El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, asegura que “exigirá” el cumplimiento del acuerdo del nuevo protocolo antiaborto.
Desde principios de esta semana, Vox amenaza al PP con romper el Gobierno de Castilla y León. Así lo exponía el pasado martes el secretario general de Vox y presidente parlamentario de dicho partido en Catalunya, Ignacio Garriga, en Cafè d'idees —el magazín de actualidad presentado por Gemma Nierga en La 2— después de que el vicepresidente regional, Juan García-Gallardo, anunciara que “entre las medidas a cumplir está la obligatoriedad de que los médicos ofrezcan a las mujeres embarazadas escuchar el latido del feto o conocer otras cuestiones provida”. Por su parte, Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, advirtió que las medidas antiaborto del partido de extrema derecha no serían obligatorias para los profesionales sanitarios. Y Garriga aseguró que su partido “exigirá” el cumplimiento del acuerdo del nuevo protocolo antiaborto, que “Mañueco se niega a llamar como tal”. Toda la prensa, se afanó por interpretar la política del momento. Juanju Sánchez escribió en Al día: “Leerás interpretaciones diferentes sobre lo que está pasando. Unos te contarán que el PP ha desautorizado firmemente a Vox en su intención de obligar a los médicos de la sanidad pública en Castilla y León (donde ambos gobiernan) a ofrecer a las mujeres que quieran abortar que antes escuchen el latido de su feto, para intentar que se vengan abajo y se arrepientan. Y esa lectura política es correcta. El presidente de Castilla y León salió a decir lo contrario que su vicepresidente: que ‘no se obligará’ ni a los médicos a ofrecer la ecografía ni a las madres a realizársela. Que solo faltaría. Pero luego está la lectura no sobre las palabras sino sobre lo que realmente acabará pasando, que es lo más importante. Y ahí es donde algunos vemos otra cosa: Mañueco dice muy fuerte ‘jamás’ y luego con la boca pequeña, intentando usar palabras que no significan nada, mantiene el fondo de lo que Vox impone: que los médicos puedan recomendar una ecografía 4D, si la mujer expresa ‘inquietud’ sobre su decisión. Lo de ‘inquietud’ son palabras de Mañueco. Y ahora pon toda esa ambigüedad en manos de un médico contrario al aborto, que los hay y muchos, cuando esté a solas con una mujer en la consulta… En el PP nacional están que trinan. No se pueden creer que Vox le haya colado a Mañueco un tremendo gol, sobre el que ahora no saben cómo reaccionar. Feijóo, de pronto, no tiene nada que decir ante un salto cualitativo en la agresividad contra el aborto de un Gobierno presidido por su partido. Y eso que uno de los principales impulsores de la línea dura que apadrina Vox es en realidad una vieja gloria del PP de Aznar: Jaime Mayor Oreja, entre otros”.
El mismo lunes, García-Gallardo, vicepresidente de la Junta, ofrecía información no solo sobre el estado de la gestación, sino sobre otras múltiples cuestiones como la hipertensión. Y, ante el requerimiento del Gobierno de España y el aviso de que acudiría a la Justicia si se aplicasen sus métodos, el vicepresidente autonómico agradecía al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y al consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, la defensa de sus medidas. García-Gallardo habló de “sobreactuación” para “tapar los verdaderos problemas” que tiene España: “Su ineptitud al proteger a las mujeres, con una ley de 'Solo sí es sí' que las ha dejado indefensas cuando Castilla y León se consolida como la región más protectora de los derechos de las madres embarazadas”. El secretario autonómico del PP de Castilla y León, acusó al Gobierno de “traspasar todas las líneas rojas” en las relaciones institucionales, con información “absolutamente falsa”. García-Gallardo insistió en que las mujeres escuchen el latido fetal antes de decidirse… Y justificó ese “ataque” por “electoralismo y venganza” por rechazar “una y otra vez” las políticas socialistas. Por otra parte, el exvicepresidente de la Junta (PP) habló de “chantaje emocional” y “convivencia imposible” con Vox. Y el procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, reclamó la dimisión del consejero y su comparecencia para explicar este “despropósito”. “Alguien va a tener que dimitir: o el consejero de Sanidad o el vicepresidente. Porque si el consejero admite que ha cambiado el protocolo o que se va a cambiar a petición de un partido político sin consultar con las sociedades científicas ni el Colegio de Médicos, tiene que dimitir inmediatamente”, exigió Igea. “La modificación del Código Penal prohíbe taxativamente acosar, chantajear o menoscabar el derecho de las mujeres”, explicó el también exvicepresidente autonómico. “El presidente de la Sociedad Castellano y Leonesa de Ginecología dijo que esto no estaba en el protocolo y que no estaba admitido por las sociedades científicas ni si puede tener algún efecto nocivo si se hace de forma sistemática”, agregó Igea. “No se pueden alterar los protocolos asistenciales a voluntad de un partido político que no pretende mejorar la atención sanitaria, sino provocar una polémica como esta”. Y aseguró que obligar a escuchar el latido fetal “no tiene sentido” porque hasta las nueve semanas lo más probable es que ni siquiera se pueda oír. “El que dice eso no tiene ni idea de lo que se ve en una ecografía 3D a las 8 semanas. Es ignorancia, atrevimiento”, afirmó Francisco Igea.
