¿Es lícito el derecho de autodeterminación? (II) *

Habíamos dejado pendiente en el artículo anterior el sentimiento de identidad nacional como motivo de ejercicio del derecho de autodeterminación, vamos allá. Este derecho está reconocido en el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que va en línea con la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos, y dice: “Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural”. El problema surge porque choca con otro principio básico del derecho internacional, el de la integridad territorial de los Estados, que se considera fundamental para el mantenimiento de la paz. Así que el único caso en el que se le da validez unánime es en el de los territorios coloniales o sometidos a ocupación extranjera, cuyos habitantes no tienen la nacionalidad de la potencia ocupante y, por tanto, se ven privados no sólo del derecho colectivo de autodeterminación como pueblo sino del derecho individual a poseer una nacionalidad. En el caso de Canadá, una sentencia de su tribunal supremo estableció en 1998 que la secesión unilateral de Quebec no era legal, ni siquiera a partir de un referéndum favorable, porque dicho territorio no estaba bajo control colonial ni en régimen de ocupación, sólo podía hacerse por negociación, y según la ley aprobada por su parlamento (Clarity  Act, 1999), una secesión sólo puede ser legal si se da la doble premisa de una súper-mayoría favorable expresada en las urnas a partir de una pregunta clara y una enmienda constitucional ratificada por todos los ciudadanos canadienses. Se puede ver así que los intereses políticos juegan un papel fundamental en el reconocimiento de la autodeterminación.

El conflicto se plantea cuando un grupo humano mayoritario en un territorio que forma parte de un Estado más amplio se considera a sí mismo como nación y reivindica el derecho a la autodeterminación: surge así un evidente conflicto de intereses políticos y económicos. El caso se ha repetido varias veces en los últimos años, por ejemplo en la disolución de Yugoslavia, y la comunidad internacional no ha adoptado una doctrina coherente al respecto porque no puede haberla. 
La teoría jurídica sobre la que se apoya el reconocimiento o no del derecho de autodeterminación es falsa por interesada. Siempre se recurre a la concepción de qué es un pueblo o una nación para valorar su legitimidad, y es bien sabido que esas son dos cuestiones imposibles de definir. Las naciones y pueblos son realidades multiétnicas y su constitución es compleja y, en ocasiones, fruto del ejercicio del derecho de autodeterminación que se les ha permitido por cuestiones políticas y/o económicas. La realidad es que son los intereses económicos y políticos, que van siempre ligados, los que motivan a un territorio con una cierta capacidad de toma de decisiones a solicitar el ejercicio de este derecho.
En el caso de que una división se realice por acuerdo de dos partes, los nuevos Estados son inmediatamente reconocidos por la comunidad internacional, como ocurrió en el caso de la República Checa y de Eslovaquia, dos Estados surgidos de la antigua Checoslovaquia, pero cuando la independencia se declara unilateralmente no existe unanimidad, como ocurre en el caso de Kosovo, cuya independencia respecto a Serbia ha sido reconocida por la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea, pero no por otros como es el caso de España. Sobra decir cuáles son las razones por las que el gobierno español no quiere reconocer a Kosovo. Y es que, contrariamente a lo que la mayoría de la gente cree, y que muchos difunden falsamente, hay países como Austria, Etiopía, Francia, Portugal, Rusia, Alemania o Suiza (la lista es mayor) que sí reconocen el derecho a la separación.
El jurista Allen Buchanan defiende la integridad territorial como un elemento legal y moral de la democracia, pero admite el derecho a la secesión sólo como último recurso de aquellos grupos humanos que hayan sufrido graves injusticias para las que la secesión resulte el remedio apropiado, pero esta integridad territorial se maneja al antojo del poder dominante en función de sus propios intereses. Por otro lado, si repasamos con rigor los precedentes históricos, los criterios basados únicamente en el Derecho no son válidos por inaplicables. En Bélgica las fuerzas nacionalistas de Flandes renunciaron en 2014 a la independencia por puros criterios económicos; en cambio Escocia y Cataluña están planteando referendos como vía para una posible independencia también por motivos económicos.
Sin entrar en análisis y reflexiones que no conducen a nada más que a la elaboración de una inservible tesis doctoral, los hechos son claros y tercos como una mula: es lícito ejercer el derecho de autodeterminación, y este derecho no es práctica habitual de una “izquierda separatista” a la que con tanta frecuencia se recurre: Marx era centralista, y según escribía Lenin en su tesis de febrero de 1916, “el objetivo del socialismo no es sólo eliminar el fraccionamiento de la humanidad en pequeños Estados y todo aislamiento de las naciones, no es sólo el acercamiento mutuo de las naciones, sino también la fusión de éstas”. Es una evidencia histórica que la separación de las naciones es una práctica del liberalismo occidental ejercida en función de sus cambiantes intereses, y el nacionalismo es una concepción liberal del ejercicio del poder político. Incluso Ludwig von Mises lo defendía, cosa que no hacen feligreses suyos como Rallo, Zafra, Lacalle y sucedáneos.

Las llamadas democracias liberales han utilizado de forma tan malintencionada e interesada el derecho de autodeterminación a lo largo de la Historia que ahora ni ellas mismas saben a qué atenerse. Pero sigue habiendo una excepción, la de aquellos que respetamos los principios de igualdad y no opresión de los pueblos. Si desde el gobierno de España se hubiesen respetado estos principios, tanto en los mandatos del PSOE como del PP, y se hubiese reformado la Constitución para convertir al país en un Estado federal, tanto Euskadi como Cataluña habrían dejado de ser un problema hace mucho tiempo. Al fin y al cabo ninguno de los partidos nacionalistas gobernantes quiere en realidad la separación: lo que quieren es dinero y su parcela de poder. Lo de siempre.
* Artículo original publicado en Nueva Revolución el 20 de septiembre de 2016.