En defensa de la educación pública
Cuando era pequeño, con 3 o 4 años, participé en mis primeras movilizaciones en defensa de los derechos sociales. Recuerdo que estuvimos encerrados en la iglesia del barrio –Sant Crist de Can Cabanyes, un núcleo obrero en el extrarradio de Badalona, entonces una ciudad industrial a las afueras de Barcelona–, reclamando la construcción de una escuela pública.
A finales de los 70 las carencias en infraestructuras y equipamientos eran colosales en municipios como Badalona, donde la inmigración de los años 50 y 60 había provocado la aparición de barrios de arquitectura caótica sin ningún tipo de servicio. La presión de los movimientos vecinales consiguió que, poco a poco, aquellas concentraciones humanas movidas por la necesidad fueran dotándose de las condiciones mínimas para una existencia digna.
La movilización ciudadana consiguió que en 1979 se construyera un parvulario público en Sant Crist y que al año siguiente abriera las puertas la primera escuela pública de la zona, el colegio Llibertat (Libertad), del que me siento orgulloso de pertenecer a su primera promoción. Fue un centro ejemplar, con un método de enseñanza revolucionario en el que se implicaba toda la comunidad educativa, desde los maestros hasta los padres, que participaban activamente en la definición del programa de estudios y, por supuesto, en todo tipo de actividades, no sólo extraescolares, sino también dentro del horario lectivo. Durante muchos años Llibertat fue sinónimo de calidad en la enseñanza y de implicación de toda una comunidad en la educación de los chavales.
Mi hijo Albert tiene cuatro años y medio, y ayer participó en su cuarta o quinta manifestación (si no son más, que ya he perdido la cuenta). No es un caso excepcional, ni mucho menos. En la multitudinaria movilización de Barcelona había muchísimos niños, incluso más pequeños que él. Acudían junto a sus padres y sus maestros a defender la escuela pública; a protestar contra las reformas legislativas que hacen de la educación un arma arrojadiza política; contra las reformas de profundo y repugnante calado ideológico; contra los recortes que, tras el escudo de la crisis, esconden motivaciones única y exclusivamente políticas (en Catalunya llevamos años sufriéndolas, desde que CiU recuperó el poder); a mostrar su rechazo más absoluto, en definitiva, al desmantelamiento del sistema de garantías sociales que las movilizaciones que comenzaron cuatro décadas atrás lograron construir en este país.
Como Albert, a su edad yo acompañaba a mis padres para reclamar una existencia digna. Lo de ayer fue bonito, alentador, emocionante incluso, contemplar tanta savia nueva en tantas ciudades defendiendo sus derechos, siendo conscientes, tan jóvenes, de que quedándose de brazos cruzados nadie va a luchar por ellos. Bonito, sí, pero a la vez muy triste. Hace 35 años mis padres reclamaban que en Sant Crist, un barrio obrero de Badalona, se construyera una escuela pública para que sus hijos disfrutaran de una educación de calidad. Hoy somos yo, mi mujer, y tantos otros padres y madres quienes reclamamos no ya la construcción de escuelas, sino que mantengan las condiciones mínimas para que puedan continuar ofreciendo una educación digna.
Exigimos a nuestros gobernantes que dejen de hablar de la educación en vano; que dejen de rasgarse las vestiduras por los malos resultados académicos, por estar a la cola de Europa; que dejen de aparentar una preocupación falsa por la calidad de nuestras escuelas, y que demuestren de una vez por todas que realmente creen en la educación como un pilar fundamental para la construcción de una sociedad mejor. La solución a los males de nuestra enseñanza es bien sencilla: inversión. “No hay dinero”. Mentira. Mentira. MENTIRA. Los políticos que utilizan la excusa de la crisis para recortar en servicios públicos son unos mentirosos y unos pésimos gestores cuyo principal objetivo es destruir lo que tanto nos costó construir.
La inversión en educación es la mejor que se puede hacer. Ningún céntimo invertido en educación es dinero perdido. El problema es que en España no ha habido todavía un gobierno que crea firmemente en ello. El sistema educativo es una cuestión de Estado y, por tanto, debería ser consensuada entre todos los actores que intervienen, es decir, entre toda la sociedad, huyendo de sectarismos políticos. Pero eso no va ocurrir mientras las cosas funcionen como hasta ahora.
No queda otra, pues, que seguir luchando. He leído y escuchado a varios maestros y profesores que justificaban el no haber secundado la huelga principalmente en base a dos argumentos: 1) “Con una huelga de un día no vamos a conseguir nada” o 2) “Ya me han recortado demasiado el sueldo como para perder más”.
Son argumentos comprensibles, sin duda, y no soy nadie para valorar la repercusión que un día menos de sueldo puede tener en la vida de una familia. Ahora bien, tengamos muy presente que es precisamente la falta de unidad a lo que se agarran los gobernantes para continuar perpetrando este atentado continuo a nuestros derechos. Saben que es muy difícil que la gente piense antes en el conjunto de la sociedad que en defender su parcelita de miseria. Pero bueno, como ya hemos salido de la recesión pronto no será necesario reclamar nada. Volveremos a ser felices y a comer perdices… o las sobras de los que se están enriqueciendo gracias a nuestra miseria.
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