Las medidas del sistema de salud de Castilla y León (Sacyl) generaron polémica desde su anuncio el pasado jueves, 12 de enero, y llevaron al Gobierno de España a remitir un requerimiento a la Consejería de Sanidad para que se abstuviera de ponerlo en marcha. Como respuesta, la Junta de Castilla y León alegó a través de un comunicado que tenía “plena autonomía” para implementarlo e instó al Ejecutivo a abstenerse de dirigir requerimientos “vulneradores de su autonomía y sus competencias, recogidas en el Estatuto de Autonomía”. El PP de Castilla y León acusó al Gobierno de actuar por “venganza” contra la comunidad, por el “castigo” en las urnas en esta autonomía. “El Gobierno ha traspasado todas las líneas rojas institucionales con una comunicación falsa y faltando el respeto a la soberanía de la comunidad”, expresó a través de un audio remitido por la formación el secretario general del PP-CyL y número dos del partido en esta región, Francisco Vázquez. Según el número dos del PP autonómico, el Gobierno emitió el requerimiento a la Consejería de Sanidad de Castilla y León para “tapar” los “ya doscientos violadores y agresores sexuales beneficiados por la ley del 'solo sí es sí’”. Asimismo, lo acusó de emprender esta medida por mero “electoralismo”. Y subrayó, como el día anterior hizo el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que el Gobierno autonómico “no ha aprobado ningún protocolo que limite los derechos de profesionales y mujeres”. “Al contrario, esto es libertad, algo que da alergia a Pedro Sánchez y a sus socios. Castilla y León cumple la ley y garantiza los derechos de todos. Pedro Sánchez debería centrar el tiro contra los que se saltan la ley y no contra los que somos leales a España”.
Tras el requerimiento oficial, la portavoz del Gobierno central salió en tromba a recriminar a PP y VOX la iniciativa del Gobierno de Castilla y León. Y señaló directamente al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, para que desautorizase las intenciones de sus socios. “Son retrocesos ideológicos de los que no se apartan ni el PP ni el señor Feijoó”, dijo Isabel Rodríguez durante una entrevista en Onda Cero. Denunció que la intención del Gobierno de coalición del PP con la extrema derecha respecto al derecho al aborto “vulnera” la ley, y que por eso es motivo de “alarma” en el Gobierno central. “No vamos a tolerar ni un paso atrás en algo que tanto nos ha costado conseguir a las mujeres”, explicó, insistiendo en señalar a Feijóo por “evadir su responsabilidad” y no pronunciarse en contra de la medida. Igualmente, la ministra de Sanidad también incidió en que el plan de la Junta de Castilla y León “no es admisible conforme a la legalidad vigente”. “La ley establece que, en los supuestos de interrupción voluntaria del embarazo, lo que ha de plantearse a la mujer son los tipos de ayuda a los que puede tener derecho”, recordó Darias, asegurando que “ya sea obligar o instar [a escuchar el latido fetal]” supone contravenir la legalidad vigente. “La Junta no tiene competencia y contraviene los derechos de las mujeres”, remarcó. A través de un requerimiento oficial enviado al Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco, Moncloa pidió a la comunidad “abstenerse de aprobar y aplicar ninguna medida que vulnere o menoscabe” el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Tras el enfrentamiento levantado entre el presidente y el vicepresidente de Castilla y León, el PP y Vox protagonizan un enfrentamiento total. Mañueco desautoriza lo que Gallardo ha repetido sobre un protocolo sanitario aún no publicado. “Va a ser imperativo (...) Si no es obligatorio, no sirve para nada” dice Gallardo. “Ni se obligará a los médicos a nada, ni a las mujeres embarazadas” replica Mañueco. Correcciones que llegan después de que el Gobierno haya mandado el requerimiento y amenace a la Junta con todas las medidas legales. Mañueco explica al Gobierno que “deje de hacer política con lo que no se ha hecho ni se hará por parte de la Junta”.
