¿Escuela pública o privada?

Cuenta César Bona que hizo las prácticas en "una clase formada por 24 niños, 20 de ellos de etnia gitana, una niña rumana, otra de Marruecos y una niña de Gambia. El absentismo era muy alto y los que iban a clase tampoco parecían muy interesados". ¿Es necesario preguntarse si aquella clase pertenecía a un centro público o privado?

La crisis parece una trama orquestada por multinacionales, bancos y grandes empresas que actúan como elementos activos de la misma con la complicidad de los poderes públicos que, pese a recibir su legitimación democrática del pueblo, suelen decantarse por beneficiar a los poderosos. Los sujetos pasivos, en ocasiones demasiado pasivos, somos los ciudadanos que, miren por donde, pagamos la factura mediante la demolición del Estado Social para beneficio de quienes la propiciaron.

Todo debate entre lo público y lo privado resulta controvertido, pero alcanza un tono especialmente ácido cuando se refiere a la educación, por la omnipresencia de la Iglesia en el ámbito educativo. Aunque existen centros privados laicos, la Iglesia acapara la mayoría de los centros privados financiados con dinero público.

La educación, junto a la sanidad, la dependencia y las pensiones son pilares del Estado del bienestar que, como conquistas democráticas, necesitan ser protegidas de unas organizaciones acostumbradas a confundir derechos con mercancía y negocio con avaricia. La derecha política española, esa que de vez en cuando se dice liberal, pero que gusta socializar las pérdidas y acaparar los beneficios, hace suya las presiones de la Iglesia, por supuesto católica, en defensa de los llamados conciertos educativos para que el Estado continúe financiado su negocio financiero y su empresa evangelizadora.

Con el marco legal de la Lomce y las políticas anteriores a tan controvertida ley, la crisis está sirviendo para convertir la escuela pública en contenedor donde depositar aquello que la privada desecha. ¿Dónde se escolarizan inmigrantes y alumnos de bajo nivel socioeconómico y cultural? ¿Dónde es atendido la mayoría del alumnado con necesidades educativas especiales? ¿Dónde estudian las clases sociales más acomodadas y el alumnado extranjero de países desarrollados?

Los defensores de destinar dinero público a colegios privados, entre otros argumentos, esgrimen la libertad de elección de centros y también que, quienes optan por la enseñanza privada concertada, ya la han pagado vía impuestos. Para garantizar la libertad de elección de centro, bastaría con la convocatoria de becas para que el factor económico del alumnado no impidiera esa libertad de elección. En cuanto al pago de impuestos, simplemente recordar que éstos tienen como fundamento mantener los servicios públicos y las prestaciones sociales. El artículo 31.1 de la Constitución que tanto enarbola y pisotea la derecha más intolerante, establece que "Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos".

Como la mayor desigualdad se produce al equiparar centros diferentes con el mismo rasero, habría que hacerse algunas preguntas más. Por ejemplo, ¿se ubican los centros privados -concertados o no- en barrios marginales? ¿Hay diferente extracción social según el centro sea concertado o público? ¿Dónde se matriculan los inmigrantes procedentes de los países más pobres? También cabría preguntarse por la selección del profesorado, dónde se hace por el sistema de oposición y dónde por libre designación.

La defensa de la enseñanza pública es un mandato constitucional que nos vincula a todos. Atrévete a pensar dijo el sabio; "¡Vivan las caenas!", respondimos.

Es lunes, escucho a John Brown Jazz Orchestra:

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