En torno al presunto petróleo en Canarias

El debate sobre la conveniencia de realizar prospecciones en aguas próximas a las islas de Lanzarote y Fuerteventura para determinar la existencia de petróleo o gas ha presidido el debate político y de la opinión pública desde hace más de un año en Canarias, a raíz del procedimiento de autorización iniciado por Repsol ante la Administración del Estado y que ha acabado con el otorgamiento del permiso necesario para realizar dichas prospecciones y con la pérdida de cuantos recursos judiciales contra la autorización han presentado el Gobierno de Canarias, los Cabildos de las islas orientales y colectivos ecologistas.

El debate se ha planteado en términos de estar a favor o en contra del petróleo, convirtiéndose en un debate meramente político que transforma los argumentos ambientales, económicos e incluso jurídicos en simples instrumentos de aquel y no en el núcleo de una decisión que carece de precedentes en estas islas. Es un error plantear el debate en términos de petróleo si o petróleo no, porque Canarias no puede prescindir del petróleo mientras los aviones se sirvan de sus derivados, por ejemplo. Desde el punto de vista político, la cuestión ha supuesto que las fuerzas políticas han aislado al Partido Popular, aunque dentro de sus filas el único alcalde de este partido en Lanzarote es contrario a las prospecciones. Fuera de este supuesto tanto socialistas como nacionalistas han mantenido la unidad en sus filas, sin voces discrepantes, y algunos representantes de partidos minoritarios han corrido a la llamada de Rivero para sentarse en la misma mesa y sacarse la foto junto al Presidente, sin que se sepa quien sacó más provecho: si uno por salir en una foto o el anfitrión por tener tantos amiguitos en su fiesta. Los partidarios del No, liderados por Paulino Rivero (Presidente del Gobierno de Canarias y cuyos colegas de partido le han impedido que vuelva a ser candidato) alegan que petróleo y turismo son incompatibles y que Canarias apuesta por las energías renovables. Sobre la incompatibilidad, bastaría con preguntarse qué lugares del mundo dejan de visitarse porque existan en las proximidades pozos de petróleo o cuantos turistas tienen el hábito de buscar los puntos de extracción a la hora de definir sus destinos vacacionales. En cuanto a las energías renovables, el discurso es altamente demagogo porque es insensato pensar que sin más Canarias puede convertirse en una región que pueda prescindir del petróleo-sin entrar en el debate de si técnicamente es posible 100% renovables- y que éste perjudique la expansión de las renovables, cuando ha sido el gobierno de Canarias quien ha tenido buena culpa y es el principal responsable de que la energía eólica no se haya incrementado, debido a los sucesivos concursos eólicos que una tras otro han sido impugnados y anulados, convirtiendo en una fantasía el aumento de parques eólicos. El gobierno de Rajoy tampoco puede irse de rositas en cuanto a dificultar las renovables.

Es lógica la preocupación de la sociedad civil cuando se plantea que un posible derrame puede dejarla sin abastecimiento de agua ya que el 100% de su recurso hídrico es agua proveniente del mar, o que su principal fuente de riqueza (el turismo) puede disminuir severamente si hubiera un accidente o simplemente la actividad extractiva ordinaria genere bolitas de piche azabache que fueran a encallar en las rubias playas conejeras o majoreras, sin posibilidad de camuflaje. Si los territorios próximos no van a tener ninguna ventaja y por el contrario corren el riesgo de padecer las consecuencias negativas de las prospecciones, es lógico el recelo y el temor, lo cual ha servido de caldo de cultivo para el ejercicio cortoplacista de la política, con elecciones a la vista. Sin duda ha faltado altura de miras por ambas partes, tanto los del bando del no por el no como los del sí.