Las medidas contra el aborto impulsadas por el Gobierno de Castilla y León no son nuevas ni exclusivas de nuestro país. Forman parte de una amplia campaña internacional de la extrema derecha ultracatólica que, desde hace décadas, impulsa una agenda antiderechos. La medida, un supuesto protocolo médico para que las mujeres que quieran abortar tengan que escuchar el latido fetal o realizarse una ecografía en 4D antes de someterse a la interrupción del embarazo, está entre las prioridades en la agenda de los grupos ultras de Estados Unidos, Europa y en América Latina de los que Vox forma parte. “Este lunes —escribe Marisa Kojan en Público—, el Ejecutivo de Castilla y León hacía declaraciones contradictorias. Mientras su vicepresidente (Vox) afirmaba que las medidas se iban a aplicar de forma inmediata y que las mujeres que quieran abortar estarán obligadas a escuchar el latido fetal, el presidente Alfonso Fernández Mañueco (PP) anunciaba que no se obligará a ninguna mujer a someterse a estas prácticas, pero no aclaraba cuál sería la extensión o aplicación de un posible protocolo médico. Lo que está claro es que Vox, con la connivencia del Partido Popular (que ha permanecido prácticamente mudo durante cuatro días), ha colocado en lo alto de la agenda política uno de sus temas favoritos: acabar con los derechos sexuales y reproductivos y el aborto. ‘La experiencia global nos muestra que es una estrategia basada en ideología y no en evidencias, y que lo único que genera es la vulneración a múltiples derechos humanos como el derecho a la salud, la vida, la autonomía y a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes; el incumplimiento del Estado frente a sus obligaciones internacionales y somete a las mujeres a situaciones que pueden ser consideradas tortura’, afirma la abogada y experta en derechos sexuales y reproductivos, Ximena Casas. Tal como explican otros, esta campaña global va contra los derechos sexuales y reproductivos, pero también contra la población LGTBI y la educación sexual, y se expandió en el 2005 a nivel internacional, aunque cogió más fuerza y coordinación desde el 2010 y 2011. ‘Estos objetivos siempre se repiten en todos los países con mensajes adaptados a cada contexto. Por ejemplo, Hungría implantó hace ya un tiempo por decreto ley que las mujeres que quieran abortar obligatoriamente tienen que hacerse una ecografía para oír el latido fetal. En España esto no se puede hacer por ley, pero lo intentan a través de un protocolo médico’, afirma a Almudena Rodríguez, responsable de incidencia política de la Associació de Drets Sexuals i reproductius de Catalunya”.
