblemente se sienten amedrentadas de enfrentar a una compañía transnacional tan poderosa como Chiquita Brands, que tiene la opción técnica de enmendar los problemas que ha causado durante muchos años en estas comunidades” explicó Marco Levy, pero que no se siente obligada a cumplir con la legislación vigente, pues ellos se consideran un poder supra nacional que actúa con prepotencia y absoluta impunidad, sea por omisión o por complicidad de las autoridades locales. “Además, hay cuantiosos daños económicos que la COBAL debería resarcir al Estado y a las comunidades, y esperamos que el Tribunal (TCA) así lo ordene y lo cuantifique técnicamente, pues la ley es clara en cuanto a la responsabilidad que le cabe a esta bananera por los daños causados y sobran los estudios técnicos que así lo demuestran” dijo Levy.“Nosotros tenemos más de veinte años librando batallas de todo tipo a favor de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado en todo el litoral Caribe de Costa Rica y no nos vamos a amedrentar por el despliegue de poder de una empresa transnacional” –sentenció Marco Levy; “solamente esperamos que en los tribunales se pueda cumplir el precepto constitucional de justicia pronta y cumplida y que se ordene a COBAL el respeto y cumplimiento de las leyes costarricenses en materia ambiental y subsidiariamente se haga responsable al Estado también por su omisión o complicidad en todo este asunto”, concluyó. ››Esta situación ya duro mas de lo debido, espero que el tribunal ponga fin definitivamente a este abuso.Esta noticia también fue relevada por Prensa Latina y CRhoy

Puente dañado por la corriente del río Estrella

Para los interesados les pongo la versión en ingles :‹‹ Press Release:CHIQUITA BRANDS IS SUED IN COSTA RICA FOR THREATS TO LIFE AND ENVIRONMENTAL DAMAGE

A lawsuit was filed yesterday against the corporation Compañía Bananera del Atlántico Limitada (COBAL, by its Spanish acronym) a subsidiary of Chiquita Brands, before the Contentious-Administrative and Civil Court of the Treasury (TCA, by its Spanish acronym) in San José, Costa Rica.

This lawsuit is intended to have the TCA Court order the demolition of a dam that was illegally built on the margins of La Estrella river located in the Valley by the same name, close to the bridge that crosses route 36 at Penshurst, province of Limon, on the Costa Rican Caribbean region.Marco Levy Virgo (a.k.a. Marco Machore), president of the Asociación para el Desarrollo de la Ecología (Association for the Development of Ecology) stated to the local news media that “We were forced to file this lawsuit, after having struggled for over ten years against the illegal actions of this banana company and against the apathy of the local authorities who have the power to put a stop to these arbitrary and arrogant actions, that evidence a serious contempt for the law in force on environmental issues in Costa Rica.”The problem arose back in 2002 when COBAL decided to build an enormous dam, over 1 km long, to protect its banana plantations from recurrent flooding from La Estrella river as a result of the strong rainfall in that area. The project was built despite the infringement of all manner of administrative procedures and the lack of the proper legal steps, such as the corresponding municipal permits, the authorizations by the Ministry of the Environment (MINAET, SETENA), and the Ministry of Public Works (MOPT, Water Division), indispensable for building a project of this magnitude.In the course of the years of operation of this enormous dam on the margins of La Estrella river, the residents of the neighboring communities of Bonifacio, Tobruk, Pléyades and Pandora have been severely affected by staggering economic losses, not to mention the multiple recurring problems of the road being cut off due to flooding on the opposite river margin —a direct result of the river’s diversion due to the dam. In addition, homes, constructions and access to public utilities have been lost due to these same floods that currently constitute a threat to many more homes in the area, seriously endangering the lives of the neighboring residents.The consistent actions of diverting water from the river by means of a dam, have also generated the erosion of the opposite margin and have been undermining the footings of the bridge on route 36, hence threatening to cut off land transportation to and from the entire southern region of the Limón province (traffic to Talamanca and Panama via Sixaola).“Everything has been absolutely well documented for many years now, and has been reiterated in recent technical studies conducted by experts at MINAET,  MOPT, the Ministry of Health, the National Emergencies Commission (CNE) and the Technical Division’s Study conducted by the Municipality of Limón,” said Marco Levy, in support of this legal action.“What is happening in Costa Rica is that the competent public institutions in charge of solving these problems possibly feel intimidated to go after an international company as powerful as Chiquita Brands, which has the technical option of making amends for the problems it has caused during so many years to these communities,” explained Marco Levy. “However, it does not feel compelled to comply with the legislation in force, since it considers itself a supra-national power acting arrogantly and with absolute impunity, whether by omission or complicity with the local authorities. In addition, there are significant economic losses for which COBAL must compensate the State and the communities, and we hope the TCA Court so orders it and technically quantifies such losses, since the law is clear as far as the responsibility of this banana company for the damages caused, and there are more than enough technical studies evidencing this fact,” commented Levy.“We have spent over twenty years waging all manner of battles for a healthy and ecologically balanced environment throughout the entire Costa Rican Caribbean coast, and we refuse to be intimidated by the show of power of an international company,” proclaimed Marco Levy; “it is our hope that the courts will comply with the constitutional precept of a swift and effective justice, and that COBAL be ordered to abide by Costa Rican laws on environmental issues; furthermore, that the State also be declared responsible for its omission or complicity in this entire matter,” he concluded.››