El planteamiento de la cuestión con un prejuicio cerrado ha supuesto la pérdida de una gran oportunidad al no haber negociación. Nada aporta a Canarias la postura del gobierno regional, enrocado contra el ministro Soria cual magos por una suerte de tierra, convirtiendo Rivero el asunto en un pulso personal contra el que fuera vicepresidente de uno de sus gobiernos y últimamente llevando el asunto, además, al lenguaje del colonialismo del siglo XIX, propio de un acomplejado que todavía no ha superado un severo complejo de inferioridad y presume que el resto de paisanos padecen semejante sufrimiento de sentirse habitantes de una colonia de la metrópoli. En este contexto, es lógico afirmar que si las aguas en lugar de españolas lo fueran de la soberana nación canaria, el petróleo tendría que entrar a formar parte de la riqueza nacional, sin duda.

Pero se ha desaprovechado la coyuntura para exigir cuantas medidas de seguridad sean necesarias para garantizar la nula afección a las costas de un posible derrame, sin tener en cuenta su coste económico para la empresa explotadora de manera que si resultara excesivo y no le fuera rentable asumirlo, desistiera de sus intenciones y renunciara a las autorizaciones, sin mayor problema para el interés general, superior y prevalente al de la empresa. Resulta que las prospecciones podrían haber resultado la excusa perfecta para blindar las costas canarias frente a la amenaza de un derrame, no ya del que pueda provenir de las prospecciones en aguas canarias, sino de un accidente de uno de los muchos barcos que cruzan por las proximidades transportando miles de toneladas de crudo o de los yacimientos que se exploten en aguas de Marruecos, los cuales parece no preocupar al gobierno canario ni a la población cuando ya nos llevan ventaja porque acaban de anunciar que han encontrado petróleo. Desde el punto de vista ambiental se podrían haber logrado la implementación de medidas de protección de las que carece el archipiélago y desde el punto de vista económico también debió negociarse una rebaja impositiva de los carburantes en Canarias, lo cual depende de nuestros gobiernos central y autonómico, que conllevara la reducción del precio de los combustibles siendo de esta manera más competitivos y mejorando el destino turístico al ser visible para los doce millones de turistas precios inferiores al euro el litro de gasolina, lo no visto desde hace mucho en el continente. Y sobre todo el más beneficiado, el habitante permanente.

En todo este tiempo la radio y la televisión canaria han estado promoviendo el NO, voceros de la opinión política que manda, han multiplicado hasta la exageración la adhesión del pueblo canario a la postura oficial, identificando a la sociedad isleña con el no, resultando que las cifras ofrecidas por los medios de comunicación respecto de la última manifestación son absolutamente minoritarias: 10.000 personas en Arrecife y 9.000 en Las Palmas, según La Voz de Lanzarote y Canarias 7, respectivamente. Ejemplo de manipulación de la información en la radio pública canaria el día que informan que Paulino Rivero tachaba de trato colonial la negativa del gobierno de España a las prospecciones enfrente de Málaga. No dijeron que el mismo día ese gobierno autorizó prospecciones frente a las costas de Vizcaya y de Tarragona, provincias éstas también con status de colonias.

Al calor del 9N catalán se le ha ocurrido al gobierno canario convocar una consulta para un día de noviembre con una pregunta que no puede tener sino una respuesta: NO, porque nadie pretende que se renuncie a la principal fuente de riqueza (el turismo) ni empeorar el medio ambiente, consecuencias estas que se sacan de la pregunta formulada si se respondiera afirmativamente, al contraponer este modelo con el de las prospecciones, dando a entender que son incompatibles, lo cual es altamente dudoso además de incierto por cuanto es una expectativa de futuro puesto que no se sabe si hay petróleo, gas o nada. Consulta que tampoco va a celebrarse de momento al haber sido suspendida por el Tribunal Constitucional. Sí llama poderosamente la atención que en un ejercicio de irresponsabilidad y despilfarro público el gobierno de Canarias estuviera haciendo campaña por el NO antes de convocar la consulta. ¿Dónde ha quedado la imparcialidad del gobierno que formula la pregunta? ¿No es el señor Rivero presidente de todos los canarios, tanto de los del sí como los del no? ¿Para qué necesita el gobierno saber la opinión del pueblo si ya ha tomado postura por una respuesta? Si ya tiene la decisión, ¿para que preguntar?

Y todo por el mero hecho de mirar a ver si hay algo, que lo mismo no hay nada que se derrame.