Marisa Kojan insiste en la existencia de una constelación de distintas organizaciones que empujan este retroceso en los derechos de las mujeres. Las más potentes hasta el momento han sido las nacidas en Estados Unidos, que con el impulso de Donald Trump en la Casa Blanca tuvieron un amplio empuje. Sobre todo, hacia América Latina y Europa. “Entre las más conocidas figura el Encuentro Mundial de las Familias, una cita que se repite cada dos o tres años en distintos países, principalmente donde quieran producir un cambio. El pasado año se celebró en México y fue ampliamente divulgada por los medios de comunicación, por haber llevado a personajes públicos como Tamara Falcó, a la que diversos medios entrevistaron… En España, existen diversas organizaciones implantadas desde hace años. Las más conocidas y activas son Hazte Oír, Citizen Go (su brazo de campañas), Abogados Cristianos y One of Us, instalada en Europa y que dirige el político español Jaime Mayor Oreja. A nivel internacional hay diversas organizaciones bien coordinadas y financiadas que tienen su sede en Estados Unidos pero que, desde hace años, han empezado a extender sus tentáculos hacia Europa. Es el caso de ACIF International que tienen representación en Bruselas, Estrasburgo y otras capitales de Europa. Se trata de una organización similar a la española Abogados Cristianos cuyo objetivo es hacer lobby y acciones contra los derechos sexuales y reproductivos. Otra de las más activas y con muchos fondos es European Center for Law and Justice, una de las organizaciones clave en la derogación del Supremo de EEUU del derecho al aborto. En los últimos años se ha extendido por Europa la organización norteamericana que impulsó las políticas de escucha del latido fetal como instrumento de lucha contra el aborto. Es HeartBeat International, que tiene miles de oficinas repartidas por todo el mundo, especialmente en América Latina. En los últimos años se ha expandido por Europa; en España, tienen diez oficinas en diversas provincias bajo distintas denominaciones”.
Benjamín Prado puso en evidencia la afinidad ideológica de Vox a través de una imagen de Juan García Gallardo, vicepresidente de la Junta de Castilla y León en un gobierno de coalición entre el PP y su formación de extrema derecha. “Durante el pasado domingo —cuenta ElPlural.com —, las redes sociales han difundido una fotografía del número dos de Alfonso Fernández Mañueco en una concentración motorista organizada en Valladolid. ‘García-Gallardo publica un vídeo con su paso por Pingüinos. En él sale charlando con un hombre que luce la Cruz de Hierro en su chaqueta’, escribe un usuario en Twitter para poner el foco sobre este elemento plasmado en la vestimenta de uno de los acompañantes del político de Vox. ‘Pongo la foto de la derecha para quien no reconozca este símbolo’, añade para adjuntar la imagen de una condecoración de cuya tela cuelga un broche con dicho objeto. Pero la intención de este mensaje en la red social con el fin de poner atención sobre este elemento se focaliza en el centro de la Cruz de Hierro, donde se muestra una esvástica nazi. Además, en la parte baja del símbolo se sitúa una inscripción con el año 1936, fecha en la que la Segunda Guerra Mundial se encontraba en su pleno apogeo.
Ante esta imagen de García-Gallardo, Benjamín Prado no se ha quedado callado y ha dado su opinión en Twitter para confirmar la evidente afinidad ideológica de Vox con algunos grupos antidemocráticos e incluso admiradores del régimen totalitario de la Alemania nazi. “Son lo que parecen, lo que todo el mundo sabe y el PP de las Ayusos y Feijóos niega”, ha expresado el escritor a través de su cuenta de Twitter lanzando también una pulla al PP por sus pactos con el partido de extrema derecha. “Neonazis”, remata Prado su frase anterior mediante este adjetivo para calificar la ideología antidemocrática con la que Vox se relaciona. “Estúpidos, ridículos, grotescos o lo que se quiera, pero neonazis”, se reafirma el novelista y poeta sobre el carácter contrario a los valores democráticos de los vínculos del partido de extrema derecha. De hecho, algunos exdirigentes de Vox ya han revelado públicamente en medios de comunicación, como en ‘Salvados’, el programa de televisión de La Sexta, que la formación presidida por Santiago Abascal posee militantes con ideología neonazi entre sus filas. Por ejemplo, el excoordinador del partido de extrema derecha en Barcelona destapó que la dirección nacional reclutaba a neonazis por indicación del propio Abascal: “Lo hicieron por la financiación”.
Durante cuatro días existió un protocolo contra el aborto en Castilla y León del que el Partido Popular, ahora, reniega. “El jueves, tras una reunión (del Consejo de Gobierno de CyL), se llegó a un acuerdo que se plasmó en una nota de prensa”, defiende el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros. Esa nota de prensa, cuya literalidad se refiere “a la elaboración e implantación de un protocolo de latido fetal”, es el único rastro que hay por escrito de las medidas pactadas por los populares y la extrema derecha. Lo firma la Consejería de Sanidad, del PP, y todavía sigue publicado en la web oficial de la Junta a pesar de que Alfonso Fernández Mañueco dijera el lunes que “en ningún caso, se actualiza el protocolo de las mujeres que se someten a una interrupción del embarazo”. Amanda García así lo cuenta en Público: “Cuando Mañueco hablaba, en una declaración institucional sin preguntas, sabía que en la planta noble de Génova le escuchaban con atención. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, le había empujado a frenar públicamente la polémica. Pero lo cierto es que más allá del ruido, la nota de prensa remitida por la Consejería se refiere a la ‘implantación’ de un protocolo. La Real Academia de la Lengua Española define implantar como ‘establecer y poner en ejecución nuevas doctrinas, instituciones, prácticas o costumbres’. Así, es inapelable que el acuerdo en la Junta de Castilla y León para un nuevo protocolo con medidas antiaborto, a las que la extrema derecha se refiere como ‘provida’ y que el PP enmarca dentro de un plan para el fomento de la natalidad’, existió. Tan inapelable como que el sábado, 14 de enero, enredado ya en una polémica que salpicó a Génova, Mañueco no solo no negó el protocolo, sino que lo enmarcó en la línea de lo que ‘se viene aplicando desde hace varios meses y años’. Corrigió, eso sí, a su vicepresidente y aseguró que no iba ser obligatorio sino voluntario para las mujeres. Hasta este lunes lo que se sabía era que, según Juan García-Gallardo, se iba a obligar a los médicos a ofrecer escuchar el latido fetal a las mujeres que quisieran abortar. Y según Fernández Mañueco, ‘la mujer que solicite lo podrá escuchar’. A pesar de las evidentes explicaciones confusas, Gallardo aseguraba con rotunda claridad que el protocolo existía y Mañueco lo asumía. ‘La nota de prensa confirma la existencia del acuerdo con el consejero del PP e insistir en negarlo es inútil’, señala a Público un destacado miembro de la Junta de Castilla y León”.
Pero con la misma rotundidad con la que García-Gallardo exige la aplicación de ese protocolo, en Vox niegan conocerlo. “No lo hemos visto”, aseguran desde la dirección del partido ultra. En el PP tampoco nadie de las muchas fuentes consultadas afirma haber tenido acceso a otro texto que no sea la nota de prensa en la que se anunciaron las medidas. Ni siquiera el vicepresidente de Vox que anunció el protocolo el jueves fue capaz de explicarlo con claridad y acabó por justificar que no sabe “mucho de embarazos”. El “esperpento”, califica otro dirigente de la Junta, continúa. Porque Vox no parece dispuesto a dejar el acuerdo en un cajón y presiona al PP para que asuma lo pactado. “Yo confío en que la orden salga en los términos en los que se ha aprobado y no se le dé más vueltas al asunto”, dijo el martes desde el Congreso de los Diputados Espinosa de los Monteros. Casi al mismo tiempo, Núñez Feijóo aseguraba en una entrevista en TeleMadrid que “el Gobierno de Castilla y León no va a modificar el protocolo de atención a la mujer embarazada”. Hasta el lunes lo que se sabía era que, según Juan García-Gallardo, se iba a obligar a los médicos a ofrecer escuchar el latido fetal a las mujeres que quisieran abortar. Y según Fernández Mañueco, “la mujer que solicite lo podrá escuchar”. A pesar de las evidentes explicaciones confusas, Gallardo aseguraba con rotunda claridad que el protocolo existía y Mañueco lo asumía. “La nota de prensa confirma la existencia del acuerdo con el consejero del PP e insistir en negarlo es inútil”, señala a Público un destacado miembro de la Junta de Castilla y León. Ana Sánchez, secretaria de organización de los socialistas en la región, asegura que Feijóo y Mañueco son rehenes de la extrema derecha. “Conocemos de su cobardía y Feijóo no va a venir a Salamanca a dar la cara a hablar de las primarias de Mañueco investigadas por presunto fraude”, señala tras responsabilizar al presidente del PP de avalar el pacto de gobierno de Mañueco con la extrema derecha. Por su parte, el secretario general del PSOE de Salamanca y diputado, David Serrada, incidió el jueves pasado en que el viernes lo único “que cabía esperar era que Feijóo acudiese a dar las explicaciones que le pedía la justicia. Dijo que iba a colaborar y lo único que ha hecho el PP ha sido presentar recursos para entorpecer todo lo posible la investigación e intentar que prescriba”, criticó Serrada, quien aseguró que ha quedado demostrado que en las primarias del PP de Salamanca se hicieron trampas y que de esas primarias fraudulentas “tenemos el peor presidente y el peor gobierno de CyL”. Resumiendo, que la Junta de Castilla y León sigue sin responder por escrito a Moncloa sobre cuáles son exactamente sus planes sobre el aborto tras los anuncios de su vicepresidente, de Vox, luego desautorizados, pero no tanto.
La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Evelyn Regner, cargó este miércoles en la Eurocámara contra el plan antiaborto de Vox en Castilla y León, calificando el protocolo del que ahora reniega el PP de Alfonso Fernández Mañueco de “manipulador y condescendiente” con las mujeres. “Lo que está ocurriendo en Castilla y León nos concierne a todos. Recuerda a la Hungría de Orbán. Es inaceptable”, argumentó la política austriaca e integrante del Partido Socialdemócrata del país. Además, señaló que el protocolo defendido por el vicepresidente Juan García Gallardo es una medida “con efectos drásticos sobre la vida de las mujeres y que provoca miedo y coacción”. Regner defendió que este tipo de planes no hacen “que haya menos abortos”, sino que se realizan más interrupciones del embarazo “peligrosa” Y sentenció que “Vox juega con la vida de las mujeres y también los partidos políticos conservadores”. La mandataria defendió que “España ha conseguido avances para las mujeres, como que el aborto sea “una auténtica decisión voluntaria”. Regner finalizó: “Quiero que cada mujer en España, como en cada país europeo, sepa que ella y solo ella puede decidir sobre su cuerpo”, tildando la medida de Vox de “ataque a los derechos de la mujer”, ya que una mujer solo es libre si puede decidir si abortar o no sin “restricción” y sin contar con ningún tipo de “presión psicológica y exterior. Si se le enseñan fotos del feto y tiene que oír el latido de su corazón, esa mujer no es libre”.
“PP y Vox: el aborto que viene” titula en Público David Torres, advirtiendo que PP y Vox es lo mismo, pero no es igual, ya que el primero ha pasado por el aro de diversas capitulaciones históricas, desde el divorcio al matrimonio homosexual sin olvidar el aborto, mientras que el segundo prosigue una espiral retrógrada pisoteando derechos elementales sin más salida que un viaje en el tiempo hacia el pasado, a la Contrarreforma probablemente… “Diferenciar entre Vox y PP está difícil, en primer lugar porque el líder de Vox, Santiago Abascal, y varios diputados más proceden directamente del PP, y en segundo lugar porque si sumas los 52 diputados de Vox con los 88 del PP te viene a salir una mayoría de José Mari Aznar poco más o menos. No van a arruinar la posibilidad de echar a la calle a Pedro Sánchez y su gobierno filoetarra por unas cuantas discordias sin importancia, pero esta semana se están oyendo los primeros latidos del feto de la alianza entre la derechita cobarde y la ultraderechita holgazana y el ritmo suena medio chungo, como a canción de Shakira. Sería una pena, además de un desatino, que la coalición nacional entre PP y Vox empezara con un aborto y terminara con un divorcio antes de una boda anunciada a bombo y platillo. De momento, Feijóo está haciendo todo lo posible para distanciarse de sus futuros socios de gobierno, esos mismos con los que el PP gobierna en varias comunidades y de los que a menudo no quiere saber nada excepto a la hora de poner el cazo. Ya está acostumbrado a las amistades peligrosas desde aquella foto en que lo pillaron compartiendo yate con un narco gallego y consiguió que sus votantes pensaran que lo acababa de pescar en la ría junto a dos kilos de percebes. De hecho, Feijóo salió indemne de la foto: el que salió jodido fue el narco, que no levanta cabeza desde entonces. En la concentración de este sábado en Cibeles, convocada por diversos colectivos civiles contra Pedro Sánchez, Feijóo renunció a asistir para que no lo confundan con Santiago Abascal, Iván Espinosa de los Monteros y otros insignes barbudos de ultraderecha, del mismo modo que aquel revolucionario mexicano empujaba a un compadre ataviado con unos bigotazos enormes en el momento de hacerse una foto: ‘Apártese, no vayan a pensar que ese bigote es mío’”.
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